Como lo temía, los medios de comunicación posaron su lente y sus cubrimientos sobre la demolición, pero no sobre lo que posiblemente hubo detrás de ella. Fue por eso por lo que, en su momento, realicé esta corta investigación, pero no la publiqué… Y no quiero dejar esta columna en mi carpeta de Pendientes.
Resulta que los estudios técnicos determinaron que la demolición no podía ser mediante implosión porque había varias viviendas y locales comerciales a solo centímetros de la construcción. Por eso, la administración de León Mario Bedoya lanzó una convocatoria para demoler la estructura, pero mediante tecnología robótica y demolición mecánica controlada a fin de evitar daños en estructuras vecinas, todo lo cual guardaba mucho sentido.
Esta convocatoria la ganó una empresa llamada JOLA S. A. S., que en la licitación compitió con Depósito de Materiales de Segunda Fredy Posada S. A. S. (en los documentos oficiales de la alcaldía omitieron el “de segunda”) y Excavaciones Vulcano S. A. S. La administración afirmó que JOLA era la que más experiencia tenía, pero en realidad JOLA solamente había realizado unas tres demoliciones controladas, según me contó su representante legal hace unos días. Por su parte, por ejemplo, Vulcano había realizado unas diez demoliciones, de acuerdo con esta empresa. Aun así, el contrato se le adjudicó a JOLA por un valor de 1.438.905.699 pesos.
La dirección de la oficina o sede central de la empresa contratada es residencial; de hecho, es un tercer piso de algún edificio residencial del municipio de Itagüí, como consta en el contrato. Una empresa con semejante recorrido e intervenciones presentadas en su propuesta ¿no tiene oficina? En su momento, mientras se llevaba a cabo la demolición, me comuniqué con el teléfono móvil que aparece en la página de Facebook y, al solicitar la dirección de la oficina, el representante legal sugirió que me pasara por el “campamento”, que todo su personal lo tenía ocupado en ese proyecto Babilonia. Evadió la solicitud de la dirección de la oficina porque, según él, estaba en una reunión y pidió que lo llamara más tarde.
Y aun con la experiencia que decía tener JOLA, intentó incumplir una de las cláusulas del contrato: en el proceso de la demolición, ningún personal podía ingresar al edificio por los riesgos que ello representaba. ¿Sería por la inexperiencia que intentaron incumplir? ¿Improvisaron? La demolición fue suspendida durante un tiempo por esa razón (ver nota)... de suerte, todo salió bien y no ocurrió ningún percance.
Otra cosa de no menor importancia que me llamó la atención es que una empresa de tal experiencia, profesionalismo y presunto recorrido debería, por lo menos, tener un buen branding, aunque ello no sea obligatorio. Digo esto porque su página de Facebook tiene algunos detalles que llaman bastante la atención: la página se creó en el 2018, tiene solo 49 Me gusta (ver), tiene pocas fotos y en menos de un año cambiaron de logo (ver). Además, su última publicación fue el 19 de abril de 2020 y no es sobre obras civiles, sino sobre una cabina de desinfección hecha con una lona de la empresa y tubos de PVC (ver).
Si es una empresa de amplia trayectoria y experiencia, en pleno 2021, ¿dónde está el registro fotográfico y la acogida en redes sociales? Tampoco tienen página web ni hay evidencias de obras significativas. Es más, tienen pocos videos en sus redes: el destrozo de una acera de barrio, dos en donde se ve lanzamiento de cemento, y algunos videos sobre el desmonte de Babilonia (ver). Sin embargo, en la propuesta que hicieron a la alcaldía aparece buena cantidad de obras que presuntamente realizaron en diferentes partes de Antioquia (algunas de las obras en las que JOLAS habría intervenido: foto 1 – foto 2 – foto 3 – foto 4).
Su representante legal me dijo que tienen 22 años de experiencia en obras civiles. Sin embargo, según búsquedas realizadas, esta empresa se matriculó ante la Cámara de Comercio en 2016. El representante me comentó que hace 6 años es empresa, pero que como ingeniero sí tenía 22 años de experiencia. ¿Por qué, si ya había realizado obras importantes como las que se muestran en su propuesta, apenas se matricularon como empresa en el 2016? (). El dueño me afirmó que antes de 2016 los contratos los firmaba desde otras empresas.
Queda el manto de duda.
También hay cobros curiosos en la cotización que propusieron y que aprobó la alcaldía de León Mario Bedoya: el manejo de tránsito y señalización temporal costó 18.252.000; el uso de un dron para filmar el procedimiento, junto con su respectiva edición y entrega costó 21.375.000; o el sistema de monitoreo y cámaras de seguridad, que costó 30 millones redonditos (ver tabla de cotización).
No queda de más mencionar que el contrato comenzó a operar el 24 de mayo, con fecha de finalización del 23 de julio. Sin embargo, todo terminó a mediados de septiembre de ese mismo año 2019.
JOLA incumplió desde su forma de operar y desde los tiempos. El secretario jurídico de ese entonces, Óscar Darío Muñoz Vásquez, tan lúcido y capaz que hoy repite en esa cartera, ¿qué sanciones adelantó en contra de JOLA por esos incumplimientos? Durante esos tiempos en los que JOLA no finiquitó adecuadamente el proyecto, ¿quién pagó las pérdidas económicas de Almacenes Éxito y demás almacenes y fábricas aledaños que permanecieron cerrados durante esos tiempos? ¿Pagó JOLA o pagamos los itagüiseños?
Adenda: entretanto,
