Resulta razonable afirmar que hoy, los grandes gremios económicos tienen más poder que los propios Estados. Por las dinámicas globalizadas de desarrollo, se han generado unas lógicas por fuera de los espacios democráticamente constituidos para llevar a cabo los procesos de toma de decisión.
Son los banqueros, empresarios, especuladores e inversionistas quienes toman las decisiones más determinantes en la forma como nos relacionamos socialmente, relegándole al ciudadano un papel pasivo, como domesticado consumidor, alejado de su zóon politikon, es decir, su ser político.
La política en ese sentido responde, cada vez con mayor evidencia, a intereses externos de los que devienen propiamente de la ciudadanía, cayendo ya hace mucho tiempo en una crisis del sistema tradicional de democracia representativa a nivel global.
La etimología del término democracia proviene del griego dḗmos, «pueblo», y Krátos, «poder», lo que podría traducirse en el “poder del pueblo”. La raíz de la democracia se fija sobre la capacidad de conservar la titularidad del poder, es decir, la capacidad por parte de la ciudadanía en poner límites a quien administra. Por tanto, y contrario a populares interpretaciones de lo anterior, la democracia está basada en la capacidad de disenso, no de consenso.
Por lo anterior se asume que, la calidad de un sistema democrático se mide por la cantidad de disenso que este pueda albergar.
La lógica de mercado y la lógica de la democracia tienen vías en rumbo de colisión, pues el mercado global se impone frente a las capacidades reales de la sociedad civil por discernir y decidir sobre la agenda pública. La soberanía está dejando de residir en las personas y empieza a depender de las cosas.
Es evidente la insuficiencia de la democracia representativa a nivel global por su incapacidad de responder ante las problemáticas actuales que amenazan sus principios fundamentales. Asistimos pasivamente a un proceso de incremento desvergonzado en materia de desigualdad, no exclusivamente de la riqueza, sino además en el acceso al ejercicio de poder.
Hay una tergiversación en la comprensión de la política al identificarla con una competencia de organizaciones profesionalizadas, dícese partidos políticos, que operan como élites en la toma de decisiones. Dicha competencia partidista se asemeja cada día más a una competencia entre gremios económicos, privados, que a la deliberación y capacidad emancipatoria y reivindicativa de organizaciones sociales en el ejercicio de lo público.
Un mecanismo institucional que no sólo no puede responder al incremento de la desigualdad, sino que lo exacerba, debe sin duda ser corregido.
El ejercicio de la democracia no puede limitarse al derecho a elegir, sino a deliberar y participar abierta y constantemente en una agenda pública que se centre en problemáticas y coyunturas igualmente públicas, por encima y en control de las privadas.
