Cuarenta y ocho horas antes de que abran las urnas para que los electores renueven el Congreso Nacional uno no puede hablar de resultados. Salvo, quizás, uno muy importante: que tras la jornada, todo seguirá tal cual. El domingo 8 de marzo, pasado mañana, se confirmará que los colombianos viven en una democracia estándar. Explico.
El mundo ha estandarizado en primer lugar un formato o modelo de país que llamamos estado nacional. Al momento de su fundación, en octubre de 1945, la ONU tenía 51 países miembros; hoy 193. Entonces pesaba mucho el bloque latinoamericano; ya no. El gran proceso de descolonización significó la creación de un número, inimaginable en 1945, de nuevos estados nacionales independientes, en el formato requerido.
Si uno quisiera entender el asunto en una perspectiva más amplia habría que remontarse muchos siglos atrás. Pero, para mis propósitos del momento, baste decir que Estados Unidos es el modelo de una de las capas del estado colombiano: el político-constitucional. El discurso que lo describe se forjó en plena guerra fría y se exportó, también con patente y forma estándar, a través de los departamentos de ciencia política. Sin embargo, su funcionamiento se entiende mejor siguiendo la trayectoria de Frank Underwood.
Con algunas adiciones y correcciones, ese discurso es dominante en muchos lugares y, claro, en la prensa y la academia colombianas. El modelo es pluralista, republicano, cívico, popular, representativo, presidencialista, manteniendo los balances de las tres ramas independientes pero armónicas del poder público. Aunque Colombia es nación centralista, ha adoptado, desde los años ochenta del siglo pasado, modalidades federalistas (políticas, fiscales, administrativas) y en busca de equilibrios ha enriquecido la aritmética de la representación proporcional.
La gente pragmática que manda en Colombia, puesta a escoger entre estabilidad y maximización democrática, optó por la primera. Durante la guerra fría lo hizo con el estado de sitio y, recientemente, con mecanismos más refinados de “seguridad nacional” que enmascaran mejor y aparecen compatibles con “el imperio de la ley”.
Ni las guerrillas, el enemigo del sistema, ni el narcotráfico, que ha carcomido las entrañas de la política electoral, lograron desestabilizar seriamente el modelo; ni siquiera en momentos de muy baja legitimidad de los gobiernos, como fue el caso de la presidencia de Samper.
Pese a la enorme desconfianza ciudadana frente a los políticos, más o menos la mitad participa. Ya dijimos que una porción lo hace por incentivos de ley y otra recibiendo incentivos contra la ley. Y además que muchos votan gracias a un desmesurado patronazgo estatal que se refleja estadísticamente en la ventaja de los presidentes que buscan la reelección.
Los medios son decisivos; la radio, la televisión y la prensa escrita construyen narrativas públicas que clasifican a los políticos nacionales y locales. En la medida en que penetran en las conciencias, producen imágenes en espectros de “corrupción”, “violencia”, “populismo” o sus contrarios: “decencia”, “tolerancia”, “responsabilidad”. Por supuesto que en muchas narrativas, particularmente en las locales, esos vocablos pueden ser puros insultos y descalificaciones en regla. Pero todo eso ocurre en cualquier modelo estándar de democracia electoral.
Las maquinarias partidistas funcionan razonablemente. El balance de los paquetes legislativos aprobados en el Congreso que se va es positivo: la ley de víctimas, el marco para la paz, congruente con la política central del gobierno de Santos: alcanzar un pacto en La Habana (luego vendrá el turno del ELN) y avanzar hacia la pacificación de la sociedad. La idea aquí, nuevamente, no es maximizar la democracia sino estabilizarla en un nuevo piso que se presenta a la ciudadanía como el más compatible con el crecimiento económico.
En estos modelos constitucionales puede haber sorpresas y dan lugar a modas, como la actual del voto en blanco. En Estados Unidos, por ejemplo, el funcionamiento adecuado de los partidos —de cara a sus electores, dentro de la mecánica del propio Congreso y frente a la Casa Blanca— es la base de la estabilidad. Partidos laxos comparados con los de los regímenes parlamentarios europeos, claro está. Pero en Colombia, como muy bien lo ha dicho Javier Duque Daza, los actuales partidos colombianos son efímeros, desechables y reciclables. A mi juicio, el personalismo acentuado de la política colombiana, cristalizado en el tarjetón, lleva a que el elector no vote por partidos sino por candidatos. Cada uno juega en un sálvese quien pueda, comenzando por ingeniárselas para conseguir las enormes cantidades de dinero que demanda toda campaña electoral.
El cambio más importante de las elecciones de 9 de marzo será qué efecto tendrá el aumento del umbral, del 2% al 3%, en los partidos pequeños, muy diferentes entre sí. Algunos tienen maquinarias centralizadas, como el Polo y otras como los Verdes, son una colección de oportunistas; calificativo sin carga moralista porque en elecciones estándar todos, votantes y votados, hemos de ser oportunistas.
