Aunque el artículo 419 del Código Penal Colombiano --que prohibía las relaciones homosexuales-- fue derogado en 1980, parece que la homosexualidad sigue siendo un acto condenable por la sociedad y la opinión pública. El reciente caso que involucra a altos mandos de la Policía Nacional de Colombia y a Congresistas en una supuesta red de prostitución masculina, donde acosaban a miembros de la Policía para obtener favores sexuales a cambio de ascensos dentro de la institución, es un caso más que devela los niveles de corrupción que hay dentro de ésta, que además tienen otros casos de corrupción, tráfico y venta de armas, asesinatos y persecución a la prensa.
Sin embargo, el caso que hizo que renunciara un viceministro, el jefe de la policía y una periodista, fue un escándalo sexual relacionado con la orientación sexual de uno de los implicados. Los casos de corrupción pasaron desapercibidos, pero ser gay no. Eso no lo perdonó la sociedad que se burló nacionalmente de la condición sexual del exjefe de la Policía, pero no le exigió la renuncia por el grave caso que enfrenta ante el incremento de su patrimonio, persecución a la prensa y la existencia de esta red de trata de policías dentro de la institución.
El hecho es grave, ya que nos enfrentamos a un caso, quizá único en el mundo, donde la Policía de un país organiza una red de trata de hombres al interior de la institución para satisfacer los gustos de altos mandos y de parlamentarios, en medio del secreto y el cinismo. Lo que destapó este escándalo es la doble moral de los políticos y la fuerza pública, sobre todo de esta última que es una institución que se levanta como símbolo de la masculinidad patriarcal. “Dios y Patria” es el lema de una policía conservadora, antiinsurgente y heteronormada.
Aunque los fetiches alrededor del uniforme policial en el mundo gay son extendidos, la imagen del policía homosexual desató el morbo de toda la sociedad que no puede aceptar ver cuestionada la masculinidad de su fuerza pública. La Policía es una institución que reproduce el modelo de masculinidad de una sociedad patriarcal y la manera en cómo ha afirmado su masculinidad, ha sido violentando aquello que no cabe dentro del orden heteronormado. Los principales violadores de DDHH de las personas LGBTI en Colombia es la fuerza pública. La policía, según el informe de memoria histórica del CMH, es quien comente las mayores violaciones de DD.HH contra mujeres trans.
El escándalo ante la red de prostitución masculina llamada amarillístamente Comunidad del Anillo cimbreó la moral del país y demostró que aún somos una sociedad supremamente homofóbica. Ahora la institución quiere limpiar su imagen para seguir siendo un modelo de masculinidad heterosexual, o sea una institución de machos, con jerarquías rígidas de poder, violenta y disciplinada, como si ser homosexual fuese una mancha, una mancha excremental, en el uniforme de la distinguida Policía Nacional.
La Policía Nacional debería preguntarse qué tipo de hombre está forjando, ¿acaso los policías no pueden ser homosexuales? ¿acaso los policías no tienen un cuerpo que siente y desea cuando se quitan el uniforme? Más allá del escándalo que tumbó cabezas de altos mandos, el caso de la “Comunidad del anillo” develó que el poder policial también mariquea, también le gusta explorarse el culo, también dan besos negros, pero lo más triste de todo, que es más condenable eso que ser un criminal. El día que ser homosexual no sea una causa para condenar a alguien, ese día sentiré que los derechos de todas las personas no heterosexuales en Colombia se están cumpliendo.
