El juez Ernst Janning ya sentenciado por el Tribunal de Núremberg al despedirse de su juzgador norteamericano Haywood le dice “lo siento, no sé en qué momento empezó este horrible holocausto”, y el juez norteamericano le respondió “con el primer muerto inocente condenado por ustedes”.
Retomando esa escena, podemos preguntarnos en qué momento empezó toda esta corrupción, encontrando que en buena medida inició cuando se permitió “en sus justas proporciones” y no hicimos nada por detenerla, ni los jueces, ni lo que hemos denominado la sociedad civil, incluidas las facultades de derecho y academias de jurisprudencia y los medios de comunicación.
El narcotráfico nos trajo un modus operandi aceptado por una mayoría de la sociedad: hacer la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible. ¿Cómo se facilitó esta conducta? Pues alimentando la separación de los principios éticos y humanistas del derecho y la justicia, los recortes presupuestales, fundamentalmente a las universidades públicas, la supresión de facultades de humanidades y la eliminación de estas áreas, principalmente en las facultades de derecho.
Los gobiernos de turno iniciaron la venta de las grandes empresas productivas estatales a personas y entidades en su mayoría extranjeras, dentro del proceso de globalización –capitalismo salvaje—, no bastándoles a los inescrupulosos estos dineros, sino que a la par aumentaron la deuda externa y, como dice el dicho, esa platica se perdió, nos quedamos sin collar y sin el perro pero con una gran deuda y una corrupción desbordada.
A la vez, se fueron creando entidades voluminosas e improductivas que no sirven para nada, como lo son las superintendencias, curadurías, entre otras.
Bastaría ver grandes casos de corrupción: Dragacol, Foncolpuertos, Chambacú, Reficar, Interbolsa, Transmilenio-calle26, Agro Ingreso Seguro, Salucoop, Coomeva, Caprecom, Odebrecht, sumados los actos de corrupción de varios magistrados como Pretel y cia., falsos positivos, cartel de pensiones, etc. Según analistas, el país pierde aproximadamente 50 billones de pesos cada año por estos delitos y la justicia y entidades de control y vigilancia beneficiándose de estas conductas.
Ver: Los escándalos de corrupción que más han robado a los colombianos
En la década de los setenta del siglo pasado, un Magistrado del Tribunal Superior de Bogotá denunció que recibió una llamada de un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia Sala Penal para averiguar por un proceso, el Magistrado doctor Barrera Domínguez no soportó la mirada recriminatoria de sus compañeros y renunció de manera irrevocable y, posteriormente, fue defensor de Pablo Escobar.
Con la constituyente del 91 se le dio a la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado facultades para incidir en la elección del procurador, del fiscal General, del contralor General y del auditor General de la Nación con el convencimiento de la rectitud de sus magistrados, la independencia de la justicia respecto de la rama ejecutiva y legislativa del poder público. Igualmente, se le asignó la investigación de denuncias contra los congresistas y a estos el de los altos magistrados, con las consecuencias que estamos viendo hoy en día: se dedicaron más a las intrigas y componendas que a administrar justicia.
Solo se comenta de la Sala Penal, pero de la salas Civil y Laboral qué.
Mi padre hace varios años me contó que en una época las ratas empezaron a multiplicarse en Bogotá y el gobierno alarmado importó del Brasil unas ratas blancas, que decían se disputarían el territorio con las negras y se matarían entre sí, de esta manera las reducían y solucionaban en parte el problema; pero ocurrió que, al poco tiempo, empezaron a salir ratas pintadas de blanco y negro.
Esta relación entre los tres poderes –ejecutivo, legislativo y judicial— por falta de independencia, ética y principios humanistas, desbocó en una corrupción sin límites, que afecta derechos fundamentales de la población. Además, tiene consecuencias nefastas para la población más vulnerable como lo son los niños que mueren por falta de alimentos en la Guajira y el Cauca, los enfermos que por falta de atención o medicamentos mueren a las puertas de los hospitales, los jóvenes por falta de recursos no pueden estudiar y buscar una vida digna.
¿Y nos seguimos preguntando hasta cuándo?
Una reforma para tratar de frenar este flagelo tiene que pensar no solo con mecanismos eficaces como lo son evitar que las altas cortes tengan facultades de nominar y nombrar altos cargos del Estado y ser jueces de congresistas, sino que debería contemplar que los delitos de corrupción sean declarados de lesa humanidad, por ser violatorios de los derechos fundamentales y, por lo tanto, imprescriptibles.
Estoy plenamente de acuerdo con revocar todas las Cortes y Consejo de Estado, como lo han propuesto prestigiosos abogados y el diario el Espectador hace un tiempo en una editorial, pues el tiempo pasa y…
Ver: Revocatoria en las altas cortes
Al Magistrado Ricaurte lo enviaron al hotel cinco estrellas construido para altos funcionarios del Estado, mientras que su hermano el narcotraficante debe estar en una cárcel normal, lo que significa que es mejor delinquir como funcionario del Estado, por las garantías y prebendas que tienen. Esto también tiene que cambiar, todos los delincuentes deben tener el mismo trato.
Ver: Inminente entrega de exmagistrado Francisco Ricaurte a la justicia
