Isagén, una de las últimas grandes empresas con mayoría de capital público, ha sido privatizada. Con esta arbitraria decisión, el presidente Juan Manuel Santos actúa igual que los gobiernos de los últimos 25 años; fieles neoliberales y privatizadores del patrimonio público. ¿O fue diferente la política económica de los últimos gobiernos (Barco, Gaviria, Samper, Pastrana y Uribe)?
La venta de Isagén, el anuncio del paquetazo tributario que significará un aumento del impuesto al IVA del 16% al 19% y el irrisorio aumento del salario mínimo que decretó el Gobierno, han provocado un malestar general en millones de ciudadanos generando un clima de inconformidad en amplios sectores de la población que ha empezado a manifestarse en las calles. El poco aumento salarial del 7% ($ 45.104) para un mínimo mensual en $ 689.454, sin tener en cuenta que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) va a estar por encima del 6% (IPC a noviembre de 2015), base a partir de la cual debe fijarse el salario para 2016, significa en realidad un deterioro en la capacidad de compra de las familias trabajadoras. Es decir, la inflación se va a comer lo que se incrementó de salario.
De continuar la tendencia del Gobierno en aplicar medidas económicas contrarias al interés general de la población más pobre y las clases medias, en favor del interés privado, se estarían dando las condiciones adecuadas para un paro nacional.
De esta forma, se estaría inaugurando un nuevo escenario de lucha política en el país, donde el movimiento social y popular, la izquierda y los sectores democráticos que se han movilizado en favor de la paz y la mesa de diálogos, se vería frente a un nuevo momento poniendo a prueba la apertura democrática bajo un posible escenario de posacuerdo.
Este nuevo escenario de la lucha que se estaría configurando en el país, exige del movimiento social el diseño de una táctica y un pliego de lucha acorde con el momento y el contexto de profundos cambios y reconfiguración del bloque de poder; donde un frente amplio y unitario es la clave y condición fundamental para enfrentar el enorme reto que se le impone. Que tenga en cuenta, además, la articulación de amplios sectores urbanos inconformes, que hoy muestran mayor disposición para continuar la lucha social.
Ahora bien, ni la venta de Isagén, ni el paquetazo tributario que implica aumento del costo de vida y deterioro de la capacidad adquisitiva de las clases medias y las familias más pobres, son motivo para que los diálogos de La Habana y los acuerdos a los que se llegue, se suspendan.
Que se sepa, la delegación de paz de las FARC, no ha puesto como condición el fin de las privatizaciones o del modelo capitalista neoliberal, esencia de la política económica del gobierno actual (como lo ha sido de los anteriores), para continuar los diálogos y alcanzar una solución política del conflicto armado. Tampoco el gobierno ni la clase dirigente de este país, van a poner en discusión en la mesa de diálogos el modelo económico. Lo que el Acuerdo General para la terminación del conflicto armado busca es que las guerrillas transiten de la lucha armada a la lucha política abierta, bajo nuevas condiciones y garantías. Que les permita, no desmovilizarse, sino pasar de un movimiento armado a ser un partido político legal.
La historia de las privatizaciones tiene una larga tradición en los gobiernos colombianos. Todos los últimos sin excepción se han identificado con una sola ideología: fidelidad al modelo neoliberal, cuya esencia es el diseño de un Estado mínimo, privatizado donde los bienes públicos de la nación son entregados a empresas extranjeras o privadas, al tiempo que las instituciones estatales se ponen al servicio de los intereses privados.
En todo contexto en que se den contradicciones sociales y económicas, es fundamental diferenciar los intereses de las clases trabajadoras y de millones de familias afectadas por la profunda crisis; de los intereses de quienes se han beneficiado por las medidas de dichos gobiernos. Diferenciar los intereses, partidos e ideas que se agitan en medio de la crisis actual donde; de un lado, estamos cerca de la firma del Acuerdo General para la terminación del conflicto; y del otro, el gobierno continúa tomando decisiones que afectan la vida de millones de familias a través de impuestos y privatizaciones.
Esto es muy importante tenerlo presente, ante el cinismo y el oportunismo político de la derecha encabezada por el uribismo y el Centro Democrático, que busca pescar en río revuelto, queriéndose apropiar de banderas de lucha de hondo contenido popular apareciendo ante el pueblo como defensores del bien común y el patrimonio público, cuando en realidad han sido fieles promotores y usufructuarios de las privatizaciones y del modelo neoliberal.
La actuación del gobierno de Juan Manuel Santos no es una señal confusa o contradictoria con sus intereses de clase. Aprovecha el momento y el tiempo que le queda para aplicar medidas que los blinden como clase ante la posibilidad real de que la paciencia y la rabia acumulada del pueblo colombino, produzca cambios significativos a través de la movilización y la protesta social. Por eso implementa un paquetazo de medidas a través de una reforma tributaria retrógrada, aumento del IVA, la privatización de Isagén, para no sólo preparar el camino a la candidatura de uno de sus aliados, Germán Vargas Lleras, y así asegurar la continuidad del modelo; y de paso que sea el pueblo más pobre quien asuma el costo de la grave crisis social y económica, y del posacuerdo.
Juegan finamente al póker, como lo hacen en sus exclusivos clubes. Eso no les hace olvidar que en las calles y campos se juega de manera diferente.
Oto Higuita
Licenciado en Historia Económica de la Universidad de Estocolmo
Historiador y ensayista
