A pocos días de los comicios del 27 de octubre en que se elegirán las autoridades locales, reina gran expectativa en todo el territorio nacional e incluso en el ámbito internacional, dadas las connotaciones que los resultados puedan arrojar en un país en el que reina una gran pugnacidad política, llamada por algunos polarización, la cual está conectada con la situación económica y social resultante de las políticas de, por lo menos, las últimas tres décadas. Desde Bienvenidos al Futuro de César Gaviria en 1990, continuando con Samper, Pastrana, Uribe Vélez, Santos y Duque ha habido un hilo conductor: apertura económica y libre comercio, que desmantelaron buena parte del aparato productivo industrial y agrario para imponer las importaciones masivas de mercancías, géneros y alimentos. Se reemplazó el trabajo y la producción nacionales por los extranjeros y la deuda externa se trepó a cerca de 140.000 millones de dólares, lo que nos lleva a prestar para pagar y seguir debiendo mucho más. La deuda pública arrebata cada año la cuarta parte del Presupuesto General de la Nación para satisfacción de los agiotistas nacionales y extranjeros.
Asimismo se han resentido las políticas relacionadas con los derechos económicos, sociales y del medio ambiente en los ámbitos educativo, donde se recortan las conquistas del magisterio y la calidad de la enseñanza, se postra cada vez más la salud de la población a merced de las EPS que representan el cáncer de la intermediación financiera y el aseguramiento privado, las empresas de servicios públicos domiciliarios convierten a los usuarios en clientes y dicha actividad en un lucrativo negocio de verdaderos oligopolios, principalmente foráneos.
Pero lo peor está por venir. Se anuncia una oleada de reformas regresivas, tales como la pensional, que busca eliminar el Régimen de Prima Media, favorecer los fondos privados, aumentando también la cotización y rebajando el monto de la pensión; la laboral, introduciendo el pago por horas y liquidando los contratos a término indefinido; la creación de una holding financiera para llevar allí las finanzas del Estado en contubernio con las privadas y, como si fuera poco, privatizar lo que queda del patrimonio público nacional como Ecopetrol, Isa, electrificadoras, etc.
Frente a panorama tan sombrío, las fuerzas vivas de la nación, como las centrales obreras, el movimiento estudiantil, el magisterio, las organizaciones sociales y comunales, los gremios profesionales, los empresarios pequeños y medianos, los partidos alternativos y de oposición han empezado a movilizarse y hacer preparativos para una resistencia pacífica activa.
En ese orden de cosas, lo más aconsejable para las elecciones del 27 de octubre es depositar un voto castigo contra las políticas ruinosas de los últimos treinta años que tan lamentables resultados han ocasionado a las mayorías nacionales y que solo han beneficiado a una pequeña capa de banqueros, importadores e intermediarios de las metrópolis desarrolladas. Un voto castigo también en rechazo a la corrupción rampante cohonestada por los mismos con las mismas que, incluso, introducen la trampa en la ley, quedando los grandes responsables en la total impunidad. Sus corrientes más representativas son el uribismo y el santismo.
Pero para que sea coherente y consecuente la participación electoral, el apoyo debe ser con un voto alternativo, tendencia que viene en crecimiento desde las elecciones de 2018 (parlamentarias, presidenciales y el referendo contra la corrupción). Los objetivos son los más loables: defensa de la soberanía nacional, la producción industrial y agraria, los derechos democráticos de la población al empleo digno, a la educación y salud de calidad, mejores servicios públicos a precios módicos, lo que mejoraría los estándares de bienestar y de seguridad de la mayoría de la población. Como diría el maestro Carlos Gaviria: más democracia y menos desigualdad.
