Numerosas son las imágenes en los medios de comunicación y redes sociales sobre los hechos de vandalismo, de un lado, y abuso policial, del otro. Todo esto en el curso del paro nacional del pasado 28 de abril en Colombia, como rechazo multitudinario al proyecto de reforma tributaria del gobierno de Duque, y de las manifestaciones de protesta ciudadana en todo el país en las semanas siguientes, en medio de la situación de pobreza y desesperanza que vive más del 40% de las clases populares.
Aunque el vandalismo y abuso policial son obra de grupos minoritarios, su efecto tiene hondas repercusiones en la sociedad colombiana. Ambos se retroalimentan, se sirven mutuamente. Los dos se nutren de la cultura de la violencia tristemente presente en la historia del país y hoy, todavía, en la reacción de muchos, civiles y uniformados. Una mentalidad que en parte se estimula en las telenovelas y noticieros que consumen los hogares, en donde la violencia es el componente “natural” de la trama y la información. Desde luego, entran en juego otros sentimientos, como la indignación y frustración, ligados a factores sociales, económicos y educativos.
El vandalismo, destructor de bienes públicos y privados, generador de angustia, perjudica la causa por la cual sale a protestar pacíficamente, ejerciendo su derecho constitucional, una ciudadanía inconforme. El vandalismo envilece esa causa, la distorsiona, la deslegitima y socava el respaldo a la misma de sectores de la sociedad. El vandalismo es enemigo de los manifestantes. Tanto más cuando pasa al escalón del saqueo y atentado a la vida, convirtiéndose en delincuencia.
El abuso policial cometido en desarrollo de la misión encomendada a la fuerza pública, de brindar seguridad y protección a la ciudadanía (incluidos los manifestantes) y bienes, como también de disuasión, control y contención del vandalismo, envilece esa misión, la distorsiona, la deslegitima y socava el respaldo a la misma de sectores de la sociedad. El abuso policial es enemigo del buen gobierno. Tanto más cuando causa muertes y heridos, convirtiéndose en delito.
El vandalismo alimenta el discurso que estigmatiza la protesta social y busca desacreditar la movilización mediante la falacia del complot del “terrorismo comunista”. El abuso policial apalanca el discurso que estigmatiza las medidas de orden público y acude al fácil calificativo de “gobierno fascista”. La espiral perversa de exageraciones incendiarias y oídos sordos, amplificada por las redes sociales, queda entonces servida, permeando y polarizando la sociedad.
Ante a los hechos de vandalismo y abuso policial que la comunidad internacional ha visto por los medios de comunicación, el pronunciamiento público de los líderes políticos, sindicales, sociales y religiosos del país, condenando explícitamente la violencia de ambos orígenes, es indispensable.
Frente a un movimiento social heterogéneo, de ciudadanías diversas, en donde la juventud es el común denominador y la protagonista central, no basta el llamamiento a la protesta pacífica: sus promotores deben acompañarla de una reflexión pública acerca del daño que ocasiona el vandalismo a la causa de los manifestantes y al país en general.
No basta decir que “las investigaciones están en curso” ante las evidentes denuncias de actos de abuso policial: el gobierno nacional tiene la obligación de tomar decisiones que eviten los desafueros de la fuerza pública. Simultáneamente, el presidente Duque tiene el deber de establecer un clima de convivencia mediante un diálogo inmediato con la juventud, no para ofrecer dádivas en aras de calmar la protesta, sino para acordar soluciones realistas y medibles que abran la puerta de un futuro digno y próspero a las nuevas generaciones y sus familias.
Es claro que la pandemia del COVID-19 ha afectado la capacidad de respuesta del Estado, pero las causas estructurales de la crisis vienen de atrás. Restablecer la paz es la prioridad, pero también lo es el cambio de modelo económico. A pesar de todo, la juventud que hoy se moviliza nos demuestra que hay razones para el optimismo.
