La llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de la República y de Francia Márquez, a la Vicepresidencia, además de representar un hecho histórico que parte las aguas en la historia nacional, es también la oportunidad de recuperar la esperanza en un cambio de rumbo necesario y merecido. Mientras las emociones continúan en desafuero a la espera de que poco a poco la realidad obligue a poner pies en tierra, la experiencia convoca a reconocer, que nunca ha sido tan importante como ahora, pensar estratégicamente.
En un país que durante centurias ha construido una institucionalidad clientelista y paquidérmica para favorecer la inequidad y la corrupción, el cambio de rumbo es un asunto que se apuntala en el presente para que suceda en el futuro mediato y de largo plazo. Por ello es trascendental apostar a acciones claves que marquen el cambio, muy seguramente a costa de dejar sin satisfacción varias de las demandas incluidas en aquella larga lista.
El cambio no llegará si el nuevo gobierno se agota solo en la necesaria satisfacción de las necesidades básicas. Tampoco llegará si toda la energía se concentra solo en la transformación normativa. El momento demanda el equilibrio entre éste complejo presente y aquel futuro deseado. Sabio resulta para la sociedad civil hoy mesurar las expectativas, priorizar las necesidades, agregar las agendas sociales y políticas a través de grandes alianzas y pactos y concentrar el diálogo con el Estado en pocos, pero poderosos escenarios.
Muchos pueden ser los caminos para avanzar, uno de ellos es generar hechos de cambio, nuevos puntos de quiebre que partan de reconocer territorialmente situaciones reales “tipo” en diversas materias clave, que puedan ser resueltas y a la vez estudiadas a profundidad para, a partir de la experiencia, formular nuevas maneras de hacer. Por ejemplo, en materia de tierras, existe un conjunto de casos a lo largo del territorio nacional que, a pesar de considerarse emblemáticos, luego de más de 20 años no han encontrado solución.
Tal es el caso de la comunidad de Las Pavas, en el municipio del Peñón, sur de Bolívar, abundantemente documentado por la prensa nacional, la academia y las ONG. Han pasado 10 años desde que el Incoder decretó la extinción de dominio sobre los predios Peñaloza, Las Pavas y Si Dios Quiere, 1.300 hectáreas, a las que se suman otros 11 predios que nunca salieron del dominio del Estado y que conforman el área llamada Las Pavas.
Aunque todos ellos al ser baldíos de la nación podían adjudicarse a campesinos sin tierra, en estos mismos 10 años, la Agencia Nacional de Tierras –ANT (antes Incoder), apenas ha llevado el proceso de adjudicación a su fase preliminar. Entre tanto, en el Consejo de Estado, continúa abierta la demanda de revisión del procedimiento administrativo de extinción de dominio emitido por el Incoder, entablada por la empresa palmicultora Aportes San Isidro S.A.S en abril de 2013.
Legalmente este proceso jurídico no obstaculiza la adjudicación de las tierras a los campesinos, como lo ha sentenciado el mismo Consejo de Estado, por ello resulta inexplicable la dilación del ANT para tomar posesión real de los baldíos de la nación debidamente registrados y para adjudicar los predios a 124 familias campesinas que iniciaron su lucha ejerciendo una posesión pacífica en 1998 y la continuaron en los escenarios del derecho administrativo, el derecho penal y el derecho constitucional, habiendo acumulado triunfos normativos en todos los niveles.
Una comunidad víctima de dos desplazamientos forzados por parte de grupos paramilitares, de un desalojo ordenado irregularmente por un Inspector de Policía y de más de una centena de ataques contra sus bienes, su honra, su integridad física y emocional y contra su organización campesina –Asociación de Campesinos de Buenos Aires-Asocab, aún debe convivir con una empresa privada que intentó despojarlos y los atacó; mientras espera la entrega de sus tierras y sus títulos de propiedad.
De acuerdo con un artículo publicado en mayo de 2022[1] la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación de la ANT, explicó que hacen falta cinco pasos para que la adjudicación se materialice: 1. Debe darse el diligenciamiento del Formulario de Sujetos de Ordenamiento de todos los ocupantes; 2. una visita agronómica para definir la Unidad Agrícola Familiar que se empleará; 3. la parcelación o los levantamientos topográficos individuales; 4. la expedición de los actos administrativos definitivos en los que se define si hay o no lugar a la adjudicación y, 5. la notificación de esos actos administrativos.
Poner el acelerador, la mirada aguda y la acción político administrativa en el cumplimiento de estos cinco pasos con fechas límite, no solo conducirá a sumar hectáreas a las metas de adjudicación de tierras establecidas en el Acuerdo Final de Paz, sino que entregará un merecido triunfo a estas familias campesinas, sus abogados –Clínica Jurídica de la Universidad Javeriana y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio–, y a más de 17 ONG nacionales e internacionales que en diversos momentos les han acompañado y encenderá un faro para iluminar el camino para los tantos conflictos sociales similares que existen en el país.
Es también la perfecta ocasión para comprender la política pública real que, más allá de la norma nacional en letra muerta, se vive en los territorios donde arden los conflictos sociales por la tierra. Descifrar cuáles han sido las barreras que impiden el acceso para estos campesinos y cómo han operado, resulta clave para desmontarlas y producir un cambio con un impacto inmediato en el escenario local y regional: demostraría sin espacio a dudas que los derechos son posibles para los campesinos en Colombia y que su defensa es legítima y justa.
Además de lo cual, permitiría cuando menos, en otro hecho de cambio, evidenciar y contrarrestar el sesgo clasista, la cultura gamonal y el peso de las influencias con el que suele operar el sistema de justicia en el país, contra una comunidad campesina que por años ha enfrentado los poderes del narcotráfico, los paramilitares y una empresa palmicultora con fuertes relaciones gremiales y políticas con quienes han privatizado, instrumentalizado y usufructuado a su favor el Estado, sus políticas y recursos.
En el mismo sentido, es posible también rápidamente, generar hechos de cambio en materia de protección y seguridad, en especial, para las organizaciones sociales rurales que se han visto obligadas a tomar como propia la defensa de Derechos Humanos más allá de las vocaciones que les dieron origen. Se ha divulgado una riqueza de experiencias de protección y autoprotección construidas al margen del Estado y puestas en marcha sin que su sordera y ceguera hubieran posibilitado su reconocimiento y apoyo.
Entre tales experiencias cabe mencionar cuando menos cinco, ya referidas en artículos anteriores[2]; la que puso en juego la Asociación de Campesinos del Buenos Aires -Asocab-, que le permitió enfrentar con éxito los ataques de múltiples actores, en un contexto de más de una década de indiferencia y señalamientos por parte de las autoridades locales, policiales y judiciales, tardíamente corregido. También contribuyó a disminuir el número de ataques contra la comunidad y a contener su gravedad para que, en su lucha de más de 15 años, no se haya registrado ningún desplazamiento forzado definitivo y tampoco el asesinato ni la judicialización de sus asociados o líderes.
Les permitió continuar en el territorio defendido, desarrollar un proyecto de retorno con el que hoy recuperan su capacidad de producción y construyen viviendas. Además, llevó a esta organización campesina a ampliar su actuación como defensora de DDHH representando a otras comunidades de víctimas en el municipio, el departamento y el país[3].
Por su parte, los Conviteros del Consejo Comunitario del Río Guajui, en el Pacífico caucano, construyeron su propia Ruta de Protección Colectiva para el pueblo Afrocolombiano del Cauca y autónomamente aplican las medidas en ella definidas. Construyeron “Casetas para Remendar la Esperanza”, desde donde avanzan en la apropiación y el control territorial, rescatando elementos claves de la cultura del pueblo negro. Así han evitado, en algunos casos, la instalación de los actores armados entre sus comunidades y, en otros casos, han limitado su tránsito por ellas.
También han impedido que éstos vuelvan a sustituir a sus autoridades propias en la aplicación de justicia. En medio de un complejo escenario toman un nuevo aire y asumen su rol como defensores colectivos de DDHH, especialmente étnico – territoriales. Hacen sentir su voz en la Mesa Territorial de Garantías del Cauca, los organismos de Derechos Humanos y el cuerpo diplomático internacional. Ejemplo que hoy siguen el Consejo Comunitario Parte Baja del Río Saija en Timbiquí y la organización de mujeres Asomamiwata, también en el Cauca[4].
Otro buen ejemplo es el emprendido por las organizaciones sociales de Montes de María, que han presentado públicamente una propuesta de protección, rica en elementos de prevención que van desde la “construcción de un mapa de riesgo para atender y solucionar la violencia” hasta “implementar las recomendaciones del Sistema de Alertas Tempranas”, pasando por la “creación de un Fondo para la Vida que atienda el riesgo inminente sobre la vida de los líderes” y “realización de festivales culturales de Reconciliación” asignando recursos para su desarrollo.
Resalta también en este campo la Organización Femenina Popular -OFP, que sorprende con sus propuestas de “Guardianas de la vida” y “La Comunera”, mediante las cuales, defienden su territorio recuperando y reforestando espacios que antes fueron destinados a la guerra, rescatando en ellos la memoria cultural e impulsando proyectos de plantas aromáticas y eco turísticos que, bajo el liderazgo de las mujeres, aportan a la construcción de un modelo económico alternativo.
Todas ellas experiencias que en sí mismas tienen la potencia de conectar la prevención y la protección, así como de contribuir a la construcción de paz territorial al promover iniciativas, no basadas en la fuerza de las armas, profundamente ancladas en la ancestralidad y la cultura propia. Estas propuestas se alejan de la empobrecida oferta institucional centrada en la militarización de los territorios, limitada a ofrecer medidas de protección iguales para todas y todos en diferentes contextos y a mirar la protección de manera individual solo para defensores, defensoras, líderes y lideresas, cuyo riesgo proviene de la defensa colectiva de Derechos asociados a la tierra, el territorio y el ambiente.
Estas iniciativas deben encontrar el espacio que les ha sido negado para conectar, dialogar, concertar con el nuevo gobierno que a su vez deberá profundizarlas desarrollando los compromisos establecidos en el Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz, en torno al fortalecimiento de sus propias estrategias de protección colectiva, entre las cuales son reconocidas las guardias indígenas y sus equivalentes guardias cimarronas y campesinas, sin dejar de lado otras expresiones propias como los Convites y los Palenques a los que han dado vida algunos Consejos Comunitarios del Pacífico caucano.
Es mucho lo que en Colombia se ha avanzado en protección, especialmente por la vía normativa, sin embargo, la ausencia de una mirada diferencial con enfoque étnico, de género y generacional, así como la falta de continuidad en la línea política que orienta el tema, el abandono de las normas emitidas y el reemplazo por nuevas normas, han impedido consolidar una verdadera política pública en la materia. Rescatar los esfuerzos normativos ya hechos y profundizarlos es otro de los caminos posibles para generar hechos de cambio. Poner a prueba el Decreto 660 de 2018 y ajustarlo a las nuevas realidades territoriales, así como aprovechar los resquicios que creó el documento CONPES de 2021, son oportunidades para dialogar con estas y otras tantas experiencias de protección construidas por la sociedad civil, como las descritas.
Hoy es menester desbordar la limitada estrechez con la que los gobiernos anteriores han abordado el tema, conectar las propuestas de la sociedad civil con las del Estado, articular la protección y la seguridad humana y avanzar con verdaderas acciones que prevengan las violaciones de Derechos Humanos. En este marco, cabe explorar también las posibilidades de reglamentar los Decretos 4633 para comunidades indígenas y 4635, para comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras, emitidos en el 2011 en el marco de la Ley de Víctimas, así como de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial e incluso la misma ley 70 de 1993, reconociendo que los pueblos indígenas, afrocolombianos y negros, ya han demostrado suficientemente su mayoría de edad.
Esta de fondo por supuesto una profundización de la descentralización política, administrativa y fiscal a favor de los pueblos étnicos, para que ejerzan su autonomía y funjan como los mejores aliados del gobierno nacional para superar las crisis humanitarias que hoy afectan de manera grave sus territorios y su pervivencia.
El nuevo gobierno, el pacto nacional que impulsa y los principales puntos de su agenda, reflejan que hoy es posible ganar una voluntad política para el cambio y si así sucede, se vencerá el mayor impedimento que ha existido para hacer de Colombia un país más justo y equitativo.
[1] Forero Rueda, Sebastián. Adjudicación de la finca Las Pavas a campesinos, atascada en la Agencia de Tierras.[2] Pedraza López, Betty. ¡Señores del gobierno, no más excusas!.
[3] Al respecto se puede consultar a Pensamiento y Acción Social-PAS-, en “Proteger a los Defensores Colectivos de Derechos Humanos. Un desafío para las políticas Públicas en Colombia. Lo que enseñan tres estudios de caso”.
[4] Al respecto se puede consultar a Pensamiento y Acción Social-PAS, en “Un Paso Adelante en la Protección Colectiva en Colombia”.
