El pasado 21 de noviembre fuimos testigos de una movilización masiva en toda Colombia. El país se levantó a partir de las nueve de la mañana y con cantos y carteles estudiantes, profesores, campesinos, indígenas, trabajadores, personas de la tercera edad, niños, entre otros, salieron a las calles a marchar en contra del gobierno, las políticas de este y sus acciones a lo largo de la administración del electo presidente y su gabinete, las cuales son: las diferentes reformas laborales y pensionales, salarios mínimos increíblemente bajos que no alcanzan hasta fin de mes, incumplimiento de los acuerdos con Fecode y los estudiantes, comercio con aletas de tiburones, faltas en el desarrollo de los acuerdos de paz, el regreso de los famosos falsos positivos, asesinatos a líderes sociales, bombardeos en el Caquetá por parte del estado en un campamento de las Farc que provocaron la muerte de 18 niños y sobretodo se reclama nuestro derecho a la protesta social.
Ahora bien, durante la jornada de protestas que se ha extendido hasta el 24 de noviembre, hemos podido evidenciar cómo la participación de los colombianos ha permanecido intacta a pesar de los días. Según Conexión Capital, “alrededor de 900 personas se han unido para respaldar el paro nacional”, demostrando, como cada vez hay más empatía y descontento con la situación actual del país. Sin embargo en un movimiento social tan grande como este es inevitable que en medio de la protesta, se presenten acciones violentas y saqueos a viviendas y comercios de la ciudad , que aunque no se niega su existencia, se ha visto cómo los medios de comunicación han hecho énfasis en la mayoría de sus emisiones únicamente a aquellos “vándalos” que violentan el paro y como si fuera poco atribuyendo estas agresiones a este movimiento, reforzando los estigmas que ya existen alrededor de este y dejando de lado el comunicado oficial del alcalde de Bogotá donde “aseguró en la noche de este viernes que "hay una campaña orquestada para crear terror" (El Heraldo, 2019) e ignorando también las innumerables denuncias de infiltrados de la policía en medio de estos crímenes. Esta situación también se vivió en las protestas de chile y en otra ciudad de Colombia (Cali) lugar en el que se realizó el mismo modus operandi en donde el estado después varios intentos de detener la protesta se ve en crisis y para obtener la aprobación de los ciudadanos la salva del peligro que él mismo genera.
Así mismo, al notar la impresionante asistencia que obtuvo el paro nacional y que después de que un toque de queda con vandalismo organizado como se mencionó anteriormente no les funcionara para sacar a la gente de las calles, sino que por el contrario motivara a la ciudadanía a seguir adelante con la marcha; el gobierno como acostumbra, en los plantones, marchas y cacerolazos pacíficos que han realizado los Colombianos los últimos días de protesta, ha optado por utilizar el abuso de autoridad de parte de entidades como la Policía Nacional y el Esmad, los cuales han dejado varios heridos a lo largo de las jornadas. Esta agresividad de parte del estado, atenta al derecho de manifestarse pacíficamente por lo que la sociedad Colombiana demanda y busca posicionar a la violencia como la protagonista del Paro.
A pesar de esto, los manifestantes siguen firmes con su postura, pues no debemos olvidar que la marcha sigue siendo legítima y que el abuso de autoridad que crece con el pasar de los días solo demuestra el límite en que el estado se encuentra para callar al pueblo. No permitamos que esto ocurra y así como ya se ha realizado durante casi cinco días, sigamos apostando y ejerciendo nuestro derecho por una protesta pacífica, en donde se ha demostrado que en un ambiente político tan polarizado supimos encontrar unidad.
