Ante la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027 por las actuaciones irregulares del gobierno nacional, el Presidente Petro anunció, a modo de consuelo, que se destinarían más de 800 millones de dólares a los Juegos Intercolegiados, “mejorando las instalaciones deportivas en los colegios y a la preparación deportiva de la niñez y la juventud”. Esta promesa resultó siendo un nuevo engaño para el país, y especialmente a los deportistas.
Primero, porque de hecho Juegos Intercolegiados se realiza anualmente por hacer parte de una política de Estado, con y sin Juegos Panamericanos. Por ello, el “ofrecimiento” del señor Petro no es, como él pretende, ni una concesión ni un acto de generosidad, sino una obligación y un deber jurídico a su cargo.
Segundo, porque la pretendida sustitución, e incluso la sola comparación entre Juegos Panamericanos y Juegos Intercolegiados, constituye por sí misma un atrevido mal chiste que denota la profunda y nociva ignorancia del Presidente sobre el sistema deportivo nacional e internacional. Se trata de eventos de alcance geográfico, naturaleza, importancia y magnitud totalmente distinta. Afirmar que nos privan de Juegos Panamericanos pero que a cambio nos entregan unos Juegos Intercolegiados es tan absurdo como privarnos del acceso al sistema educativo o al sistema de salud, y consolarnos con la entrega de un par de dulces.
Y tercero, porque incluso la pretendida realización de Juegos Intercolegiados ha sido una farsa en el actual gobierno. A la fecha, la fase nacional de Juegos Intercolegiados 2023 no se ha realizado, a pesar de que ya nos encontramos a mediados de marzo de 2024. Concluyó el año 2023, está por concluir el primer trimestre del año 2024, y Juegos Intercolegiados 2023 es aún una promesa incumplida. En la página https://www.juegosintercolegiados.gov.co, el link “Cronograma Final Nacional 2023” se encuentra dañado.
Más grave aún es que tras la fachada del apoyo al deporte y a los deportistas, lo que se viene gestando por el gobierno nacional es el desmonte progresivo de Juegos Intercolegiados. De manera velada y subrepticia, el Ministerio del Deporte introdujo una serie de condicionamientos en la Resolución 539 de 2023, para que los jóvenes deportistas que practican las disciplinas que atraviesan mayores dificultades en el país y aquellas que cuentan con menores apoyos y menor popularidad, sean excluidos de este evento. Con ello, deportistas de disciplinas como atletismo, tenis de mesa, boxeo, ciclismo BMX, ciclismo de pista, ciclismo de ruta, esgrima, gimnasia artística, gimnasia rítmica, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, taekwondo, tenis de campo y triatlón, no podrán participar en Juegos Intercolegiados. Los estudiantes de estos deportes pierden la oportunidad de obtener una ayuda significativa para la financiación de su educación superior, que es precisamente el objetivo fundamental de este evento.
En efecto, el artículo 57 de la Resolución 539 de 2023 establece que, para alcanzar la fase nacional de Juegos Intercolegiados, cada disciplina debe contar con una inscripción mínima en el 60% de los departamentos, el 10% de los municipios, el 3% de las instituciones educativas según el promedio de los años 2019, 2021 y 2022, y el 0.5% de los deportistas y docentes/entrenadores del promedio de los años 2019, 2021 y 2022. Se trata de exigencias cuyo cumplimiento es manifiestamente imposible para muchas disciplinas, como bien lo sabe el gobierno nacional. Para estos deportes no hay Liga del Amazonas, Liga del Putumayo, Liga del Vichada o Liga de Guainía, y probablemente tampoco hay una gran fanaticada en Puerto Nariño, en Acandí, en Pacoa, o en Cumaribo. Sabiendo lo anterior, deliberadamente el gobierno nacional impuso estos condicionamientos, quizás para no pasar la vergüenza de reconocer que lo que se estaba decidiendo era sepultar este programa gubernamental de apoyo al deporte y a la educación superior, y en su lugar hacer eso mismo de manera indirecta, a través de un grosero y burdo eufemismo.
Lo cierto es que, bajo este esquema, el gobierno nacional invierte la lógica natural de las cosas. Los jóvenes deportistas que practican las disciplinas más frágiles y rezagadas, aquellas cuya práctica representa mayores obstáculos, dificultades y desafíos, y aquellas que no operan bajo la lógica de la mercantilización, en lugar de recibir apoyos y estímulos gubernamentales a través de programas que incentiven su práctica en todo el territorio nacional, son castigados duramente mediante su exclusión de Juegos Intercolegiados. En contraste, quienes practican las disciplinas tradicionales que tienen un mayor arraigo en el país y que movilizan ingentes cantidades de dinero de distintos actores públicos y privados, son premiados con nuevos incentivos económicos.
El mensaje para los jóvenes deportistas es claro y contundente: al castigar a quienes practican deportes como judo, esgrima, karate o gimnasia artística, se induce activamente el marchitamiento de todas estas disciplinas. Aún más, debido al rezago histórico del deporte en el país, la transformación que se genera en el “gobierno del cambio” es el debilitamiento, no solo de estas disciplinas sino de Juegos Intercolegiados como programa gubernamental, y del deporte en general.
Paradójicamente, esta fórmula del Ministerio del Deporte no es ni siquiera una innovación o un cambio en el denominado “gobierno del cambio”. Es una copia y una reproducción de lo que en su momento fue la Resolución 860 del 2021, expedida por el gobierno del entonces Presidente Duque, derogada tras reconocerse su manifiesta inconveniencia para el deporte colombiano. Hoy es revivida por su par, el señor Gustavo Petro. Bajo la consigna del cambio, el gobierno nacional apela a viejas fórmulas para preparar el desmonte y el saboteo del deporte.
