El mismo gobierno que dilapidó el auge petrolero de los últimos años, resultado de un aumento en los precios desde US$31 por barril en enero de 2003 hasta US$127 en marzo de 2012, ahora impone una “austeridad inteligente” en el Presupuesto de 2016.
Durante años se advirtió de las consecuencias que produce la especialización en el sector minero-energético, abandonando a los sectores productivos a su suerte. En noviembre de 2009 el nobel de economía Joseph Stiglitz expresó en Colombia que este enfoque “no genera empleo y sí muchos problemas en el manejo monetario”, explicó que el país “está en riesgo de sufrir de este mal”, llamado enfermedad holandesa y propuso invertir en actividades de alta rentabilidad como la educación, infraestructura y tecnología. Paradójicamente, el candidato Juan Manuel Santos en abril de 2010 dijo que se debía “evitar la enfermedad holandesa, que en cierta forma ya nos está golpeando” y propuso “guardar para el futuro”.
Las alarmas se prendieron con suficiente anticipación, pero el gobierno insistía en un blindaje inexistente y no hizo nada para evitar los estragos. Así, entre 2003 y 2013, la producción del país aumentó 52,3 % pero el empleo solo lo hizo en 11,5 %. El consumo del gobierno fue 8 % más alto que el crecimiento total de la economía. Aun con mayores ingresos, la deuda pública creció 112 %. Como resultado, el crecimiento del agro fue 2,5 veces menos que la minería y el de la industria 2 veces menos durante ese periodo. Las exportaciones agrícolas e industriales crecieron 7,7 % y 11,6 % respectivamente en promedio anual, al tiempo que los gobiernos de Uribe y Santos seguían ofreciendo confianza inversionista y beneficios tributarios a las multinacionales para exportar los recursos naturales a una tasa de crecimiento de 25 % anual; con el agravante de que la apreciación del tipo de cambio golpeó aún más a los productores nacionales.
Ante una necesidad insaciable de ‘mermelada’, entre 2010 y 2013, los años de mayores precios, el gobierno de Santos dilapidó $55,5 billones de ingresos petroleros desfinanciando a Ecopetrol y el Banco de la República se gastó US$18.393 millones de forma inútil tratando de contener la caída del precio del dólar. Para colmo, los colombianos soportaron dos reformas tributarias, una contra los trabajadores en 2012 y la otra contra los pequeños y medianos empresarios en 2014.
Existen muchas formas de probar el irresponsable manejo fiscal del gobierno en los últimos años, con la complicidad de los partidos de la Unidad Nacional en el Congreso de la República. Los platos rotos de una crisis que todos vieron llegar menos los encargados del manejo económico, ahora se trasladarán a los ciudadanos. El Gobierno ya habla de “austeridad inteligente”, “situación delicada” y se cocina otra reforma tributaria, en donde todos los caminos conducen al IVA, acompañada de recorte presupuestal para el agro en 38,5 %, industria en 9,1 % y ciencia y tecnología en 20 %. Como la hoguera se está apagando, lo mejor es echarle agua, piensan Santos y sus áulicos.
Mientras la economía siga manejada con las concepciones vigentes, será imposible corregir el rumbo del país. Lo que se necesita no es austeridad al estilo griego, sino medidas que impulsen actividades productivas, que generen empleos de calidad y proporcionen más ingreso disponible a los hogares, para lo cual es indispensable revisar los acuerdos económicos internacionales vigentes. Por lo pronto lo único que queda por hacer es seguir destapando el engaño y prepararse para el golpe de 2016.