Pasada la semana de pasión con el escándalo que formaron los medios a raíz de la visita del hermano de Gustavo Petro a la cárcel de la Picota, dizque buscando los votos de ladrones de cuello blanco, paramilitares y criminales condenados por la justicia, con el “ofrecimiento de rebaja de penas” al calor de la propuesta del “Perdón Social”, y cuando estábamos a la expectativa de la denuncia pública por parte del candidato del gobierno de turno, que enterraría políticamente la candidatura presidencial del Pacto Histórico, nos enteramos de la presencia de Gustavo Petro y Francia Márquez, firmando un compromiso de “no expropiación” en la Notaría 17 de Bogotá, donde juraron que de llegar al gobierno, no expropiarán a ningún ciudadano, y asegurando que la medida la habían tomado por las presiones de las noticias falsas sobre su campaña electoral.
Cero y van dos en esta guerra de entrampamientos y de mentiras; otra salida que no se compadece con las mayorías de las encuestas de opinión y de las plazas llenas a favor del cambio; ahora se inventan el “golpe de opinión” de firmar un compromiso juramentado de “no expropiación”, como si estuvieran desesperados por la arremetida del candidato de la derecha.
Imagino el equipo del “narcotraFico” frotándose las manos con esta salida inocua del Pacto Histórico tratando de ponerse en guardia contra las mentiras del gobierno nacional, a sabiendas de que en el programa no figura nada que tenga que ver con la palabra expropiación.
Además de la inconsistencia jurídica, legal y constitucional, pues no es cierto que la figura mencionada no se pueda llevar a efecto por parte del Congreso de la República amparado en la Carta Fundamental, por ejemplo, cuando hay que expropiar con indemnización alguna propiedad privada para poder hacer una carretera o una edificación de servicio público.
Pero no es solo en el aspecto jurídico en el que dejan la sensación de que están dando palos de ciego, sino también con la incertidumbre que transmiten a la opinión pública queriendo quedar bien con dios y con el diablo al certificar en notaría pública que no expropiarán a ningún ciudadano en caso de llegar al gobierno en las próximas elecciones.
Como si la expropiación en Colombia no estuviera decretada de hecho por el régimen político desde los tiempos de la colonia para las mayorías populares; como si fuera mentira que el 90 por ciento de los pequeños y medianos propietarios de la pequeña y mediana industria que conforman la inmensa mayoría del tejido empresarial colombiano, no hubieran sido expropiados con las medidas del gobierno durante la pandemia a favor de la banca y de los grandes conglomerados capitalistas de la industria y del comercio, dejando en el camino a los trabajadores asalariados de este este sector, que constituyen el 80 por ciento de toda la economía nacional, a quienes les han expropiado el salario y los productos básicos de la canasta familiar.
La expropiación real de los trabajadores informales que constituyen el 60 por ciento de la fuerza laboral del país, que no tienen sino su fuerza de trabajo para medio sobrevivir en condiciones infrahumanas y que en consecuencia no tienen nada que perder, ni siguiera las ganancias que producen con su fuerza de trabajo para los dueños de los medios de producción; antes por el contrario, el Programa del Pacto Histórico está proponiendo empoderarlos con la propiedad de una vivienda humana, un salario digno y estable, una educación gratuita permanente y de calidad, asegurándoles un servicio de salud desde la niñez hasta la vejez, y la posibilidad de disfrutar del arte, la cultura y la recreación.
Para no hablar de que le van a quitar el carro, la casa, la fe cristiana, la familia, la libertad y la democracia. Si ladran los perros es porque vamos avanzando, decía don Quijote. Por eso hablar de la no expropiación donde la gran mayoría se está muriendo de hambre es como una burla sarcástica y mordaz para complacer a los potentados del régimen, como para no asustarlos con la democratización de la tierra, de la industria, del comercio y del crédito bancario para las mayorías.
De tal manera que, con este criterio para luchar contra la campaña electoral del régimen político neoliberal, paramilitar, narcotraficante y violento, pues tendríamos que seguir arrodillándonos indefinidamente ante el Fondo Monetario Internacional; perdiendo la iniciativa en el manejo de las crisis política; al vaivén de los acontecimientos del momento como si fuéramos furgón de cola de los partidos tradicionales de la oligarquía, del gobierno nacional y de su candidato presidencial.
No podemos continuar con este tipo de “golpes de opinión”, so pena de caer en la conciliación política entre el agua y el aceite; con el riesgo de entregar la esencia democrática del programa político para calmar la ira y la violencia de los potentados de la oligarquía, y acceder al gobierno para continuar defendiendo sus intereses de clase y sus formas de dominación, por unos votos que definirían las elecciones pero que por lo mismo rebajarían la persuasión y el convencimiento de unas mayorías que han abrazado la esperanza de un gobierno para los cambios profundos por la paz y la democracia en nuestro país.
El mensaje enviado con la “no expropiación”, es el principio de la claudicación del proyecto político democrático; la deserción de las líneas esenciales del programa político; la negación de las condiciones para que las mayorías populares puedan convertirse en propietarios, es decir, no para expropiarlos de lo que nada tienen, sino para empoderarlos con la propiedad personal, colectiva y social.
En otras palabras, lo que queremos es crear las condiciones políticas, económicas y sociales para que las grandes mayorías del pueblo puedan tener acceso a la propiedad privada de un salario digno y estable, una vivienda humana, una educación perdurable y moderna, un servicio de salud asegurado desde la cuna hasta la vejez, una pensión con dignidad, y la capacidad para disfrutar de la cultura, el arte y la recreación.
Estas son las propiedades fundamentales que el pueblo está necesitando urgentemente desde hace mucho tiempo, y que el Pacto Histórico ha interpretado ofreciéndole un programa de lucha y de combate para poder ir creando las condiciones de organización y movilización de los trabajadores que permitan la conquista de un gobierno realmente democrático y popular.
Ojo, para llegar al poder y no solo al gobierno, que es otra cosa muy distinta; porque si lo que queremos es llegar al gobierno renunciando a nuestra orientación programática, desertando de nuestra iniciativa política, y cohonestando con mensajes suplicantes la aprobación de los votos espurios de los sectores dominantes, pues tenemos que empezar a enderezar el canino si queremos el cambio profundo hacia un verdadero poder popular.
Así podríamos continuar indefinidamente plegándonos en genuflexiones menesterosas a las exigencias de los pregoneros del régimen, no solo con el compromiso juramentado de la “no expropiación”, sino también con el juramento de no tocar para nada el monopolio del crédito y de las finanzas de los grandes capitalistas; o asumir el fraking sin condiciones para la exploración y explotación del petróleo, contrariando el punto fundamental de las energías fósiles que tiene que ver con el control del cambio climático; o firmando la letra de cambio para continuar con el negocio de la salud que tienen los intermediarios de las EPS; o firmando el compromiso de que el impulso del crédito popular para la pequeña y mediana empresa no afectará para nada las ganancias desorbitantes del monopolio de la banca privada y extranjera; o implorando quejumbrosos una carta de ciudadanía para que nos permitan manejar la política pública sobre la tenencia de la tierra en Colombia; o firmando un documento de buenas intenciones donde nos comprometemos a que no les vamos a robar las pensiones a los fondos privados que manejan la plata billonaria de los trabajadores, para no hablar de otros asuntos importantes y definitivos de nuestro programa político.
De lo que se trata, pues, en el fondo, es de saber cuál es la naturaleza de clase del Pacto Histórico; dónde estamos parados y para dónde vamos; quienes son nuestros compañeros de viaje en la lucha por la democracia; cuál es nuestro enemigo principal en este momento, cuáles son los escenarios de lucha que nos presenta el enemigo de clase, y cuáles son las formas de lucha a que nos obliga el enemigo del pueblo.
Para resolver estos problemas debemos tener claro el horizonte político; elaborar una táctica y una estrategia que nos permita mantener el timón del Estado en medio de las tempestades de la revolución democrática; y si el Pacto no dirige el proceso de los cambios democráticos, ¿entonces quién lo va a dirigir?; y si no marca la iniciativa política adecuada, entonces quién lo puede hacer?
Señalar estas cuestiones no significa asumir una posición sectaria, excluyente y pesimista, sino tener en cuenta que la ultraderecha colombiana es todo un movimiento ideológico y político profundamente reaccionario, con un enorme peso en sectores del poder económico, mediático, judicial, del Ejercito, y de las iglesias cristianas, y que todavía cuenta con un grande apoyo popular, por lo cual tenemos que prepararnos ideológica y políticamente para poder resolver las profundas contradicciones de clase que se van a presentar en el próximo gobierno, si es que en verdad queremos llevar a cabo el programa democrático prometido al pueblo durante la campaña electoral.
Vamos por la Presidencia con Gustavo Petro y Francia Márquez.
Pilas con la defensa del Poder Popular.
Colombia, potencia mundial de la vida.
Este pueblo no se rinde, carajo.
