Las duras palabras del presidente de la Comisión primera del Senado, el congresista conservador Efraím Cepeda, sobre que habría que castigar a los ministros del gobierno actual por la escasa realización de sus presupuestos, y que trató de disculpar el Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, mientras algunos senadores que las sitúan en el 37.47%, las consideran bajas teniendo en cuenta que parte de su vigencia de 2023 se considera vencida.
Finalmente, la Corporación citó a 4 ministros: Hacienda, Ricardo Bonilla; Trabajo, Gloria Inés Ramírez; Transporte, William Camargo, y Deporte, Astrid Rodríguez.
Una llamada de atención válida si no existieran otros elementos que han permanecido en sordina, y que podrían aclarar en buena parte las afirmaciones del jefe del partido conservador, que hasta hace poco hacía parte de las huestes parlamentarias y administrativas del gobierno del presidente Gustavo Petro.
No parece creíble pensar que un gobierno acelerado por ejecutar reformas en favor de la población más desprotegida, y además necesitado de ampliar su poder en las elecciones de octubre que están a escasos días, por sí y ante sí descuide los programas y partidas con que debería estar llegándoles a todos los colombianos, y entre ellos a quienes les prometió ayudar de manera especial, dado que muchos estuvieron marginados por los anteriores gobiernos.
Entonces, parece apenas lógico preguntarse qué puede estar pasando, de ser verdad lo que sostiene el senador Cepeda, y cuál la situación de desorden o incapacidad de los personeros del Pacto Histórico, que -contrario a los reveses en el Congreso, donde son minoría- no podrían alegar lo mismo en el ejecutivo donde la generalidad de los ministerios está en su cabeza.
Han aparecido últimamente discretas alusiones por parte tanto de la Ministra de Educación, Aurora Vergara, como del Ministro de las Tecnologías, Mauricio Lizcano, sobre la lentitud cuando no del desgreño total de los ministerios que se les entregaron, a lo que habría que agregar desde el comienzo lo sucedido en los ministerios de Minas, con Irene Vélez, y de Salud, Carolina Corcho, donde las ejecutoras nombradas por el presidente, menos pacientes para trabajar con quienes no les caminaban, decidieron deshacerse, no sin los escándalos de quienes desde gremios y grupos políticos consideraban eran las que sabían, y que -por su carácter científico, no emocional- las que deberían permanecer dirigiendo las políticas sabias de los ministerios respectivos.
Todos estos hechos conocidos, con exceso para regusto de los opositores, a través de los medios de comunicación, hacen pensar que hay razones de peso no desconocidas pero que tampoco se tocan de manera expresa, para concluir que existe un verdadero saboteo a las decisiones generadas por el gobierno de izquierda, para que a la lentitud que se le atribuye a la administración estatal se le sume la pachorra negligente tanto de altos funcionarios como de menor rango, para que sus decisiones terminen por no salir o salir tarde.
La razón medular es que 34 años de gobiernos apegados al dogma neoliberal y con la mayoría de profesionales y funcionarios actuales, precisados a seguir incluso con intolerancia sus principios, y, además como burócratas, deudos de los partidos tradicionales que hoy juegan a la independencia estratégica y la oposición, se han atravesado como mulas muertas para frenar la ejecución.
Y motivos válidos para su ominosa conducta, además de las anteriores podría argüirse el nostálgico deseo de muy pronto volver a recuperar el poder por parte de sus partidos de derecha, y recrear -por la senda del bien recuperada- los propósitos del capitalismo sin talanqueras que les ha sido personalmente altamente benéfico.
Y no sobra contar para abundar en el tema, las disensiones, reclamos cuando no engaños experimentados por quienes, con algún poder, ingresaron a una empresa oficial para enderezar, en el menor de los casos, viejas conductas de algunos grupos que debian adecuarse a mayores productividades de trabajo. Apenas un escollo menor no obstante lo desolador, frente a dirigir un ministerio o departamento administrativo.
Pero si las anteriores explicaciones resultan dolorosas, no lo son menos las que han propiciado que hechos de esta naturaleza se hayan convertido en ejes inamovibles de la que algunos llaman institucionalidad. Y la primera es la confusión que, desde el comienzo de nuestra historia, llevó a que entre Estado y partidos políticos se diera una especie de sinonimia, por la cual el Estado no representaba una institución aparte sino un objeto de poder para generar burocracia, negocios y riquezas para sus adeptos por parte de los partidos reconocidos como oficiales.
Unidad que hoy aparece rota, porque un gobierno progresista inesperado decide atacarla, cuando la simbiosis entre Estado y neoliberalismo había llegado a ser casi absoluta, precipitando las quejas de sus beneficiados que, sin nombrarla, la califican de única racional, científica y probada en la práctica, mientras desdeñan por sentimental, irracional, ideológica (¿y cómo se llamará la adhesión incondicional a un dogma económico en crisis como el neoliberal?) y fantasmagórica las del Pacto Histórico.
A lo anterior sumémosle que el modelo presidencialista colombiano impide que partidos de oposición que pierdan las elecciones, pero con votos importantes a su favor, hagan parte del gobierno como sucede en los sistemas parlamentarios mucho más representativos.
Lo que a los partidos de izquierda les hubiera obligado a capacitarse y haber tenido oportunidad de ejercer previamente como gobierno, antes de triunfar en unas elecciones como aquí nos sucedió casi que de improviso.
Ojalá se aclare pronto este galimatías que nada tiene de fácil, pues hace parte de lo más recóndito y dañino de nuestra historia. Para que al menos les sirva al gobierno y al presidente Petro como instrumento para apurar, si tiene que hacerlo, los retrasos en la ejecución del Presupuesto Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo, del cual dependen las elecciones y gobernabilidad de los próximos años.
