Quienes participaron de las vigorosas movilizaciones que diferentes sectores sociales, gremiales y políticos del país realizaron durante los meses de octubre a diciembre de 2019, y quienes —después de la llegada de la pandemia del COVID-19— sostuvieron encendida la llama de la protesta social —así fuera virtual— y el permanente análisis de las políticas adoptadas por el gobierno del presidente Duque saben que uno de los puntos del pliego de emergencia adoptado por el Comité Nacional de Paro (CNP), el relacionado con la renta básica, hubiera sido —si el gobierno nacional lo hubiera aceptado— clave para disminuir y ayudar a resolver los problemas de ingreso que azotan a millones de familias por la crisis que asomó sus narices antes de finalizar 2019 y que se agravó por la pandemia, y en el caso del agro y la industria se empeoró por la política de importaciones de miles de artículos y productos que somos capaces de producir en Colombia.
Después de decretada la emergencia económica, social y ambiental, las organizaciones que son parte del CNP propusieron un pliego de emergencia que incluye la renta básica, una decisión de política económica acogida por diversos sectores del Congreso de la República, que incluso llegó a contar con mayorías en el Senado, pero que finalmente la rechazó el ministro Carrasquilla con el beneplácito del presidente Duque.
¿En qué consiste la renta básica? De lo que se trata —ya que la lucha por alcanzar dicha medida sigue— es que los nueve millones de hogares colombianos, en los que los padres perdieron sus empleos y por lo tanto el ingreso para atender sus gastos y cubrir necesidades elementales, puedan disponer de un ingreso o renta básica para cubrir esos gastos. Dicho dinero lo proporcionaría el gobierno nacional y mensualmente entregaría un salario mínimo legal durante los meses en los que la crisis señale la necesidad de hacerlo.
La razón de esa renta básica es no dejar caer la economía a niveles en los que la población se vea obligada a no poder atender sus necesidades elementales y que lleve a que los productores de bienes y los prestadores de servicios vean reducidos sus ingresos, se frene la producción y se retrase la recuperación de la economía generando hambre, pobreza, malestar social y todo tipo de conductas antisociales.
Lo que se solicita es perfectamente compatible con las posibilidades y recursos que dispuso el gobierno nacional, 14.8 billones de pesos, a través del Fome. Sin embargo, no dispuso que esos recursos fueran para atender a los sectores populares y a las capas medias de la población. Lo que sí dispuso el gobierno fue entregar abultados recursos a los bancos y el capital financiero, a corporaciones multinacionales y a monopolios que los volvieron un verdadero filón de utilidades para ellos.
Abandonó así el gobierno a los sectores que, vinculados con la pequeña y mediana industria, la producción de alimentos y la prestación de diversos servicios, generan la mayoría de empleos del país. Por este comportamiento gubernamental —según cifras del Dane nueve millones de personas dejaron de comer tres comidas al día para comerse solamente dos— millones de hogares no dispongan de dinero para comprar comida lo que a su vez conduce a que bajen los precios de compra a los productores. Maíz, papa, frijol, plátano, yuca, mora, leche y varias frutas y legumbres se pierden, mientras casi cuatro millones de colombianos están desempleados y aguantan hambre ellos y sus familias.
Dignidad Agropecuaria y otras organizaciones sociales y gremiales le han dicho al gobierno nacional que implemente una política de compras públicas para dar salida a los productores, comprando a precios justos y entregando alimentos a los millones que no tienen con qué comprarlos. Ninguna de esas propuestas ha sido aceptada por el gobierno nacional. Ni renta básica, ni compras públicas, ni subsidios a los productores, ni solución a las deudas, ni una sola política de respaldo a los que tienen en sus manos las fuentes para generar el empleo que reactive la economía y del que tanto cacarean los grandes cacaos y el alto gobierno.
Dignidad Agropecuaria propondrá realizar un Congreso Nacional Agropecuario, y trabajar para alcanzar una gran movilización social que permita para finales de febrero o comienzos de marzo adelantar una acción de protesta masiva, pacífica y democrática que logre soluciones a los problemas que una renta básica hubiera ayudado a resolver.
