El 26 de marzo, de 8 partidos distintos, 41 congresistas colombianos entre senadores y representantes, de los 279 miembros elegidos que componen el Congreso, subscribieron una carta que enviaron al presidente Iván Duque en la que le solicitaban que demandara de los organismos multilaterales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), y de organismos privados internacionales de crédito, la condonación de la deuda pública externa. Esta carta seguía el espíritu de lo planteado por una comunicación del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) que iba dirigida a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que había sido publicada seis días antes y a la cual subscribían con su firma líderes de América Latina como Rafael Correa y Gustavo Petro, entre otros.
La carta de los congresistas colombianos consideraba que ante el incremento de las obligaciones de la deuda, debido a la devaluación del peso y a la crisis económica causada por la pandemia, era necesario contar con recursos presupuestales para incrementar el gasto social y afrontar las consecuencias económicas y sociales que demanda el enfrentamiento de la situación epidemiológica causada por el coronavirus, así como disponer de recursos para la recuperación económica después de que esta crisis en todas sus manifestaciones haya pasado. Por tanto, proponían que era menester liberar para estos efectos el 25% de los recursos del presupuesto nacional que se utilizan anualmente para el pago de intereses y capital de la deuda pública externa. Lo que equivaldría a un 28% en realidad si se considera la devaluación sufrida por el peso en estos últimos meses. La deuda externa colombiana es verdaderamente una carga onerosa que representaría toda, incluida la deuda privada, ahora mismo, más de 50 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB); según datos del Banco de la República (BR) a enero de 2020, antes del avance de la pandemia en occidente, y según estimaban los congresistas en la carta, la deuda externa representará este año alrededor del 54% o más del PIB si no se hace algo al respecto. Con los préstamos solicitados en el contexto de la pandemia según estimaciones del propio FMI se llegará a casi un 60% del PIB nacional en deuda externa al finalizar el año 2020. De esta manera, Colombia superará el promedio de endeudamiento externo en América Latina que alcanza el 43,2% del PIB.
Resulta claro que la deuda externa ha venido creciendo en los últimos años y la tendencia del gobierno colombiano, muy en contra de lo que pide la carta de los congresistas, es a un mayor endeudamiento durante la crisis evidenciada en torno al COVID-19. El gobierno se ha acostumbrado a no responder de ninguna manera a llamados que recibe de la sociedad colombiana a través de la opinión, manifestaciones públicas o de manera epistolar, como es el caso de la carta de los congresistas. Tal vez responde con sus actos que desconocen absolutamente cualquier pedido de la ciudadanía que vaya en contra de su programación ya prefijada de mantener el enriquecimiento de los sectores que desde hace más de veinte años controlan de manera hegemónica y casi indisputada el Estado en Colombia, el sector financiero y los terratenientes-narcotraficantes. Dos sectores que fundan su enriquecimiento en la especulación y en la renta, mientras chupan la riqueza que produce la economía productiva nacional cada vez más menguada y en crisis. La respuesta de facto al espíritu de la carta ha sido más endeudamiento. El martes 7 de abril, un día después de que Iván Duque anunció la prolongación del confinamiento nacional hasta el 27 de abril, se supo por prensa que se había hecho la solicitud al FMI de un préstamo por 11 mil millones de dólares. Por su parte, reconocidos economistas neoliberales como Salomón Kalmanovitz han visto en la política de emisión y de endeudamiento delineada por el gobierno en la crisis el camino correcto a seguir, y solo pone reparo en la eficacia de la distribución que se le da a ese dinero para paliar la crisis; recomienda la emisión de deuda por valor de 60 billones de pesos que incremente en cinco puntos porcentuales la deuda interna. Es decir, más deuda que al final se traducirá en un incremento sustancial de la deuda externa en la medida que representa bonos y fondos que se transan en el mercado financiero internacional.
El panorama de la deuda resulta bastante sombrío y promete comerse al sector productivo en el cual se desarrolla la vida y el día a día de muchos colombianos. La deuda externa se incrementó según datos del BR de 36.219 millones de dólares en el 2000, que representaba entonces el 36,3% del PIB, de los cuales el 20,8% de PIB lo ocupaba la deuda pública que llegaba a ser el 57% de la deuda externa total, pasa a 140.060 millones de dólares en enero de 2020, lo que equivale al 49,8% del PIB, con un 28% del PIB de deuda pública equivalente al 53% de la deuda externa total. Mientras en este periodo de veinte años el PIB nacional no alcanza a incrementarse tres veces, la deuda externa crece prácticamente cuatro veces con un aumento en cinco puntos porcentuales de la deuda privada sobre la pública, y un incremento porcentual apreciable de la cantidad de deuda privada con respecto al PIB: de 15,6% del PIB en 2000, la deuda privada pasará a ocupar el 23% del PIB en enero de 2020.
Los pronósticos de las consecuencias económicas de la pandemia y de la crisis mundial que ya se manifiestan para Colombia son preocupantes. Según el BM el PIB se reducirá un 2% este año, FMI estima en más la disminución (-2,4%), menos del promedio de reducción que se estima para la región, alrededor del 4,6%, o el de países como Brasil (-5%) y México (-6%) con economías reales más robustas. No obstante, es una reducción del PIB que se dará en un contexto de un país como Colombia que se ubica, según el informe de desigualdad de la Oxfam International, en el segundo puesto como país más desigual de toda América, sólo superado por Haití, y con la mayor concentración de la riqueza en la América Latina.
La medida que piden los proponentes de la carta liberaría el pago por servicios de la deuda por un valor aproximado de 60 billones de pesos para el 2020 y de 71 billones para el 2021, además de quitar para los años venideros esta carga que absorbe anualmente una cuarta parte o más del presupuesto nacional anual, con esta medida se tendría un presupuesto libre para afrontar la pandemia y sus consecuencias en lo que resta de 2020 y los siguientes años. Con estos recursos el nivel de endeudamiento debería disminuir y la solución a la crisis puede darse vía gasto social con una mayor independencia del Estado en su accionar sin recurrir a mayor endeudamiento. Sin embargo, sería a penas el inicio de una serie de medidas de cambios institucionales que deberían garantizar que los recursos lleguen a quienes deben llegar: a la compra de respiradores, tapabocas, equipo médico, así como para el sostenimiento de quienes trabajan la tierra, a los trabajadores de las ciudades y a los pequeños y medianos empresarios. Recursos que deberían garantizar la efectividad de la cuarentena y la recuperación económica aminorando la crisis para los sectores populares y medios de la sociedad.
Para que este dinero llegara a la gente, y en esto la carta solo planteaba un tímido paso, se requiere una transformación del modelo de la deuda que sostiene la lógica rentista de la elite política y económica colombiana. Es decir, para que el cese del pago de la deuda no solamente signifique una reoxigenación del mecanismo de endeudamiento alrededor del cual se han venido enriqueciendo y concentrando la riqueza nacional en sus manos unos cuantos. Se debe romper con lo que algunos economistas cercanos a la escuela austriaca, cuna ideológica del neoliberalismo, por cierto, llaman el efecto Cantillon. En un escenario de financiarización de la economía, el efecto Cantillon se refiere al fenómeno en el que las empresas que tienen más de su capital vinculado con transacciones financiera son las favorecidas en la adquisición de la emisión de dinero vía crédito al tener una relación privilegiada con la banca central y con el Estado, mientras que las que más tienen su capital invertido en el sector productivo y menos cercanas están a los circuitos de financiarización, reciben las migajas del dinero vertido a la economía vía deuda. Para decirlo más claramente, los que están en el sector bancario u operan en empresas que manejan instrumentos del mercado financieros que se gestionan en la bolsa: instrumentos del mercado cambiario, futuros o derivados, fondos de pensiones, entre otros, son los que absorben la mayoría del crédito y la emisión en momentos de expansión monetaria cuando se enuncia como objetivo el generar mayor liquidez. Es decir, que, de la pretensión de aumentar la liquidez en la sociedad y la velocidad de circulación monetaria, resulta todo lo contrario: el dinero se concentra en un sector exclusivo que lo multiplica gracias a la especulación financiera y no circula en las cadenas de producción y consumo.
Esta situación desincentiva y arruina al sector productivo y financiariza progresivamente las actividades más rentables en busca de ganancias especulativas cuantiosas que implican poca inversión y ninguna movilidad o ganancia económica para la sociedad. De esta manera, progresivamente la financiarización lleva a que la política económica esté dominada por una lógica monetarista en la cual el Estado y la banca central, en el caso colombiano el Banco de la República, operan a su servicio y alimentan un sistema que por un lado concentra la riqueza en unos cuantos, surgen los multimillonarios latinoamericanos protagonistas en la revista Forbes en países con altos índices de desigualdad y pobreza, y, por el otro lado, un empobrecimiento y precarización generalizada de la sociedad. A este efecto de la financiarización habría que sumarle que en Colombia una tradición rentista en buena parte de su elite ha configurado un capitalismo improductivo y dependiente que sienta su ganancia sobre la marginación de amplios segmentos de la población, con una institucionalidad poco democrática que de décadas atrás ha estado al servicio del poder económico nacional, regional y local; condiciones históricas que han facilitado la apropiación de los recursos emitidos por el Estado para el beneficio de unos pocos, al lado de una raquítica clase media y amplios segmentos de la población en franca pobreza y exclusión de servicios fundamentales. Sobre estas condiciones del capitalismo a la colombiana, la financiarización neoliberal no hizo más que montarse y retroalimentarse, de allí la convivencia perfecta entre la dominación del sector financiero y la clase terrateniente que controla al Estado y a la economía nacional.
Una muestra de que esta lógica de apropiación y despojo estructura la economía colombiana es lo que ha venido definiendo los créditos de ayuda ante la pandemia y de incentivación de la economía que ha emitido el gobierno hasta ahora. La Contraloría ya señaló que el 90% de los créditos que se han destinado al agro durante la emergencia no han terminado en actividades productivas, sino en manos de la agroindustria y comercializadoras que manejan grandes recursos en el sector financiero (destinados estos créditos, seguramente, a la especulación financiera), mientras que su propósito manifiesto de fortalecer la producción alimentaria queda subsumido ante una realidad económica financiarizada, basada en la apropiación de la riqueza de los demás a partir de la deuda. Lo mismo sucede con los créditos destinados a la población en los cuales se utiliza como intermediario a la banca y en cuyo recorrido lo que llega a quienes reciben el crédito es mínimo comparado con las ganancias que se generaron para las corporaciones financieras.
Es decir, la condonación de la deuda externa sería el primer paso en países como Colombia para comenzar a dar muchos más en dirección a desmontar un sistema basado en la financiarización de la economía, que se sustenta sobre la deuda en detrimento de la producción y de la reproducción de la vida de las personas. Sin embargo, ese primer paso un gobierno como el de Iván Duque no lo va a dar, y si no hay una movilización masiva y constante de la sociedad que no pare hasta que las cosas cambien nunca sucederá, y seguiremos en una espiral decreciente que cada vez nos hará, a la mayoría que dependemos de nuestro trabajo, más vulnerables a las crisis: a más pandemias o a más pobreza, al final a más muerte. Mientras tanto, como decía una convocatoria: “¡Quédate en casa, pero no en silencio!”. Y agregaría: "Ni tampoco quieto! ¡Movilízate desde casa!".
