El gobierno del presidente Duque radicó, al fin, la tan anunciada reforma tributaria. Con un nombre destinado a engañar, Solidaridad Sostenible, presenta un proyecto de Ley que, en su artículo 1º dice: La reforma tiene tres grandes objetivos: “la redefinición de la regla fiscal; el fortalecimiento y focalización del gasto social; y la redistribución de las cargas tributarias y ambientales”. Y “adicionalmente, se adoptan las medidas presupuestales correspondientes para su adecuada implementación”.
La lectura minuciosa deja claro que los tres objetivos que busca el gobierno los podrá alcanzar, pero sobre la base de crear más cargas impositivas para los sectores populares y las capas medias de la población. La redistribución de las cargas tributarias y ambientales no se hará sobre la base de gravar los grandes capitales y las fabulosas utilidades de los megáricos del capital financiero, la gran minería, el comercio exterior y los supermonopolios —tanto nacionales como extranjeros— que controlan gran parte de la vida económica del país.
Los recursos se rebuscarán con más IVA a centenares de artículos de primera necesidad, entre ellos, algunos alimentos, medicinas, droga veterinaria, procedimientos quirúrgicos, materiales de construcción, abonos y una gama inmensa de bienes y servicios necesarios para la producción agropecuaria e industrial y para la vida y el bienestar de la gente. Además, aumenta los impuestos directos y crea otros indirectos. Los de renta y los complementarios que se cobrarán a quienes tengan ingresos superiores a 2,4 millones de pesos al mes, la reducción de las rentas exentas y los deducibles que pasarán del 40% al 25% y que obligarán a pagar más impuestos a asalariados y trabajadores independientes, y a pequeños y medianos comerciantes, industriales y productores agropecuarios.
De igual manera, crea nuevos impuestos, como el solidario, que le quitará, a trabajadores y pensionados con ingresos superiores a 10 millones de pesos al mes, el 10% de su ingreso. También crea o reforma impuestos para la atención del cambio climático y el cuidado de la naturaleza y entre ellos, en el artículo 142, crea el impuesto a los plaguicidas, insecticidas, herbicidas, raticidas y otros más, con una tasa impositiva del 8% que pagarán los consumidores finales. De ahora en adelante, el gobierno “cuidará la naturaleza” cobrándole a los productores agropecuarios de arroz, tomate, papa y otros productos este nuevo impuesto y a las gentes que necesitan esos productos por sanidad humana.
En cuanto a los productores agropecuarios, además de lo ya señalado, debemos hacer énfasis en los siguientes aspectos: Por las diferencias definidas en el estatuto tributario entre bienes exentos de IVA y bienes excluidos de IVA, en esta reforma, al pasar una larga lista de bienes y servicios necesarios para la producción agropecuaria a la categoría de excluidos, se crea una situación que implica lo siguiente: Está definido en la ley que los bienes exentos, aunque están gravados con IVA, tienen una tarifa de 0%, es decir, no pagan IVA. Pero, además, al ser exento ese producto, le permite al productor reclamar la devolución del IVA pagado en el proceso de producción. Disposición que aplica para quienes, con empresas formalizadas, compran o producen esos alimentos, los benefician industrialmente y los comercializan. Los excluidos tienen una diferencia que es muy importante, ya que, aunque no están gravados con IVA, no tienen derecho a solicitar devolución del IVA causado en el proceso de producción, beneficio e industrialización del bien respectivo.
Lo que significa para los productores que quedan sin posibilidad de reclamar devolución del IVA causado, es que los obliga a pagarlo ellos, o a transferirlo a los consumidores, o a perderlo cuando por la superproducción, las importaciones o la especulación, no puedan —ni siquiera— en la venta del producto recuperar los costos de producción, del bien producido. Esto llevará a alzas en los artículos de primera necesidad. Sin duda subirán los precios de la carne de res, cerdo, pollo, pescado, huevos, leche y sus derivados, papa, y verduras y hortalizas procesadas, entre otros alimentos.
Por otra parte, al permitir el ingreso de producto importado, la panela incluida, sin el pago de un IVA equivalente al que pagarán los productores nacionales, se entrega una ventaja adicional a la producción extranjera desatendiendo, aún más, la producción nacional. En medio de las desventajas competitivas pactadas en los Tratados de Libre Comercio, TLC, se agrega esta. Los países desarrollados para producir y beneficiar sus alimentos entregan a sus productores, del tipo que sean, inmensos subsidios estatales. Con muchos de esas naciones tenemos TLC acordados. A ellos, sus países les dan subsidios, a los productores agropecuarios e industriales de alimentos en Colombia, con esta reforma, les dan nuevas cargas tributarias.
Los productos agrícolas y pecuarios ya señalados, los servicios que se prestan a los productores en una serie de labores esenciales para las labores agropecuarias, los nuevos IVA para tractores, máquinas y herramientas que pasarán a excluidos, al igual que, la droga veterinaria y demás elementos necesarios para la ganadería y piscicultura llevarán a mayores costos de producción y a un pago mayor de impuestos. También es importante hacer referencia a otros puntos de la reforma que afectan a los productores agropecuarios.
El alza en los combustibles aumentará el precio, en muchos de los procesos de beneficio de los productos agropecuarios y en las labores del campo. La reforma aumenta la sobretasa a la gasolina y crea una sobretasa al ACPM que además tendrá también un impuesto al carbono de $179 pesos por galón. Es otro impuesto que golpea al sector. La facturación electrónica no solo se reafirma, sino que se endurece en las sanciones a quienes no facturen estando obligados a hacerlo. Y les crea a miles de empresarios del agro nuevos costos en su actividad económicos
Esta reforma tributaria y los reclamos hechos (frente a las importaciones de alimentos que podemos producir; la necesidad de fijar precios remunerativos y estables para la producción agropecuaria nacional; el rechazo al elevado costo de abonos y demás insumos; la solución al problema de las deudas; y la revisión o supresión de los TLC, entre otros problemas que requieren soluciones) llevan a Dignidad Agropecuaria Colombiana a tomar la decisión de participar en las movilizaciones, democráticas y pacíficas, que se realicen en el país el próximo 28 de abril.
* Director Ejecutivo Nacional - Dignidad Agropecuaria Colombiana
