Siloé (cuya palabra es hebrea y significa enviado) es un territorio caleño que se ha construido a pulso, siendo originariamente tierra poblada por indígenas yanakonas que fueron traídos del sur por Sebastián de Belalcázar y asentados a las afueras de la naciente ciudad, después, ocupada por esclavos negros de la Hacienda Cañaveralejo, a los que se sumarían, en 1907, mineros provenientes de Marmato, que habían sido expulsados del “triángulo de oro” (región en donde convergían los límites de los estados soberanos del Cauca, Antioquía y Tolima y desaparecidos con la Constitución Política de 1886) por el general Alfredo Vásquez Cobo, quien habría sido beneficiado con aquellos terrenos por parte del presidente Rafael Reyes; posteriormente, el territorio recibiría la población de campesinos desplazados por la violencia que sobrevino a la muerte del candidato presidencial liberal Jorge Eliécer Gaitán. Producto de una alianza entre estudiantes del Colegio Santa Librada, la entonces recién creada Universidad del Valle (1945) y jóvenes del partido comunista, la población recibiría alfabetización y orientación en términos de la construcción en zonas populares, y se constituiría en nicho de rebeldía, de esfuerzo propio, autonomía y conservación de tradiciones populares como lo es el convite y la minga.
El pasado 3 de mayo, este emblemático barrio de la ciudad de Cali fue objeto del terrorismo y la violencia estatal, desatados a propósito de las protestas (legítimas) que iniciaron el 28 de abril, con la convocatoria hecha a un paro nacional por parte de organizaciones sociales y sindicales, y que se prolongaron durante dos meses continuos, colocando a Cali como el epicentro y capital de la resistencia a nivel nacional, y al evento como un hecho sin precedentes en la historia del país, comparable internamente al movimiento comunero de 1871 e internacionalmente con el mayo francés de 1968, o, más recientemente, con el estallido social chileno de 2019.
Después de haberse obtenido la renuncia del cuestionado ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, presionada esta por las manifestaciones que llevaron a que igualmente se cayera la reforma tributaria que este promovía, ante la intensificación y fortalecimiento de la resistencia en todo el territorio caleño, el alcalde Cali Jorge Iván Ospina pidió al gobierno nacional que se adelantara un consejo de seguridad en la ciudad, acusando temerariamente a los convocantes del Paro de ser los responsables de los desmanes que se pudieron haber presentado, razón por la cual el burgo maestre fue desplazado como primera autoridad de policía a nivel distrital, poniéndose a la cabeza de las operaciones de la fuerza pública al cuestionado general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, designado comandante del ejército nacional por el anodino presidente Iván Duque Márquez, en reemplazo del también cuestionado general Nicacio Martínez, quien renunció por sus vinculaciones con casos de violación de derechos humanos, ya que habría dado órdenes para duplicar las bajas de “criminales y rebeldes”, sin importar que se produjeran muertes de civiles durante las operaciones.
El general Zapateiro, implicado en un caso de ejecución extrajudicial ocurrido en el 2014 y la desaparición forzada de Jaime Enrique Quintero Cano, padre del futbolista de la selección Colombia, Juan Fernando Quintero, sería entonces el encargado de comandar las acciones en contra de los manifestantes, y en especial, de desbloquear las vías públicas, dándole un tratamiento de guerra a la protesta social, desplegando una fuerza brutal, que para el día 2 de mayo ya arrojaba un número estimado de 14 muertos, en tan solo 4 días de manifestaciones.
La suerte estaba echada para el punto de concentración y resistencia de Siloé, que, como en un déjá vu o eterno retorno, el 3 de mayo terminaría padeciendo nuevamente la violencia del Estado, tal como lo experimentará a finales del año 1985, en el gobierno del presidente Belisario Batancourt, en lo que se conoció como la operación “navidad limpia”, dirigida por las fuerzas militares y de policía en contra del grupo insurgente de corte nacionalista M-19 (nacido en febrero de 1974); esta tuvo como antesala los acontecimientos del 1 de octubre de 1985, cuando las fuerzas militares y de policía entran en el Siloé y asesinan, con un tiro en la cabeza, al niño Jorge Eliécer Ramírez (tenía 14 años, ayudaba al sostenimiento de su casa trabajando como arriero y en esos momentos iba a recoger unos caballos para cumplir con su jornada), siendo arrojado su cuerpo a una zanja junto con un fusil, para hacerle pasar como insurgente; fue el primer falso positivo comprobado en Colombia. A partir de allí se inicia una confrontación a finales de noviembre y comienzos de diciembre, en la denominada Operación Navidad Limpia, en la que 25 milicianos del M-19, armados con fusiles y carabinas, enfrentan a más de 3.000 hombres de las fuerzas militares y de policía que incursionaron en el territorio acompañados de helicópteros artillados, cañones, tanquetas, tanques de guerra cascabel, etc.; después de 6 días el ejército termina operaciones, con un saldo de 25 muertos, aproximadamente 40 heridos y 3 desaparecidos. Los insurgentes seguirían activos hasta el acuerdo de paz de 1990.
Y es que el 3 de mayo de 2021 se replicó en cierta forma lo ocurrido en 1985, una fuerza descomunal fue desplegada por parte de la Policía Nacional, que, siendo aproximadamente las 8 de la noche, concurrió masivamente al complejo de policía de El Lido, parte baja de Siloé, con personal motorizado movilizado en parejas (“matrimonios”), Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y grupo de operaciones especiales (GOES), entre otros, dotados todos con armas de fuego, muchos de ellos con armas de largo alcance, y acompañados de helicópteros y tanquetas provistas con la cuestionada arma antidisturbios venom. Con el pretexto de supuestas acciones hostiles en contra de la policía por parte de los protestantes que se encontraban congregados en la glorieta de la carrera 52 con calle 1ª, el personal uniformado, una vez se suspendiera la iluminación eléctrica en todo el sector, inició su arremetida tomándose en principio el espacio de la glorieta, para seguidamente adentrarse por las calles del popular barrio, accionando a discreción todas sus armas, fueran letales o no: aturdidoras, gases, venom, y armas de fuego, fueran traumáticas, de pistola o de fusil. Al final de la jornada el saldo sería de 3 personas asesinadas por la fuerza pública y decenas los heridos, en su mayoría por armas de fuego, no pocas por tiro de fusil, tal como consta en los registros del centro de salud del sector, a dónde fueron llevadas algunas de las víctimas. A diferencia de lo acontecido en 1985, el enfrentamiento fue con civiles desarmados, sin fusiles o carabinas con qué responder, solo piedras y arengas.
El tratamiento militar y de guerra a la protesta continuaría en los días subsiguientes, no solo con el punto de resistencia del sector de Siloé, en donde al finalizar los bloqueos se sumaron un total de 10 muertos y 50 heridos (según los cálculos más optimistas), sino en todos los puntos de resistencia de la ciudad, en donde, a la cifra de muertos y heridos hay que sumar otro tanto por concepto de desaparecidos. La Operación Zapateiro, tal como la denominara un reconocido líder del sector, se sumaría a la cadena de actos de sangre desatados por un Estado corporativo, policivo y opresor, que, en lugar de poner las instituciones al servicio de la comunidad y la sociedad en general, optó por la violencia como forma respuesta y control de la protesta, favoreciendo de paso los intereses mezquinos del gran capital que lo tiene cooptado.
Se aproxima la conmemoración del 20 de julio 1810, ya veremos qué atrae más la atención del país y del mundo: ¿la tradicional de los militares y la fuerza pública, rígida y sombría como su forma de pensar, o la de la sociedad civil, despierta hoy más que nunca, colorida y disímil, dispuesta a tomar el control de su destino? Amanecerá y veremos.
