De haber implementado medidas colectivas de protección estaríamos contando otra historia. Sin embargo aún es posible replantear los escenarios. El cruel asesinato de Maritza Quiroz, en el corregimiento de Bonda, en Santa Marta —si bien han señalado que no estaba amenazada— es el campanazo para que en una ciudad donde no se registraban hechos como este se valore la complementariedad de las medidas por parte de la institucionalidad.
En mi mente un flashback, un recuento de las épocas en que debatíamos en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) la pertinencia de los esquemas de seguridad y la importancia de la adopción de medidas colectivas de protección para las comunidades. Esta discusión es completamente vigente aunque la dábamos hace una década. Las medidas de protección para un líder campesino no pueden ser las mismas que para un sindicalista o para un periodista. Medidas de protección como se implementan actualmente son un fracaso.
No es válido para un líder campesino que se le entregue un celular y un chaleco antibalas. Si en su zona no entra señal de celular y en su lugar de vivienda y trabajo se encuentra incomunicado, con vías de acceso en mal estado, por no decir inexistentes en algunos casos, ¿para qué? Un chaleco que le pesa para sus labores del campo, trabajar bajo el sol con el azadón y el chaleco no debe ser nada fácil.
Las medidas de protección deberían ser pensadas desde las garantías de no repetición de los hechos violentos. Las medidas de protección en el contexto de los líderes campesinos, sociales, comunitarios, deben pensarse desde lo colectivo. Medidas de protección colectivas no individuales (salvo casos específicos que lo ameriten). Fortalecer las comunidades con mejorar la presencia institucional, inversión estatal puede salvar las vidas de miles de personas. ¡Que no se sigan engañando! Imposible la protección individual. No hay tantos escoltas de UNP ni policías para asumir los planes padrino que garanticen la seguridad de los líderes amenazados en el territorio.
A los ilegales les molesta el empoderamiento de los lideres, la visibilización de su trabajo y sobretodo, que puedan ir aglutinando a su alrededor más adeptos que cada vez, con menos miedo, se enfrenten a los criminales de turno para defender su territorio de prácticas como el narcotráfico.
Las comunidades para su protección necesitan de la inversión estatal, necesitan estar comunicados, necesitan poder desplazarse libremente por el territorio. Requieren del fortalecimiento de la fuerza pública con acompañamiento permanente en las comunidades. No hay que seguir engañándose donde no hay presencia estatal este espacio es asumido por otro actor que hace sus veces. Demostrado quedó con la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que más se demoró la dejación de armas para que llegara un nuevo grupo a ocupar el territorio en la mayoría de los casos con el beneplácito de excomandantes.
La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) durante su mandato realizó una serie de recomendaciones al gobierno en busca de establecer medidas de protección ajustadas a las realidades de las víctimas y sobre todo para las comunidades en general. Los debates internos en la Comisión fueron pensandos siempre en medidas de protección colectivas para las comunidades y el territorio en busca de llegar a darles garantías de no repetición de los hechos violentos asociados al conflicto armado. Para los que fuimos miembros de esa comisión, en mi caso, como analista nacional de DDR sus siglas Desarme, Desmovilización y Reintegración y responsable de la macro región Caribe, advertimos los riesgos de los escenarios futuros, es decir lo que esta ocurriendo hoy.
Cada uno de los informes presentados por la línea de DDR advirtió el rearme en los territorios y la consolidación de nuevos poderes regionales ligados a las economías ilegales que supervivieron al proceso de las AUC, fueron entregados cuadros de estructuras que reemplazaron a los bloques paramilitares que se iban desmovilizando, desde ese entonces se reflejaba el entronado de una nueva franquicia como en el caso del Magdalena, donde en la Troncal del Caribe —corregimiento de Guachaca, Santa Marta— no ha dejado de existir un actor armado ilegal desde el mismo momento en que se dio la desmovilización en febrero de 2006 del Bloque Resistencia Tayrona. De inmediato apareció lo que se denominó Bloque Caique Aruhacos que luego mutó al bloque Nevados que no era más que el grupo que lideraron los hermanos Mejía Munera, también conocidos como los mellizos y que aprovecharon la posición geoestrategica de la Sierra Nevada de Santa Marta. Los hermanos Mejía compraron la franquicia del territorio para apoderarse de los 80 kilometros de puertos naturales con los que cuenta ese corredor y así expandir su negocio ilegal.
Los riesgos que supone este territorio mientras el narcotráfico sea rentable son innumerables, no será posible la restitución de tierras, retornos y reasentamientos. La última gran confrontación de actores se vivió en el año 2012 en el segundo semestre cuando el Clan Giraldo le disputó el territorio a los Urabeños. El triunfo de los Giraldo dejó instalado el terror de los pachencas. Si bien esta zona cuenta con una moderna estación de policía, así como también se han hecho inversiones para el monitoreo de la troncal con cámaras de alta tecnología y se ha fortalecido al Batallón de Alta Montaña con movilidad la presencia es escasa y se requiere que las tropas regresen. La estabilización del territorio entre el 2013 y 2017 estuvo muy ligada a la fuerte presencia del ejército en el territorio, con operaciones de alto impacto que diezmaron la organización de pachenca.
Tanto el alcalde como la gobernadora deben solicitar al comandante de FF. MM. mover al comando del Alta Montaña para Guachaca. El desplazamiento del centro de mando desde Papare hacia Tucurinca en el año 2018 abrió una brecha que permitió la recomposición en el territorio de este actor armado ilegal. Así como, el establecimiento de otros clanes ligados históricamente al paramilitarismo en otros puntos del departamento como el caso de Zona Bananera y Ciénaga donde se presentó el secuestro y rescate de Melisa Martinez.
Los beneficios de la protección a la vida y la sensación de seguridad debe ser generalizados hacia toda la comunidad. Sería importante priorizar inversiones en la zona rural. La creación de la Alta Consejería Para la Sierra Nevada y programas como La Sierra Vuelve a Sembrar ambos significativos para cerrarle el espacio a la ilegalidad, reconstituye confianza y mejora la comunicación entre las comunidades y sus autoridades. Pero aún es insuficiente, el 80% del territorio es zona rural.
Se le suma con gran relevancia al tema de las víctimas en la zona rural y urbana el auge de la vocación turística. Lo que obliga a la adopción de medidas que dicten las pautas para la gestión turística y para la protección de los visitantes. Sobre todo en zona rural, donde son muy desalentadores los antecedentes. El caso en 2003 del secuestro de los ocho extranjeros que se movilizaban hacia Ciudad Perdida entre otros hechos que ocurrieron ese mismo año o más recientemente el secuestro en 2013 de hotelero Ricardo Trujillo que fue raptado en su hotel en Quebrada Valencia. Hechos lamentables que no deben repetirse y que como ciudadanos deseamos dejar en el pasado.
Dos misiones para las autoridades politíco administrativas:
1. El retorno en las mismas condiciones del Batallón de Alta Montaña.
2. Para la garantizar la no repetición: la construcción participativa de las medidas colectivas para la protección de las víctimas y del territorio.
