La película arranca con la aprobación de la Ley 142 de 1994, que dio la largada a la enajenación del patrimonio público de las empresas prestadoras de los servicios de agua, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, gas y telefonía. La ley está basada en el artículo 365 de la Constitución de 1991, que contempla algunos derechos pero impone a la vez las políticas neoliberales de la apertura económica que los hace nugatorios.
Los subsidios de energía eléctrica, por ejemplo, se aplican “hasta el 60 por ciento” para el estrato uno, “hasta el 50 por ciento” para el estrato dos y “hasta el 15 por ciento” para el estrato tres del consumo de subsistencia. Este es definido como “la cantidad mínima de electricidad utilizada en un mes por un usuario típico para satisfacer sus necesidades básicas que tengan vivienda en alturas inferiores a mil metros sobre el nivel del mar establecida en 173 kilovatios hora y por encima de ese nivel es de 130 kilovatios hora”, según la Resolución 0355 de 2004 de la Unidad Minero Energética, UPME, del Ministerio de Minas y Energía.
Cuando el usuario de estos estratos en la Costa Atlántica se pase de los 173 kilovatios está obligado a pagar el consumo superior a tarifa plena y sin subsidio. Actualmente, el kilovatio hora (KWh) pleno tiene un valor de 454 pesos, por lo que el estrato uno paga los 173 KWh a 181,6 pesos, con un descuento del 60%, pero lo que se pase de allí lo paga a 454 pesos (60% más).
Hay otro subsidio adicional llamado FOES (Fondo de Energía Social) para las llamadas áreas especiales, como son barrios subnormales, zonas de difícil gestión y áreas rurales de menor desarrollo, que en la costa abarcan alrededor de 500 mil familias (dos millones de personas). Fue creado por la Ley 812 de 2003 (Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006) y definido por la Resolución 0013 de 2005 del Ministerio de Mina y Energía en su artículo 1°: para estos sectores vulnerables “el consumo de subsistencia es de 184 KWh para viviendas en alturas inferiores a los mil metros sobre el nivel del mar y de 138 KWh por encima de este nivel. Cuando el usuario sobrepase estos consumos debe pagar tarifa plena”. Este subsidio tiene un valor de $92 el kilovatio hora para usuarios que no sobrepasen el consumo de subsistencia.
José Camilo Manzur, presidente del gremio de Distribuidores de Energía Eléctrica, advirtió sobre el déficit actual en los subsidios en la energía eléctrica y el que se viene para 2019 en los siguientes términos: “En 2018 el Presupuesto General de la Nación (PGN) es deficitario y no alcanza en $600 mil millones, no se apropiaron la totalidad de los recursos y la plata alcanzaba hasta mediados de agosto. En 2019, los subsidios totales del país deben ser $3,1 billones, de los cuales el 40% es el mercado del Caribe. De esos $3,1 billones se recaudan por contribución $1,3 billones (de los estratos 5 y 6 y sector comercial). Es decir, hay un déficit de $1,8 billones, y en el Presupuesto de 2019 deberían apropiarse los $600 mil del 2018 más los $1,8 billones de 2019”.
Además, el mismo dirigente gremial afirmó que si no se apropian los recursos en el presupuesto de 2019 los incrementos de las tarifas acumuladas a diciembre 31 de 2019 serían, aproximadamente, del 75% para el estrato uno y de 50% para el estrato dos, cuando en estos momentos las tarifas se han vuelto impagables. Se recuerda también que en el 2015 el déficit fue de $450.000 millones y que para el 2014 estaban en veremos $600.000 millones para los subsidios de estos sectores, lo que demuestra la negligencia estatal para atender el pago de los subsidios de los estratos más necesitados en el servicio eléctrico.
Como se ve los déficits se han vuelto crónicos y hay voces gremiales del sector eléctrico que plantean recortar los subsidios, con lo cual el remedio sería peor que la enfermedad porque ocasionaría una verdadera debacle. Lo conducente es replantear el modelo económico neoliberal que está haciendo agua. Como lo demostró la votación histórica de la consulta anticorrupción despunta un nuevo amanecer que pone en primer lugar las necesidades más sentidas de la población, de la clase media y sectores empresariales en defensa de la producción, la democracia y el bienestar social.
