Los ingresos de la universidad provienen, principalmentem, de dos fuentes: del Gobierno Nacional y de la gestión de recursos propios. Hay un tipo de ingreso por parte de la Nación que hace base, es decir, puede contarse con él año tras año (para 2016 será de 95 mil millones de pesos); mientras otros ingresos de Nación son fluctuantes o esporádicos, como la estampilla, el CREE, los incentivos o las regalías. Los recursos propios se generan con venta de servicios, derechos de grado, certificados, habilitaciones, adiciones, cancelaciones, ventas de PIN, cobro de matrículas a pregrado, posgrado y programas especiales, etc. (Para 2016 se espera que este ingreso sea de 41 mil millones).
Los gastos son de dos tipos: por un lado, de funcionamiento o recurrentes, es decir, constantes en el tiempo, como el pago de impuestos y servicios públicos, pago a docentes, empleados y administrativos o el mantenimiento de las estructuras físicas; por otro lado, de inversión o no recurrentes, o sea, que sólo se hacen una vez en mucho tiempo, como construir un edificio o dotar tecnológicamente las aulas.
A pesar de que los gastos de funcionamiento son ineludibles, de los 118 mil millones que requiere éste rubro para 2016, hacen falta 16 mil millones. La inversión, encargada de que la universidad avance, es la gran afectada en este presupuesto, pues de los 86 mil millones necesarios (junto con pago de intereses al sector financiero) hacen falta 52 mil millones. No hay plata, por ejemplo, para la construcción del edificio de residencias femeninas, del hospital o en su defecto IPS universitaria, para el reforzamiento del edificio de ingenierías, y no es claro el inicio de obras de los escenarios deportivos que se vienen prometiendo desde hace tiempo, además de otras necesidades como un buen servicio de Internet y el restaurante universitario.
Lo anterior indica que a la universidad el próximo año ingresarán 136 mil millones, pero la necesidad de gastos asciende a 204 mil millones, por tanto el déficit es de 68 mil millones de pesos, el cual se reducirá con eventuales ingresos durante el transcurso del año, aunque por supuesto no en su totalidad.
Desde hace 23 años el Gobierno congeló el presupuesto a las 32 universidades estatales, a pesar de que la educación tiene por naturaleza costos marginalmente crecientes; es decir, la enseñanza se complejiza a medida que avanza el conocimiento, la investigación y las exigencias tecnológicas, por lo que la inversión requiere aumentar año a año. En el 2001 los aportes de la Nación a la Universidad de Caldas eran del 82 % y los propios del 18 %, hoy la relación es 60 % Nación y 40% propios. Sumado al congelamiento, la universidad ha tenido que asumir el costo de la aplicación de legislación gubernamental sobre seguridad social en salud y pensiones, e igualdad de trato en régimen salarial y prestacional para docentes y administrativos. Solo cumplir la aplicación del decreto 1279 le ha costado a la universidad 24.400 millones de pesos en cinco años. Éste gasto se ubica como el gran déficit estructural de la Institución.
Según estudio del SUE (órgano compuesto por los rectores de las universidades estatales), desde 1993 hasta 2011 las universidades tuvieron necesidades financieras por 18,8 billones de pesos, pero éstas con esfuerzos propios lograron asumir 7,6 billones, por lo que el déficit a la fecha se estimó en 11,2 billones, sin embargo, nuevos estudios del mismo órgano revelan que hoy esa carencia asciende a 15.04 billones.
A raíz de la despreocupación del Gobierno, las universidades han tenido que recurrir a préstamos con el sector financiero. La Universidad de Caldas recientemente adquirió una deuda con el Findeter por 17.800 millones de pesos para la construcción de la primera fase del Centro Cultural Rogelio Salmona. Por ese préstamo tendrá que devolver 30.000 millones. Lo trágico es que aún faltan dos etapas.
El Consejo Superior de la Universidad de Caldas no debe aprobar este presupuesto insensato y, por el contrario, debe exigirle al Gobierno Nacional la ampliación de la base presupuestal para las universidades, la modificación de manera favorable del esquema de financiación acordado en la Ley 30 de 1992 y el envío de los recursos que adeuda.
