La Defensoría del Pueblo que tiene su origen en el ombudsman,del sistema jurídico sueco, fue instituida en Colombia desde 1991. La Misión de Observación Electoral advirtió el 21 de agosto de 2012 que Jorge Armando Otálora Gómez no tiene la trayectoria necesaria para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo; los que lo apoyaron argumentaron que por encima de las calidades primaban los acuerdos políticos, y en efecto la Cámara con una votación a su favor de más del 97% eligió al funcionario público que gana más que el presidente de la república. (Otálora recibe mensualmente cerca de 33 mdp, el presidente Santos 23 mdp). Antes de su elección Otálora, a sabiendas que estaba impedido, se le veía por los pasillos del Capitolio suplicando al congreso incluyera en el orden del dia su renuncia como magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Los otros candidatos para Defensor eran Emperatriz Linares , experta en derechos de infancia y Olga Lucía Gaitán especializada en derechos humanos. Primó la judicatura, y allí Otálora aprendería muy bien la lección de sus electores en relación a la discriminación laboral y de género que aplica en su entidad. Cuando Otálora llegó a la Defensoría con 126 votos, él sabía que era una pieza importante de los 126 que lo eligieron, y desde ese día , después que su secretaría privada verificaba que el que llamaba estaba en la lista de los 126, les pasaba cada vez que lo requerían. A los defensores en 2012 se les vencía el 31 de diciembre el contrato de prestación de servicios, pero Otálora que se posesiono en marzo de 2013, no podía patrocinar una “masacre laboral” ni incumplir a los 126, por lo que sus asesores en cabeza de Esiquio Manuel Sánchez , le dijeron al oído que prorrogora los contratos hasta el 31 de mayo de 2013; otros le susurraban que hiciera un concurso para buscar cupos a los recomendados de los 126, a lo que Otálora visiblemente emocionado contestó “magnífico¡ y al siguiente día convocó a los 2.960 defensores públicos de todo el país a un duelo, o prueba reina (él es académico) consistente en formular a cada uno UNA SOLA PREGUNTA. Se presentaron 4.376 de 120 mil aspirantes que hay para 2.960 cargos. Los que no contestaron según el criterio de los “examinadores” eran excluidos automáticamente, no se les renovó el contrato el 31 de mayo de 2013. Otálora después de conocer los resultados de las pruebas académicas apagó los móviles, se desplazó en su vehículo particular para su residencia, con pocos escoltas, el carro asignado estaba varado, y esa noche durmió tranquilo, al otro día no acudió a su despacho de la calle 57, pero a la semana siguiente sus asesores comenzaron a contactar a los representantes que lo habían elegido. De esta guadañadora no se salvó ni el presidente del Colegio de Abogados, Gerardo Duque Gomez, quien recientemente había constituido un sindicato. La guadañadora de Otálora se llevó por delante personas de la tercera edad, madres cabeza de familia, y a todo aquel que no tuviera palanca de alguno de los 126. Conozco el caso de un defensor laboral que después de renovar su hoja de vida durante 7 años, fue convocado en agosto de 2012 a pruebas: el defensor Wollam Pérez lo entrevistó personalmente, igual su secretaría privada, examen escrito y entrevista personal con el Comité de selección de la DPA, y fue contratado. Como a todos se le formuló una sola pregunta, y en sentir del Comité no contesto satisfactoriamente, y pasando por encima de la estabilidad laboral reforzada que era titular, la entidad rectora de los derechos humanos lo mandó a la calle. Así se protege la tercera edad en la defensoría del pueblo, donde son adeptos del ministro de Finanzas del Japón, Taro Aso, que no se cansa de decirle a sus pensionados que porque no se mueren.
En el piso bajo del despacho del Defensor del Pueblo, en la calle 57 con carrera 10 de Bogotá, atienden 16 defensores públicos especializados en derecho laboral. Desde las 5 de la mañana acuden los usuarios para lograr una cita a un mes o más con un Defensor. Por la congestión esta área es apoyada por consultores de planta de DP y un día a la semana por estudiantes de derecho que hacen su judicatura. Según algunos la lentitud en atender oportunamente al usuario se debe “a la altísima carga laboral” que pesa sobre los responsables. Cada Defensor Laboral, trabaja un día a la semana de 8 a.m. a 5 p.m., en el que debe atender 9 usuarios que consultan generalmente sobre reconocimiento de salarios, prestaciones e indemnizaciones. El defensor laboral le da trámite al caso con una gestión directa, que consiste en requerir al empleador incumplido a que pague lo debido o cumpla sus deberes; por lo general los reclamados nunca contestan a la defensoría ni al usuario, por lo que este debe resignarse o insistir. Un defensor laboral que devenga un poco más de 3 mdp, anualmente debe atender más de 430 consultas, de las cuales muchas se convierten en procesos, y así un dl en un año puede tener una carga de 100 demandas más de las que tenía el año anterior. Bogotá con solo 16 defensores laborales está muy rezagada, y con esto la Defensoría del Pueblo no contribuye a una paz social como reiteradamente lo pregona.
