La Defensoría del Pueblo adelanta permanentemente acciones de monitoreo, advertencia y seguimiento a los escenarios de riesgo que amenazan y atentan contra la defensa de los derechos humanos en el país.
Este informe parte de la importancia del derecho a la vida y del reconocimiento de que toda muerte violenta de un líder social es, en sí misma, un atentado contra los principios del Estado Social de Derecho. El registro de las conductas vulneratorias cometidas en contra de los defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, que realiza la Defensoría del Pueblo, tiene como principal objetivo, conocer el estado de los derechos humanos en el país para promover acciones institucionales a nivel nacional y regional que permitan su garantía y goce efectivo.
El presente reporte, describe de manera general los resultados del proceso de monitoreo, advertencia y seguimiento del Sistema de Alertas Tempranas, así como información relevante sobre las conductas vulneratorias en contra de los líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos registradas y validadas por la Defensoría del Pueblo en el periodo 2016-2020.
Monitoreo, advertencia y seguimiento.
La Delegada para la Prevención al Riesgo de Violación de derechos humanos, infracciones al DIH y el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, ha emitido desde 2017 y hasta la fecha, un total de 201 Alertas Tempranas[1]. En 187 de estas, se ha identificado y advertido a las personas defensoras de los derechos humanos, líderes y lideresas sociales como una de las poblaciones afectadas.
Cuatro de estas Alertas Tempranas se han emitido con carácter nacional, a saber, la AT 026-18 sobre la situación de riesgo particular de esta población, la AT 022-18 y la AT 035-19 que refieren los riesgos a los cuales se exponen los líderes por la realización de comicios electorales y la AT 018-20 sobre los factores de amenaza emergentes a causa del COVID 19.
Los departamentos con mayor número de Alertas Tempranas que identifican riesgos para esta población son Antioquia (25), Chocó (23), Cauca (16), Valle del Cauca (14), Nariño (13), Norte de Santander (12), Bolívar (11) y Meta (9).
La violencia, contra las personas defensoras de derechos humanos, tiene expresiones particulares a nivel territorial, cuyos rasgos están marcados por la recomposición de dominios armados que se encontraban bajo la influencia de las FARC – EP; la persistencia de otros actores armados ilegales que en diferentes niveles usufructúan economías legales e ilegales y afectan los derechos de la población civil, las dificultades en la implementación del Acuerdo de Paz y la Política Pública de Prevención.
La Defensoría del Pueblo ha identificado que la existencia de factores de amenaza para los líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos se encuentra asociada a la presencia en territorio de economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando[2], así como la disputa por control territorial entre Grupos Armados Organizados.
Se identifican como principales conductas vulneratorias que afectan la defensa de los derechos humanos: los homicidios, atentados, desplazamientos forzados, retenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y secuestros. Hechos violentos que afectan los derechos de los líderes sociales a la vida, libertad, integridad personal y seguridad.
Reporte de información sobre conductas vulneratorias
Metodología
Para adelantar estas acciones de monitoreo y registro, la Defensoría del Pueblo, cuenta con 43 profesionales especializados que realizan las labores de levantamiento y análisis de información en los 32 departamentos del país, 7 analistas nacionales que consolidan los resultados regionales, y un analista nacional dedicado exclusivamente al acompañamiento, análisis, seguimiento y evaluación de la situación de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, liderado por el Defensor Delegado para la Prevención al Riesgo de Violación de Derechos Humanos e infracciones al DIH y Sistema de Alertas Tempranas.
La metodología establecida por la entidad mediante Resolución 074 del 14 de agosto de 2020 indica que, una vez la entidad conoce del hecho violento, se verifica en territorio con las autoridades locales, organizaciones sociales y comunidad en general, la condición de defensor de derechos humanos, líder o lideresa social de la víctima.
Esta información es recopilada y analizada como elementos determinantes en la caracterización de los escenarios de riesgo que realiza la Defensoría del Pueblo y es posteriormente remitida a la Fiscalía General de la Nación en el marco de sus competencias.
Reporte de conductas vulneratorias 2016-2020
De acuerdo con la información recopilada por la Defensoría del Pueblo, en el periodo comprendido entre 2016 y 2020, se presentaron 4281 conductas vulneratorias contra personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales.
3194 del total de conductas registradas corresponden a amenazas, 753 a homicidios, 193 a atentados, 31 a desplazamientos forzados, 26 casos de retención arbitrarias, 13 desapariciones forzadas, 13 secuestros, 8 casos de estigmatización, 10 casos de destrucción de bienes, así como otro tipo de hechos violentos que afectan sus derechos a la vida, libertad, integridad personal y seguridad.
Del periodo referido, el año en que se ha presentado un mayor número de conductas vulneratorias es el 2018 con 1306 que corresponden a 1033 amenazas, 178 homicidios, 61 atentados, 8 retenciones arbitrarias, 7 desplazamientos forzados y 5 desapariciones, entre otras conductas registradas.
El análisis regional, muestra que el departamento en el cual se han registrado mayor número de conductas vulneratorias en el periodo 2016-2020 es Cauca con un total de 414 discriminadas así: 43 conductas registradas en el 2016, 53 en 2017, 164 en 2018, 71 en 2019 y 84 en 2020. En segundo lugar se ubica Bogotá D.C. con un total acumulado de 299 conductas vulneratorias, seguido de Norte de Santander con 267.
Frente a los sectores sociales más afectados en el periodo 2016-2020, se encuentran los líderes comunales con 707 conductas vulneratorias registradas, seguidos por líderes indígenas con 624, 616 conductas en contra de líderes comunitarios, 564 en contra de líderes víctimas, 367 en contra de activistas de derechos humanos, 336 en contra de líderes campesinos y agrarios, 250 en contra de líderes afrodescendientes, 218 en contra de servidores públicos, 176 en contra de líderes sindicales, 126 en contra de mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos, entre otros sectores sociales.
Reporte de conductas vulneratorias 2020
Tabla 1
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Total conductas vulneratorias | 376 | 562 | 1306 | 1058 | 979 |
Durante el año 2020, la entidad registró 979 conductas vulneratorias en contra de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, que corresponden a 607 amenazas, 182 homicidios, 7 secuestros, 51 atentados, 5 retenciones arbitrarias, 13 desplazamientos, 2 desapariciones forzadas, 2 imposiciones de normas de conducta y 22 casos de otro tipo de hechos violentos.
A diferencia del 2019, cuando los líderes sociales y defensores de derechos humanos de Juntas de Acción Comunal fueron los más afectados con 178 conductas vulneratorias registradas en su contra, en el 2020, los líderes de víctimas registraron un mayor número de dichas conductas con un total de 156, seguido por los líderes comunales con 149, los líderes indígenas con 140 y los líderes comunitarios con 131.
En comparación a lo ocurrido en el año 2019, la Defensoría del Pueblo advierte una disminución en los casos registrados de amenazas, pasando de 858 en 2019 a 697 en 2020. En el caso de homicidios a líderes sociales, la Defensoría del Pueblo advierte un aumento en comparación al año anterior, pasando de 134 a 182 en 2020 (ver tabla 2). En los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca, Chocó, Putumayo, Huila, Córdoba, Meta, Bolívar, Santander, Quindío, Casanare, Boyacá y Guaviare se presentaron incrementos, mientras que, en Caquetá, Arauca, Risaralda, Magdalena, La Guajira y Vichada, disminuciones. Atlántico y Caldas no reportaron homicidios de líderes sociales durante el 2020.
Tabla 2
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total |
| 133 | 126 | 178 | 134 | 182 | 753 |
El total de casos de homicidios registrados por la Defensoría del Pueblo en el 2020, ocurrieron en 103 municipios del país. El 50% de estos se concentran en 4 departamentos: Cauca, Antioquia, Nariño y Chocó. Es importante destacar que, de conformidad con lo identificado en las Alertas Tempranas, estos territorios en donde se concentran los homicidios a líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos coinciden con los departamentos en los cuales se han emitido un mayor número de advertencias debido a la existencia de escenarios de riesgo asociados a la lucha por el control territorial entre Grupos Armados Organizados y la presencia de economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.
La información contenida en este reporte sobre las conductas vulneratorias registradas por la Defensoría del Pueblo ha sido puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación en el marco de sus competencias (artículo 250 de la Constitución Política y artículo 66 de la Ley 906 de 2004).
[1] Todos los documentos de advertencia en los cuales ya se ha realizado la primera sesión de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas se encuentran disponibles en: https://alertastempranas.defensoria.gov.co
[2] Según la información del Sistema de Alertas Tempranas hacen parte de los escenarios de riesgo identificados.
