Las universidades públicas de Colombia hoy claman auxilio de la sociedad colombiana en general. La causa de este clamor es el déficit financiero, que hoy atenta contra la existencia de estas instituciones de educación superior. Es el momento de actuar o ¿acaso esta será la generación que deje acabar a la universidad pública colombiana?
La importancia de las universidades públicas:
La universidad pública es una de las instituciones más importantes de la sociedad, esto porque es donde las personas tienen la oportunidad de poner en el plano de la argumentación y las ideas problemas vitales de la humanidad y la vida en general, pero con un interés más específico, que es favorecer a la sociedad en su completitud, entendiéndose esto como la participación de todos y todas las personas sin discriminación alguna. Es decir, la universidad pública está llamada a contribuir en conocimientos y técnica al bienestar social, a la coherencia y horizontalidad política, y al desarrollo económico no de un sector en específico, sino de una nación o región en general.
Las universidades públicas están dotadas de cualidades que las hacen ser órganos donde la formación de personas con pensamiento y actitudes críticas es notable. Cualidades como la participación de personas de estratos socioeconómicos bajos y de diversidad étnica, sexual e ideológica han hecho que las universidades públicas sean nichos de pensamientos emancipadores, que nacen con la intención de divulgar, denunciar y transformar acontecimientos sociales, culturales, políticos y económicos que causan injusticias, inequidades y desigualdades, tales como: la pobreza, el machismo, crisis ambiental, la corrupción, etc.
La crisis de las universidades públicas en Colombia:
Sin embargo, las universidades públicas, en especial la de los países que pertenecen al mal llamado tercer mundo o países en desarrollo, durante el presente siglo han venido recibiendo múltiples ataques del sistema económico neoliberal, que busca bajo las dinámicas del mercado y las riquezas monetarias disfrazadas de políticas estatales o proyectos legislativos, privatizar lo público bajo el argumento de "lo público no genera ganancia e incrementa la inestabilidad económica".
Colombia, por ejemplo, no ha sido ajena a este mal, tal es el caso que al día de hoy, en el año 2018, peligra la existencia de las 32 universidades públicas del país, esto como causa del déficit financiero que hoy padecen estas instituciones de educación superior. Las universidades públicas claman recursos financieros para poder seguir con sus actividades formativas, investigativas, de proyección e incluso administrativas. Esto porque para el año en curso, estas instituciones de educación superior, no tienen cómo finalizar el año porque sus finanzas han llegado a un estado preocupante. Aquí van algunos datos relevantes para entender mejor esta crisis de las 32 universidades públicas de Colombia:
- “La situación de desfinanciamiento que presentan las 32 universidades públicas en el país, en el momento actual, es de aproximadamente 15 billones de pesos. Esto obedece a que el Estado, en las últimas décadas, ha priorizado otros programas de Gobierno y a además, desde el 1991 se incorporó en la constitución política de Colombia el concepto de educación como servicio público, es decir, se pensó como servicio de consumo y no como derecho fundamental. Esto ha lesionado a amplios sectores de la población en el acceso a la educación pública superior” (Docentes y estudiantes de la Universidad de Caldas, 2018).
- “El problema financiero de las universidades públicas es estructural y creciente porque sus ingresos crecen a un ritmo menor que sus gastos. Esto es así porque la Ley 30 de 1992 estableció transferencias anuales incrementadas con bases en el IPC, en tanto sus gastos lo hacen a un ritmo superior: los estudiantes se multiplican, los docentes tienen cada vez más títulos e investigaciones y la población en posgrados viene en aumento. La Nacional, por ejemplo, tiene un 18 % de estudiantes en maestría, lo que cuesta, en promedio, tres veces más que un joven matriculado en pregrado. También tiene el 91 % de sus profesores con maestría y doctorado, lo que le genera pagos mayores por su salario” (Zubiría Samper, 2017).
- “La ley 1002 del 2005, transforma el Icetex una entidad financiera, subsidio a la demanda, es decir, se incrementan los requisitos para acceder al crédito para estudios universitarios y con ello, los intereses que debe pagar el joven y su familia. Esta entidad financiera recibe dinero por parte del Estado, en la actualidad y en el futuro” (Docentes y estudiantes de la Universidad de Caldas, 2018).
- En el 2014 se lanza el programa Ser Pilo Paga por parte del Ministerio de Educación Nacional con la intención de contribuir el acceso a la educación como derecho, pero “El programa nació con un problema que hacía prever su enorme riesgo de fracasar: no fue discutido con el Congreso, ni con la academia, ni con la comunidad. Simplemente, una universidad privada convenció a la ministra Gina Parody de su “brillante” idea. Ella, muy interesada en impulsar su carrera política, inició, con poco tiempo de reflexión, discusión, investigación y planeación, un programa que le costaría al país cerca de cuatro billones de pesos y con resultados, por lo menos, muy discutibles” (Zubiría Samper, 2018).
Además, “el programa tampoco consolidó el derecho a la educación ya que solo benefició a 10.000 estudiantes por año. Menos del 2 por ciento de los egresados anualmente de la educación media, que en la actualidad son más de 540.000. Si siguiéramos una política de este tipo, nos demoraríamos más de cinco décadas para garantizar el derecho de todos los estudiantes a la educación superior. Es un tiempo excesivo en una democracia que ya ha tardado mucho tiempo en extender este derecho, en especial, para los sectores más pobres de la población.” (Zubiría Samper, 2018).
¿Cómo puede contribuir la sociedad civil a la permanencia de las universidades públicas de Colombia? Ideas para continuar caminando de forma colectiva en esta lucha por una educación pública y digna:
Es necesario entonces, realizar acciones concretas para dar respuesta a esta crisis que hoy aqueja a las universidades públicas, a continuación se enuncian tres acciones que se pueden realizar contando con la participación de diferentes personas de la sociedad colombiana:
El referendo aprobatorio como mecanismo de participación ciudadana: “La idea del referendo aprobatorio surge en el marco de las reflexiones del movimiento de estudiantes y profesores en el mes de noviembre de 2017 después del “II Foro de Sostenibilidad Financiera de las Universidades Públicas” (Peralta, 2018).
Para quienes no tengan claro que es un referendo aprobatorio a continuación se cita su definición: “el referendo aprobatorio, el cual se prevé como mecanismo para convertir una región en entidad territorial al igual que para reformar directamente la Constitución y para refrendar las reformas constitucionales que el Congreso aprobare en relación con los derechos fundamentales y sus garantías, con los procedimientos de participación popular o con el Congreso mismo” (Corte Constitucional de Colombia).
El referendo le permitiría a la sociedad colombiana posicionar a la educación como derecho fundamental y no como un servicio público, y de esta manera lograr centrar la atención hacia la educación más allá de la visión de un negocio. Lograr esto, posibilitará ampliar la cobertura a nivel nacional en educación en todos sus niveles y de brindar mejores garantías de sostenibilidad, calidad y dignidad. Como menciona la profesora de Trabajo Social de la Universidad de Caldas Beatriz Peralta:
“Ciertamente, el referendo es uno de los mecanismos más efectivo para ejercer la ciudadanía con poder de introducir reformas a la constitución y que para el caso que compete esta reflexión es lograr la consideración de la educación en derecho fundamental.
Es una figura que por la determinación social permitiría cambios estructurales en la vida de la universidad pública que se requiere en los actuales momentos de fragilidad institucional” (Peralta, 2018).
Para la realización del referendo se debe tener en cuenta que:
“El procedimiento para efectuar un referendo inicia cuando los promotores inscriben su solicitud ante la Registraduría del Estado Civil y reciben el formulario con el cual deben recoger, en un máximo de 6 meses, el apoyo del 10% de los ciudadanos que integran el respectivo censo electoral. Si se logra conseguir dicho apoyo el gobierno convoca mediante Decreto a votaciones en las cuales se determina si se aprueba o no el respectivo referendo. La decisión se adopta por la mitad más uno de los votos, siempre que haya participado al menos la cuarta parte del censo electoral respectivo.
En el caso del referendo constitucional, los promotores deben recoger en un máximo de 6 meses, el apoyo del 5% de los ciudadanos que integran el respectivo censo electoral. Si lo logran, el paso siguiente es la aprobación por parte del Congreso de la respectiva ley de convocatoria (que contiene el texto mismo de la reforma que será sometida a decisión popular). Seguidamente viene el control que ejerce la Corte Constitucional; luego se dan las votaciones en las cuales el pueblo decide si reforma o no la Constitución.
La decisión adoptada por el pueblo sólo tiene efectos jurídicos si así lo determinan la mitad más uno de los votantes, siempre que haya participado al menos la cuarta parte de quienes integran el respectivo censo electoral. Se trata en este caso de requisitos que en gran parte se sustentan en las exigencias de la Constitución.” (Universidad de Antioquía)
Acciones de carácter pedagógico sobre la crisis de la Educación pública de Colombia: es necesario al momento de generar conciencia en la sociedad sobre la crisis que enfrentan hoy las universidades públicas, iniciar un proceso de formación que permita informar sobre lo que está pasando y lo que va pasar con la educación superior, aclarar dudas contextuales y conceptuales y generar acciones de apoyo, pero este proceso de formación debe ser dirigido a toda la sociedad, dado que se debe informar al mayor número de personas que vivan en el territorio colombiano, dado que al haber más gente informada del asunto, mayor va ser la denuncia y el apoyo que se haga en pro de la educación superior.
Es necesario en este proceso de formación idear estrategias que permita que cualquier persona entienda la importancia de las universidades públicas en Colombia, es por esto que en este proceso las personas profesionales de la educación y del trabajo comunitario deben jugar un rol primordial.
La Movilización social, las calles como escenario de los sujetos políticos: la movilización social no puede faltar al momento de defender a las universidades públicas, esto porque es el escenario donde la sociedad en general visibiliza su inconformidad, además porque demuestra estar dispuesta a parar en sus actividades cotidianas por algo que demuestran es de vital importancia para un bienestar social. La movilización en defensa de las universidades públicas debe trascender de la sola participación de docentes y estudiantes, en las calles al momento de exigir un derecho como es el de la educación, deben participar diferentes sectores o grupos poblacionales, esto porque la educación es algo que impacta a la sociedad en general.
Para concluir, es necesario entender que estas tres acciones que se plantean no pueden realizarse por separado, las tres deben ser parte de una sola estrategia de defensa de la educación superior colombiana, porque sin pedagogía es difícil hacer que las personas que no están inmersas en las dinámicas universitarias se preocupen por movilizarse y optar por apoyar un referendo aprobatorio. Incluso desde los mismos escenarios de movilización se puede promocionar la idea del referendo aprobatorio y se puede optar por consignas y estrategias que permitan informar e iniciar un proceso de concientización sobre la actual crisis de las universidades públicas.
Referencias:
Corte Constitucional de Colombia. (s.f.). Sentencia No. C-180/94. Recuperado el 01 de octubre de 2018.
Docentes y estudiantes de la Universidad de Caldas. (2018). Actividad con instituciones educativas.
Peralta , B. (15 de septiembre de 2018). La universidad pública clama por el apoyo de la sociedad civil. Recuperado el 26 de septiembre de 2018, de La Silla Vacía.
Univerisdad de Antioquía. (s.f.). Referendo. Recuperado el 01 de octubre de 2018.
Zubiría Samper, J. (13 de junio de 2017). La guerra abierta contra la educación pública. Recuperado el 28 de septiembre de 2018.
