Me deprime el estado de postración, por el que está pasando en la administración de justicia de arriba hacia abajo. El sistema judicial imperante colapsó. Tocó fondo y se desbordó, aun cuando los beneficiados de tenerla en la olla se resistan admitirlo. Es una verdad, que no hay como taparla.
La corrupción apolilló, desvertebró, torció y destruyó, el régimen judicial vigente, que carece de confianza y credibilidad popular por los hechos que se destapan, dejando a la justicia mal parada, por responsabilidad de los encargados de operarla y administrar, en nombre de la República de Colombia.
La justicia que se administra en esta nación no es transparente, ni mucho menos imparcial, con ínfimas excepciones, condicionada a resultados compensativos económicamente, en expediciones de providencias favorables, para alguna de las partes, interesadas en ganar y en contravía de legalidad, no obstante, ser un deber y una obligación; de jueces y magistrados, cumplir y hacer cumplir, las normas legales vigentes.
La justicia es una institución pública, sobre la cual nos asiste el derecho, de defenderla y salvarla; cuan esta, se convierta en un servicio peligroso, parcializado y deslizado; donde no se garantizan, ecuanimidad y la balanza, se inclina más abajo por el dinero, que, por los derecho probado, la verdad o la razón. La Administración de Justicia, no es un establecimiento de comercio.
Los escándalos y los cuestionamientos, originados por jueces, fiscales y magistrados a todos nos afectan en el Estado de derecho democráticos.Por eso surgen las reacciones populares ante las acciones y hechos aberrantes y perversos que asombran y consternan, por los tráficos de influencias, e intereses en negocios ilícitos, aprobados, en beneficio de una de las partes y en perjuicio, de otras. De igual forma ejercer persecuciones por animadversión o encargos remunerados contra quienes denuncien, quejen, censuren o no, comulguen y replique a los administradores de justicia en uso a los derechos fundamentales. Por nada podemos permitir y aceptar, que la rama judicial, se implementen dictaduras y ejerzan funciones, permeadas, de corrupción; violando los principios y deberes, que deben cumplir, en condición de servicio público esencial.
Aun cuando no he sido un adicto al litigio, por circunstancias apremiantes y necesarias de trabajo, inicié por admitir poderes, dedicándome a ejercer la defensa de derechos ajenos y algunos propios. Tenía nociones de cómo se jugaba al interior de los despachos judicial, pero quería conocer a fondo el tráfico y manejo de las operaciones, en los procedimientos judiciales formales, de trámites, en los términos estipulados, sujeto a las interpretaciones normativas, fundamentada y amparadas, en pruebas; esperando de los operadores judiciales, decisiones coherentes y concordantes, con los hechos y pretensiones, que se formulan en el contenido textual, de las demandas.
Controvertir decisiones, con recursos legales y opinar, en medio de comunicaciones, en especial las redes sociales, es motivo para convertirlo en víctima, cerrando el acceso a los reconocimientos legales, negando sin razón y con sentimientos revanchistas todas las demandas que impetren; como ha ocurrido con el suscrito, que estoy seguro, no seré el único, ubicándome y referenciándome, en lista negra e investigándome, discriminativamente, por compulsaciones de copia, en mi contra. Últimamente he optado, por tirar la toalla y no continuar, recibiendo poderes, sustituyendo los restantes, para que mis representados, no resulten perjudicados, con motivo a las persecuciones indebida y de mala fe, que ejercen en mi contra, sin gozar de la solidaridad y apoyo, de los colegas abogados, que aun cuando también son víctimas, prefieren sufrir en silencio, cuidándose de caer en la caldera del diablo, con la esperanza, de que jueces y magistrados, algún día se compadezcan, como pordioseros y le den limosna, favoreciéndolo con un fallo de baja cuantía.
El problema judicial no es solo con los tres ex “honorables” magistrados, de la Corte Suprema de Justicia, ni de los tribunales del Meta, Cúcuta o el fiscal; anticorrupción. La implicación es general, comprometiendo más del 80% de los Jueces y Magistrados, en el territorio nacional; comenzando por las cúspides; Corte Constitucional, Corte Suprema, Consejo de Estado, Consejo de la Judicatura, Fiscalía, tribunales y jueces; en las distintas categorías, que aun cuando no le gusten este comentario, no pueden tapar el sol con la mano. Lo más grave, es que operan al estilo de bandas, carteles o mafias; en conciertos delincuencial; desdibujando la pulcritud y dignidad, moral de la justicia.
Si no se depura, erradica y descontamina, el funcionamiento de la administración de justicia seguirá de mal en peor, sin que ninguna reforma pueda calar y cambiar los vicios que la degeneran. Si sigue siendo administrada por los mismos y las mismas que se han usurpado y beneficiado ilicitanamente, causándole grandes daños irreversibles, ¿qué futuro le espera?, ¿auto regulación? La justicia no es una sociedad mercantilista, ni propiedad privada, que permita hacer y deshacer, para utilidad personal, desmeritando el servicio público, asignando a la rama judicial. Los ciudadanos tenemos el derecho de disentir, reprochar y opinar; cuando nos inconforman y enojan; las providencias judiciales, des-virtualizando decisiones.
Como la carrera de Derecho tiene otros campos para el ejercicio profesional, me dedicaré a prestar servicios de asesoría, consultoría y análisis jurídico periodístico; que publicaré en mi columna habitual, para informar, despertar los espíritus: dormidos, arrugados, temerosos y sumisos; motivando a las víctimas, a que se manifiesten en uso a los derechos de opinión. La administración de justicia también requiere de una comisión de la verdad, que emplace y convoque a todas las víctimas, de fallo y sentencia; negociadas, para que sobre las mismas, se practiquen revisiones de los procesos. Negar o revocar derechos pretendidos, en demandas, porque no se compró en prepago el fallo o sentencia, o por castigo a una de las partes o su apoderado, es como asesinar a un ser humano, secuestrado, porque no pagaron el rescate o por rivalidad y venganza.
