Aquel sábado 26 de agosto de 2014 en La Habana, cuando se avanzaba las negociaciones de paz del gobierno Santos con las Farc, Constanza Turbay Cote oyó de boca de Fabián Ramírez, comandante del frente 14 de esa guerrilla, la que creyó una confesión sincera: “Sí, doña Constanza, la muerte de su familia ha sido el peor de nuestros errores y lo cometimos llevados por las intrigas del político Luis Fernando Almario. Le pedimos que nos perdone (…)”. Su encuentro se produjo -por iniciativa e insistencia de ella- en un salón del centro de convenciones de La Habana donde aquel día se instalaba la Mesa de Víctimas, uno de los hitos que señalarían el rumbo del acuerdo de paz.
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Hombre huidizo, de pocas palabras, Ramírez estaba nervioso. Cuando su interlocutora le respondió el saludo de mano lo advirtió sudoroso y poco dispuesto a mirarla a la cara. No había sido fácil dar con él. Marcos Calarcá y Rodrigo Granda le habían asegurado que no era posible sin una autorización superior. Finalmente, Iván Márquez, con quien ella se cruzó en un pasillo, le dijo que él se encargaría de facilitar el encuentro porque era lo mínimo que podría hacer por ella. Márquez era conocedor de la violencia del Caquetá, de donde era oriundo y donde había sido comandante de las Farc. Ofreció llevarla al hotel donde se encontraban algunos de los representantes de la guerrilla, pero ella prefirió que fuera allí en el centro de convenciones y Márquez ordenó traer a su subalterno.
El ascendiente político de los Turbay los convirtió durante tres décadas en la mayor fuerza política del Caquetá.
Única sobreviviente de la tradicional familia liberal caqueteña extinguida por causa de la violencia, la abogada Constanza Turbay había aceptado la invitación a Cuba no solo para respaldar el esfuerzo por la paz. Quería saber de labios de los victimarios la manera en que murió su hermano Rodrigo, secuestrado el 16 de junio de 1995 mientras hacía una correría política por las veredas Galicia y Porvenir, en el Caquetá, y muerto, todavía en poder de la guerrilla, en mayo de 1997, aparentemente ahogado por accidente en un caño poco profundo, pese a que era reconocido como un eximio nadador.
Esperaba que Ramírez, jefe de las principales estructuras de las Farc en el sur del país, le explicara los motivos exactos por los que el 29 de diciembre de 2020 fueron acribillados en plena vía pública su madre, doña Inés Cote de Turbay, su hermano Diego -entonces presidente de la Comisión de Paz de la Cámara- y cinco personas que les acompañaban a la posesión del alcalde de San Vicente del Caguán.
La mención del nombre de Luis Fernando Almario, conocido excongresista y dirigente conservador, la sobrecogió quizá porque provenía de un jefe de la guerrilla. Sin embargo, no era del todo una sorpresa porque ya aparecía en algunos sumarios judiciales. La presunción que campeaba entonces consistía en que Almario habría querido sacar de la arena política a sus principales contradictores y por eso los habría montado alrededor de ellos, con destino a las Farc, un tinglado de mentiras: que estaban preparando una avanzada de los paramilitares en el Caquetá y que financiaban otras causas oscuras con recursos públicos.
Fabián Ramírez e Iván Márquez le incumplieron a la JEP la promesa de contra toda la verdad sobre el magnicidio de los Turbay.
Tanto Márquez como Ramírez se comprometieron aquel día a decir la verdad sin esguinces ante la justicia transicional, cuya arquitectura sería definida durante el proceso de paz. Márquez fue más allá y dijo que lo acontecido con la familia Turbay serviría como el caso emblemático con el que su organización, en trance de convertirse en partido político, les demostraría a las víctimas que su propósito de aportar a la verdad, a la justicia y a la reparación era firme.
La intención que aquel sábado de agosto de 2014 parecía sincera, nunca se cumpliría. Por el contrario, los expedientes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) muestran hoy que la pretendida verdad cambió por completo de rumbo. En una versión rendida un lustro después ante la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, de la Sala de Reconocimiento de la JEP, Fabián Ramírez se desdijo que todo lo que había afirmado en Cuba.
Durante una diligencia en la que comparecieron miembros del antiguo Bloque Sur Ramírez les cedió la palabra a sus subalternos Rubén Darío Montoya y Rubén Polanco para que la ayudaran a aclarar que la que llamó “injusta” alusión al nombre de Almario como determinador del asesinato de los Turbay había sido producto de una versión mentirosa y torpe urdida por el comandante Jairo Martínez miembro de la dirección del bloque.
Los dos acompañantes de Ramírez le dijeron a la magistrada que ellos habían recibido la orden de Jairo Martínez para grabar un video que sería enviado a los medios nacionales y del exterior en el que dirían que Almario les pasaba información a las Farc para desacreditar y sacar el escenario político a los Turbay.
Le atribuirían al dirigente conservador haber promovido un “juicio político” contra Rodrigo Turbay al afirmar se había apropiado de recursos de un contrato para la construcción de la carretera Florencia-Suaza. “La verdad -le dijo el guerrillero Rubén Montoya a la magistrada- eso fue un montaje jurídico, un montaje publicitario que tuvo como fin afectar o afectó la integridad moral del exrepresentante a la Cámara, el doctor Fernando Armario (sic)” (vea aquí el facsímil de la declaración).
Estas son las piezas fundamentales del expediente que revela los alcances de la retractación de Fabián Ramírez ante la JEP.
La JEP quiso saber que diría el llamado comandante Jairo Martínez sobre ese supuesto montaje. Sin embargo, los comparecientes aseguraron que eso ya no sería posible porque Martínez había sido abatido poco después por las Fuerzas Militares durante un bombardeo en Guapi, Cauca, donde desarrollaba labores de pedagogía del acuerdo de paz en discusión en La Habana. La operación militar se produjo el 27 de mayo de 2015.
Luis Fernando Almario y Constanza Turbay han librado durante estos últimos 20 años un pulso silencioso al rededor de la masacre ocurrida el 28 de diciembre de 2000.
Al final Fabián Ramírez y sus acompañantes ofrecieron reparar tanto a Almario por el daño que, según ellos, le estaban causando, como a Constanza Turbay, por las mentiras y verdades a medias que ha tenido que soportar.
Esta suerte de retractación de Fabián Ramírez afecta sensiblemente la actuación de la JEP que recibió en su jurisdicción a Almario pocos días antes de que la Corte Suprema de Justicia fallara el caso del secuestro y muerte del excongresista Rodrigo Turbay Cote. Durante un reciente foro organizado por la Procuraduría en Cartagena Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, afirmó que todos aquellos que se acogen a esa jurisdicción deben recibir una sanción de acuerdo con las normas que regulan la justicia transicional.
En la segunda página del “Formato para la aportación de información a la matriz de datos sobre la verdad de los autores y conductas relacionadas con el conflicto armado colombiano”, que deben llenar todos aquellos que se acogen a la JEP, el compromiso adquirido por el político conservador está descrito así: “Aportar verdad plena sobre diversos hechos que generaron cientos de víctimas en cuanto a afectaciones a la vida, a la propiedad, a la democracia, a la libertad y a la paz. Hechos en lo que se encuentran actores del Estado, de las Farc, de la delincuencia común como el narcotráfico, las autodefensas y de la política caqueteña. Aportar verdad plena sobre diversos hechos que afectaron la vida de cientos de dirigentes políticos, en especial a miembros de la familia Turbay Cote y otros.
Hoy lo cierto es que Almario está libre, goza formalmente de la presunción de inocencia y opera un negocio de comidas en Florencia. A quienes le preguntan por la masacre de los Turbay les muestra la copia entregada por la JEP con la declaración de los exintegrantes de las Farc. Aunque tiene prohibido salir del país, por ahora no afronta mayores apremios judiciales.
Mientras tanto, Constanza Turbay ha tenido que resignarse, por ahora, con una reparación de carácter administrativo que el Estado le entregó por un poco menos de $20 millones. Y ha tenido problemas para encontrar un abogado que la asesore ante la JEP y que no mire su caso, como lo han hecho ya algunos, como poco atractivo desde el punto de vista económico. Un abogado que crea en la justicia como valor fundamental.
