De todos los retos presentes, seguramente la politización creciente de la Corte Constitucional es uno de los que más nos preocupa, porque amenaza el fundamento mismo del Estado y puede menoscabar la propia soberanía, su unidad, su orden público u otros intereses fundamentales, incluida la legalidad vigente y el concepto de justicia en la sociedad. Lamentablemente, esta Corte Constitucional se ha acostumbrado a una interpretación concentracionista, ascendente, la de una autoridad desenfrenada y sin ningún tipo de controles y contrapesos, emprendidos con pretextos arbitrarios y vacíos, lagunosa dogmática e incomprensible. De tanto adoptar una interpretación permanente en clave de política se terminó por atribuirse una legitimidad original “constituyente” del poder constituido al que pretende derrocar, de que en sus fuerzas anida un nuevo poder constituyente.
Este modelo o tipo de activismo judicial que practica la Corte, al que podríamos llamar un intrincado acto de equilibrismo en cuerda floja —una feria de las vanidades—, exalta la autocracia de la magistratura sobre la democracia parlamentaria, glorifica la pequeña facción sobre la sociedad civil y la igualdad sobre la libertad, ensalza la masa y la clase sobre el individuo y la falta de entendimiento sobre la razón. Los miembros de la Corte actúan tanto de fiscal como de juez y magistrado, árbitro y jurado y ejercen funciones judiciales sobre importantes cuestiones relativas a su interpretación y aplicación, pero, al mismo tiempo, son jugadores en ese mismo campo y, a veces, violan flagrantemente el imperio de la ley y la Constitución, practican la discriminación y no están sometidas a la vigilancia de una autoridad específica, con una agenda política en la que se actúa para apoyar a los aliados y debilitar a los adversarios. Esta Corte puede ser soberana, pero en cualquier caso tiene que respetar sus propias normas en sus prácticas internas, pero es también obvio que sus actos no pueden ser arbitrarios, sino que deben estar sujetos a las normas que la misma Carta Fundamental y las leyes establecen. Esto genera un efecto muy desafortunado y un enorme daño al ya debilitado equilibrio institucional y político del país. La Corte no tiene necesidad de ello y, al actuar así, se está haciendo un enorme daño a sí misma.
No se trata de ser un poquito más cordial y amable con los magistrados de la Corte Constitucional o de criticar las acciones de los jueces cuando no nos gustan sus sentencias, sino la voluntad de impedir que se siga por la vía de tomar decisiones desde arriba sin tener en cuenta las realidades en curso, mejorar la transparencia y evitar una desviación de poder cuando esta Corte ejerce su poder de manera arbitraria o abusiva, por ejemplo cuando se atribuye poderes arbitrarios ilimitados y sin un mandato que pudieren afectar al núcleo mismo de las competencias y prerrogativas específicas que nuestra Constitución le otorga a otros órganos constitucionales autónomos, especialmente cuando se trata de impedir que se pueda alejar del Estado de derecho, de lo que llamamos un Estado constitucional. Pero no queremos que se encierre en un círculo vicioso de gansterismo de Estado y enmiende la Constitución a su antojo y capricho para sus propios fines y también y sobre todo arrojar más combustible a la guerra entre la mayoría y la oposición, no escuchar a los ciudadanos (opinión pública) que la critican y a los comentaristas que la cuestionan. Por esto pienso que en este caso debemos ser muy cautelosos y cuidarnos siempre mucho de conferir poderes arbitrarios a una Corte Constitucional. En mi opinión, la Constitución por lo que respecta a sus atribuciones ha dotado a la Corte Constitucional de un poder que no se merece.
Bueno, vamos al grano
En las últimas semanas hemos visto cómo los magistrados de la Corte Constitucional pueden influir excesivamente en la toma de decisiones, las competencias y las prerrogativas específicas que la Constitución asigna al presidente —las objeciones presidenciales a la JEP, el glifosato y el Código de Policía—, siempre encontrando hábiles excusas jurídicas para sus pretextos políticos destinados a ridiculizar, desafiar o desconocer cualquier orden o disposición legal del gobierno, lo que conlleva el riesgo de un poder excesivo y la exclusión del control democrático y no representa, a mi juicio, un camino valiente y estimulante hacia la prosperidad, sino más bien la senda fácil del populismo, que conduce directamente al infierno de la autocracia institucional estructural y la supresión de las opiniones que no encajan en el régimen. Estas decisiones ponen de manifiesto un déficit grave de sensibilidad y mentalidad democráticas y existe un peligro real de desequilibrio e injusticia, una situación cada vez más incontrolable y peligrosa para la paz y la seguridad, que rompe por completo el equilibrio democrático del sistema político que se caracteriza por la separación y la independencia de los poderes, el espíritu y la letra de nuestra Constitución y la de un poder judicial independiente, competente y con credibilidad.
La Corte Constitucional erró con las objeciones presidenciales, luego con el glifosato y, pensando en dar gusto a la oposición de izquierda, propinó una sonora bofetada al gobierno y a los ciudadanos. Evaluó incorrectamente las normas del Código de Policía; una bofetada en el rostro franco de la democracia, en especial para los niños y las familias; una mala señal para los ciudadanos y un precedente que podría ser peligroso para el futuro. Pero por encima de todo, se trata, repito, de una bofetada al presidente que se ha esforzado y continúa esforzándose de manera eficaz, haciendo uso de los poderes conferidos por la Constitución y trabajando para restaurar las condiciones legales y de seguridad necesarias para preservar las bases de la paz, la justicia y la democracia.
Los jueces han puesto en entredicho su adhesión a los principios generalmente aceptados de buena gestión de los asuntos públicos y de respeto del Estado de derecho y una gran cuestión de fondo, que es, la objetividad, independencia y credibilidad de las decisiones, incluido el principio de cooperación leal y transparente que preside las relaciones entre las instituciones derivadas de la Carta Magna contemplado en el artículo 113.4 de la Constitución. En la práctica, para resolver armónicamente los conflictos que se puedan desarrollar, los órganos deben colaborar armónicamente y se abstengan de cualquier medida que pueda poner en peligro la realización de sus fines. Por consiguiente, la Corte ha violado el principio de solidaridad y de cooperación leal subyacente en el apartado 3 de dicho artículo 113. Responderán en última instancia ante el pueblo de esa conducta, así como de cualquier impedimento, negligencia u omisión en el ejercicio de sus funciones, por extralimitación intencionada con apariencia de legalidad (artículo 6 de la Constitución: Extralimitación en el ejercicio de la autoridad).
El poder que la Corte ejerce sobre la vida pública se ha descontrolado totalmente en los últimos cinco años, ahora debemos limitarlo y derogar los enclaves autoritarios. Necesitamos de manera urgente la reintegración del orden constitucional y una supervisión pública que haga que estas Cortes cumplan regulaciones aún más estrictas, claras y predecibles, y nuevas medidas en materia de disciplina y denuncia de las irregularidades para lograr el respeto y el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, a fin de garantizar la observancia de normas éticas estrictas y de imponer pautas claras en todas las Instituciones. Debemos lograr la participación de los partidos políticos y de dirigentes políticos responsables, de organizaciones de la sociedad civil y otros agentes. Tiene que haber convicción política detrás de ella. Si no lo hacemos así, los ciudadanos nunca van a estar lo suficientemente informados y protegidos y tenemos que hacerles ver que sabemos las dificultades a las que se van a enfrentar.
No deberíamos permitir que eclipsen las oportunidades. Estamos hablando de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Estamos hablando de una Colombia de paz, democracia y justicia para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, una nueva página en la historia. Estamos hablando de un mayor respeto a las víctimas de la violencia, de un sistema judicial independiente y la responsabilidad constitucional (política) y civil de los magistrados y más transparencia en las políticas públicas y en la política en general. Benjamín Franklin, uno de los padres de la Constitución de los Estados Unidos, dijo que "los que están dispuestos a renunciar a la libertad fundamental para obtener un poco de seguridad temporal no se merecen ni la libertad ni la seguridad". Confío en que el proceso de reformas del gobierno seguirá su curso. En efecto, debe proseguir y convertirse en un éxito, porque el problema no es solo el fracaso a la hora de informar a los ciudadanos, sino también de una oligarquía pública o privada irresponsable que desea someter la realidad a sus propios sueños imposibles y peligrosos. Sería positivo poder contribuir a resolver este problema. Amén.
