Luego de la jornada electoral del 29 de mayo, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández obtuvieron las dos votaciones más altas del país, permitiéndoles participar en la segunda vuelta electoral del 19 de junio en un escenario político diferente al de los últimos doce años.
Por un lado, Petro nuevamente hace presencia en la segunda vuelta, esta vez con la votación mayoritaria y unas posibilidades más claras de obtener la presidencia; de otro lado, Rodolfo ingresa a esta contienda en su primera postulación presidencial, de forma poco esperada al principio de la de campaña presidencial, mostrándose como un candidato aparentemente ajeno a la clase política tradicional y al gobierno saliente.
Para elegir alguna de estas dos opciones, la ciudadanía colombiana tiene la tarea de reflexionar sobre las propuestas de gobierno. Desde que inició la campaña electoral los candidatos han utilizado estrategias distintas para comunicar sus propuestas y percepciones sobre las problemáticas del país. Petro acudió con fuerza a copar plazas públicas. Rodolfo se decantó por explotar el potencial de los memes y las redes sociales abandonando los espacios de debate público, tal como dijo que lo seguirá haciendo en las semanas previas a la segunda vuelta. Con lo anterior, vale la pena preguntarse ¿cuál es la importancia de los debates públicos electorales para la democracia colombiana?
Los regímenes políticos democráticos sustentan su poder y legitimidad sobre la base de los consensos y las elecciones libres, por lo que en las democracias liberales se ha asentado la idea de reemplazar la violencia por el diálogo y la deliberación argumentativa para tramitar las diferencias políticas y los conflictos. En vísperas de un nuevo ejercicio electoral para la presidencia de Colombia, los debates públicos adquieren una gran relevancia, especialmente cuando el candidato Rodolfo ha expresado públicamente su intención de no atender el llamado a debatir sus propuestas de país, tal como lo hizo Iván Duque en 2018.
Los debates electorales son un ejercicio democrático que provee información a los electores sobre las apuestas de gobierno de los candidatos para atender las necesidades y problemáticas de la población y sus territorios. Los debates permiten comparar y diferenciar a los candidatos en relación a la visión de sociedad y de país que tienen, así como en su personalidad y su estilo de liderazgo en el momento de intervenir, interactuar con sus pares y responder o asumir las preguntas y cuestiones que se les formulen según el formato y regulación del debate.
Por tanto, como ejercicio democrático que contribuye al reconocimiento ciudadano de las apuestas sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales de los candidatos en los próximos cuatro años de gobierno, que afectarán positiva o negativamente las condiciones de vida de los colombianos y colombianas, desde la Fundación Foro Nacional por Colombia – Capítulo Región Central, organización con la misión de fortalecer la democracia del país, hacemos un llamado a que ambos candidatos, especialmente a Rodolfo Hernández, participen activamente en los debates presidenciales que puedan realizarse antes de la segunda vuelta del 19 de junio.
La ciudadanía colombiana merece escuchar e identificar las estrategias que implementará para atender los problemas públicos del país para tomar una decisión mejor informada, más allá del discurso y la propaganda política anticorrupción en la que se ha escudado. Asimismo, la ciudadanía debe tener la oportunidad de reconocer la forma en que afronta un debate argumentativo, la réplica y el escrutinio público de la prensa. No es una decisión menor la elección del gobernante del país en un contexto social y político complejo, y que mejor que se haga de manera informada.
Actualmente, la Ley 996 de 2005 da el derecho a los candidatos presidenciales de solicitar el desarrollo de tres debates, pero no los obliga a participar. Tampoco les da el derecho a los electores de solicitar la realización de debates.
Estos factores, la negativa de los candidatos y la laxitud normativa deben plantear en el país la posibilidad de legislar sobre la obligatoriedad de los debates presidenciales, los formatos que siguen, los medios y espacios en los que se realizan, y el número de ejercicios que podrían ejecutarse para informar al electorado y fortalecer la cultura democrática de los aspirantes, los candidatos, los medios de comunicación y los ciudadanos.
