Colombia es un país de grandes recursos naturales renovables y no renovables, por medio de los cuales nuestra nación debería ser una potencia económica, al menos en Latinoamérica, pero irónicamente, ante esta realidad plausible tenemos a su vez condiciones precarias para gran parte de nuestra población por el no cubrimiento de una serie de necesidades básicas para la supervivencia, así como también fenómenos sociales como el narcotráfico y, en especial, la minería ilegal, que recrudece aún más la situación de miles de familias que ven en la extracción minera un foco de soluciones inmediatas para sus problemáticas cotidianas.
Por ley, el Estado colombiano tiene la propiedad de todos los minerales e hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo, es decir que por ser de derecho público su regulación, a cada uno de los connacionales nos pertenecen los dividendos que se generen en la explotación de las minas. Sin embargo, para la explotación de las mismas se necesitan unas formalidades que le dan legalidad al proceso, con eso no solo se le garantiza seguridad jurídica a las empresas trasnacionales que se dedican a la minería de mayor escala, sino la protección del medioambiente, y lo más importante: la retribución social por la labor realizada en las jurisdicciones donde tienen operación. Esa retribución que hacen las empresas concesionarias se traduce en lo que se conoce como regalías, las cuales sirven para nutrir el presupuesto general de la nación, con el cual se van a adherir los ingresos necesarios para la ejecución de las políticas públicas que van a dar solución a todas las problemáticas que por año reclaman nuestras comunidades en condiciones de vulnerabilidad.
Por las malas prácticas en todas las etapas y la falta de tecnificación en los procesos, la minería ilegal causa una enorme contaminación en nuestras cuencas hidrográficas, por ende, a la fauna y flora, pero también genera un alto detrimento patrimonial para los ingresos de la nación, pues se pierden recursos valiosos por culpa de la evasión, ya que por la falta de control muchas personas y organizaciones eluden el pago de las regalías.
En 2015 hubo un punto álgido en la legislación colombiana con respecto al derecho minero, pues se exigieron más controles en el registro único de comercialización de minerales (RUCOM) con el fin de que el Estado tuviese un mayor control sobre los privados y para eso fue necesario cambiar algunas condiciones que estaban en el Código Minero de 2001. Eso afectó inmediatamente a los mineros tradicionales, quienes no tienen las capacidades para igualarse a las grandes empresas trasnacionales que ganan de manera más cómoda las licitaciones, por lo cual hay conflictos con la ciudadanía, que argumenta el derecho al trabajo en lo que consideran sus territorios ancestrales.
En la actualidad, la normatividad minera tiene ambigüedades y vacíos jurídicos que permiten que la labor de lo que se conoce como chatarreros e inclusive barequeros estén por fuera de la adecuada inspección por fenómenos o patologías sociales que se dan en la praxis y que no han sido regulados de manera efectiva por el legislador.
Reforma al Código de Minas Ley 685 de 2001
