Desde que el Consejo de Estado le restauró los derechos políticos a la excongresista Piedad Córdoba, a quien sancionó e inhabilitó el Procurador Alejandro Ordóñez en dos ocasiones. Una de ellas por las supuestas relaciones con las Farc que fueron desestimadas por la ilegitimidad de las pruebas encontradas en el computador de Raúl Reyes y la otra por financiar una campaña política mientras ejercía como Senadora Liberal.
Piedad Córdoba demandará al Estado por perjuicios económicos y morales, y se calcula que la suma puede ascender a los $1000 millones. Aunque el Procurador Ordóñez ha desestimado la posibilidad de tener que responder por este valor con el argumento de que se tendría que demostrar “primero no hubo dolo en el fallo y segundo no comparto la decisión del Consejo de Estado, y si me tocara fallar nuevamente, volvería a tomar la misma decisión porque quedó demostrado que la doctora Piedad promovió a grupos armados al margen de la Ley”, hay antecentes que invalidarían esta posición.
