Tras la tempestad del pasado domingo cuando se agotaron los tarjetones de la consulta presidencial, ha vuelto la calma al corral de la política. Sin mayores argumentos el registrador ha intentado convencernos de que solo se habría tratado de una falla menor, circunstancial, relacionada con la logística de distribución.
Pero el asunto no puede quedarse allí. Faltan las dos vueltas de la elección presidencial y podríamos llegar a un “voto finish”. En ese contexto el más mínimo episodio que comprometa la imagen de neutralidad propia del organismo electoral podría incendiar al país, sobre todo si el asunto debe dirimirse entre un candidato de la derecha y otro de la izquierda radical.
Ante lo ocurrido el día de las elecciones los votantes del Centro Democrático que participaban en la consulta reaccionaron con relativa calma y esperaron el conteo oficial. Cosa distinta habría acontecido si los tarjetones insuficientes hubiesen sido los de Petro y Caicedo. En este caso estaríamos en estado de conmoción porque Petro veía esos comicios como la oportunidad para demostrar de entrada su hipotética superioridad frente a los candidatos de derecha. En consecuencia, de haberse sentido mal tratado o constreñido habría gritado a todo pulmón para victimizarse de nuevo y levantar pueblo. Y eso es lo que hará si en las presidenciales encuentra la más mínima disculpa para alimentar su demagogia.
Por eso, porque las elecciones que se avecinan pueden comprometer de manera grave la armonía entre los colombianos, es necesario llegar al fondo de lo que paso en el episodio de los tarjetones. Resulta pues ineludible que tanto el Fiscal como el Procurador actúen con celeridad. ¿Será que dentro de la Registraduría hubo funcionarios que interfirieron en la distribución de los tarjetones del Centro Democrático para evitar que esa fuerza apareciera fortalecida? ¿Será que entre los jurados hubo quienes cayeron en la tentación de actuar en forma semejante? ¿Cuáles son los correctivos y precauciones que se deben aplicar desde ya para evitar en el futuro situaciones tan inconvenientes como la registrada?
Pero más allá del episodio mencionado las consultas para escoger los candidatos de partidos o coaliciones en su versión actual, presentan inconvenientes que es preciso mencionar:
1-Ellas castigan a los candidatos presidenciales de las agrupaciones que no usan el mecanismo. Esto se debe a que quienes intervienen en la consulta presidencial pueden hacer promoción y publicidad con meses de antelación en los medios masivos, mientras los demás aspirantes no tienen acceso a tal recurso.
2-Los candidatos que participan en las consultas pueden disponer anticipadamente de financiaciones provenientes del Estado, sin estar supeditados al entramado de restricciones y topes que aplican para la campaña presidencial.
3-Quienes utilizan el mecanismo de la consulta tienen un plazo más largo para definir quien será su fórmula vicepresidencial, asunto que les concede maniobrabilidad adicional en la gestación de acuerdos políticos.
Para resumir la consulta como está diseñada crea graves inequidades entre los aspirantes a la Presidencia. Por eso es apenas natural que los líderes de las encuestas sean precisamente, quienes participaron en aquel proceso. No queda duda de que Juan Fernando Cristo y Juan Manuel Galán tenían razón cuando trataron de persuadir al Partido Liberal de hacer la consulta presidencial en marzo, junto a las elecciones de Congreso. De haber procedido en esa forma quizá Humberto de la Calle no se habría convertido prematuramente en un cadáver electoral.
Sin embargo, lo que resulta más criticable en el mecanismo de consulta presidencial vigente es que propicia la desinstitucionalización de los partidos, al dejar sin piso los procesos de registro de miembros y organización interna; quitar importancia a la generación de una plataforma ideológica y programática, y destrozar la democracia interna permitiendo que sean los terceros en votación abierta quienes escogen a sus representantes para la gesta presidencial.
Pero el asunto es que nuestro Estado es alcahueta. Si los partidos tuvieran que contribuir en algo al pago de la consulta y no contaran con la posibilidad de trasladar su costo al resto de colombianos, hace rato que habrían dado pasos serios para organizar sus procesos de selección.
Las consultas tendrían que efectuarse al menos seis meses
antes de la elección de Congreso
El análisis que corresponde en este tema debe establecer si conviene eliminar el aporte público a unos procedimientos que solamente interesan a partidos individuales. Y en caso de mantener aquel apoyo, definir bajo que condiciones debería hacerse de manera que se eviten la inequidad y la asimetría. En este orden de ideas las consultas tendrían que efectuarse al menos seis meses antes de la elección de Congreso, y los recursos económicos dispuestos por el Estado tendrían que racionalizarse al igual que el acceso a los medios publicitarios y la duración de las campañas.
Si se trata de una reforma integral del sistema también habría que adoptar medidas para que todos los candidatos estén registrados en un solo folio y el voto sea en verdad secreto. No como ahora en que los jurados entregan el tarjetón según la solicitud del interesado, dándose cuenta cuál es su grupo o partido preferido. Y por supuesto, los tarjetones deben incorporar características que garanticen su autenticidad. Esto significa eliminar esa practica tan nueva cuanto peligrosa de votar sobre fotocopias… o servilletas.
