El Bosque Oriental de Bogotá es una zona protegida; sin embargo, varias familias han violado las normas y construyeron sus grandes casas allí. Las viviendas tienen enormes jardines, parqueaderos y tranquilidad. Están avaluadas en miles de millones de pesos. Están construidas en un territorio protegido: los bosques orientales de Bogotá. Las autoridades pueden tomar cartas en el asunto mediante multas e incluso llegar al extremo de demolerlas. Con todo lo anterior no han faltado pleitos judiciales ni amonestaciones hacía los propietarios de las viviendas.
Una de las últimas casas que está en el ojo de las autoridades es la de Cristóbal Pedraza Pineda, quien desde hace varios años ha logrado evadir la multa que le ha impuesto la Corporación Autónoma Regional- CAR, encargada de la protección ambiental en Cundinamarca. Para el ente gubernamental, Pedraza está asociado a un inmueble de 215 m2 cuya construcción implicó hacerle un duro golpe a la naturaleza por haber talado árboles y haber afectado el ecosistema nativo del Bosque Oriental de Bogotá.
La casa de Pedraza Pineda se puede rastrear, según los registros, desde el 2016 y como se mencionó previamente está ubicada en un suelo protegido, por tanto, debió haber sido demolida hace ocho años y Pedraza, además debía haber cancelado una sanción de $136.634.742; no obstante, según los abogados de Cristóbal Pedraza hubo fallas en los procedimientos de la CAR con lo cual el propietario no ha pagado ninguna multa ni mucho menos ha demolido la casa.
Las otras propiedades
El caso de Cristóbal Pedraza Pineda no es el único, si bien ha sido nombrado en las últimas intervenciones de la CAR, existen más personas que han sido investigadas por la ubicación de sus inmuebles. Otros nombres relacionados con las construcciones en los cerros son el de Plinio San Miguel Alvira, dueño de una construcción de casi 700 metros cuadrados. También se ha mencionado el nombre de Elizabeth Gómez Quintero, quien aparece en los registros de la Contraloría distrital con una casa de casi 657 metros cuadrados.
Los dos mencionados tienen propiedades en la reserva de la capital según los documentos de la Contraloría Distrital de Bogotá. Por la ubicación de las casas, la CAR, en un requerimiento a Elizabeth Gómez, le ordenó girar una suma de $5.692.727 para empezar un proceso de legalización de su predio.
Hay una cuarta persona identificada en la documentación de la Contraloría de Bogotá ocupando áreas de la Reserva en los Cerros Orientales de Bogotá. Se trata de Iván Guillermo Lizcano Ortiz, quien el 1 de octubre de 2018 también cumplió con un requerimiento de la CAR por un valor de $5.692.727, para iniciar la normalización la construcción de su vivienda.
Las amenazas
El tema de las construcciones en la Reserva Oriental de Bogotá, por el silencio y por la discreción de los involucrados ha conllevado incluso a amenazas a las personas que le han puesto el ojo a las urbanizaciones. Una de las personas que ha tocado la cuestión ha sido el edil de Chapinero, Juan Felipe Namen. El militante del grupo liberal ha denunciado las construcciones desde el 2016, porque las grandes casas del sector Bagazal ha conllevado a la tala de árboles, secado de agua y la construcción de una garita para el celador de la zona.
Por el cambio al ecosistema del bosque se han roto las normas ambientales, y en consecuencia Juan Felipe ha denunciado los cambios hechos al ecosistema, por ejemplo, con la construcción de la garita se privatizó la reserva porque el circuito de vigilancia pedía a los transeúntes la autorización de los residentes para poder entrar o demostrar que la persona era dueña de las viviendas de la zona.
Cuando la CAR se enteró de la garita del celador la mandó destruir y de paso autorizó la entrada de los capitalinos a la zona, por ser el bosque un espacio público, en otras palabras, los celadores no deben controlar ni la entrada ni salida de nadie; no obstante, las construcciones no han parado y, actualmente en una zona protegida, se siguen edificando viviendas estrato seis.
