Sin embargo, el panorama que vivimos en Colombia nos lleva a pensar que cosas como el genocidio y la desaparición no son compatibles con los derechos, la falta de garantías para desarrollar la protesta social con la militarización de las ciudades, el uso de armas letales en medio de las manifestaciones por parte de la fuerza pública y eliminar la autonomía de los gobiernos locales para el manejo de las mismas, tampoco son acciones coherentes con los derechos.
Aun así lo paradójico es que el gobierno en cabeza del presidente Duque envía diversos mensajes que no son coherentes con sus acciones, más aún si se tiene en cuenta la postura que se tuvo frente a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de la visita que desarrollase en el mes de junio.
En el discurso que dio inicio a la última legislatura del Congreso el pasado 20 de julio, por parte del presidente —que en la actualidad, según revela la encuesta de Invamer, goza de un 76% de desaprobación— se plantearon varios elementos que fueron secundados por aplausos de parte de la bancada de gobierno, en especial en su referencia a las fuerzas armadas, que fueron exaltadas, mientras ese mismo día en las calles se seguía denunciando el actuar de las mismas, cuando aún no se sabe el paradero de muchas de las personas que en medio de las protestas fueron llevadas por parte de la policía y hasta el día de hoy figuran como desaparecidas, algunas encontradas ahogadas y con signos de tortura. No obstante, no hizo referencia alguna en su discurso a la manera como los exmilitares se convierten en mercenarios encargados de asesinar en el exterior incluso a presidentes como ocurrió en el caso de Haití.
Los aplausos se vieron también cuando se hizo referencia a la inversión en educación que fue descrita como la mayor que se ha hecho en cualquier gobierno, a sabiendas que existe una deuda pendiente en esta materia, exigida por parte del magisterio en la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones y que hace parte de acuerdos pactados con el gobierno desde el mandato de Juan Manuel Santos, acuerdos que hasta la fecha no se han materializado y cuando la matrícula cero no es una garantía de largo alcance, no constituye una política de Estado.
Los aplausos se hicieron patentes de igual forma en la referencia que hiciera Duque a la reconstrucción del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina un proyecto que se dijo se alcanzaría en cien días y que en la actualidad lleva más de siete meses, juzguen ustedes. Como es costumbre en las ya conocidas jugaditas, Duque, ese 20 de julio no se quedó a prestar atención a los discursos de la oposición que fueron también saboteados por su bancada, presente en la sala.
Ahora bien, el nuevo presidente del senado, el Conservador Juan Diego Gómez que en la legislatura que pasada fue el presidente de la Comisión Segunda del Senado, donde se debía discutir el acuerdo regional sobre la información, participación pública y acceso a la justicia materia medioambiental en América Latina y el Caribe denominado tratado de Escazú, este acuerdo regional que da obligación al Estado colombiano para implementar procesos de participación así como veedurías ciudadanas en la protección del medio ambiente, acuerdo que resultó hundido debido a la dilación por parte de este personaje como presidente de la Comisión. Sin embargo, en los anuncios que hizo para su presidencia en Senado que inició el 20 de julio, señaló la importancia de este acuerdo como elemento central en su legislatura, ¿paradójico no? Esto pasa en el país donde se asesina de manera sistemática a defensores de derechos humanos, donde por supuesto están incluidos aquellos defensores ambientales.
En este momento en el congreso se han radicado doce proyectos de ley provenientes de parte del Comité Nacional de paro, en concordancia con el pliego único de emergencia. Recordemos la forma en que en medio de la protesta social por parte del pueblo colombiano en las calles se actuó de forma dilatoria, no se logró siquiera una instalación formal de la mesa debido a la postura del gobierno en cabeza, primero del comisionado para la paz Miguel Ceballos (ahora candidato a la presidencia) y luego de Emilio José Archila, Consejero para la Estabilización, quienes insistieron en no brindar garantías para un ejercicio libre y sin temor a ser ejecutado, violado o desaparecido en medio de las manifestaciones, con cifras que se elevan a 75 asesinados de los cuales 44 presuntamente corresponden a la fuerza pública, 28 víctimas de violencia sexual y 548 desaparecidos, según datos de Indepaz. Ello sin hablar de las mutilaciones oculares y los arrestos ilegales.
Esperamos que a los proyectos de ley presentados por el Comité Nacional de Paro, se les dé en el congreso el curso pertinente y no ocurra de nuevo como en la mesa que no se pudo instalar o como en la comisión segunda con el tratado de Escazú, la movilización propuesta para el 26 de agosto apunta a este objetivo.
2022 es un año electoral en el que se espera que el Congreso de la República sea renovado y llegue a la presidencia nacional alguien acorde con los derechos; que tanto rama ejecutiva como legislativa estén dispuestas a hacer de la carta constitucional un derrotero no para profundizar un modelo económico que fundado en las libertades omite las de una amplia porción de la población, que se legisle y se ejecute no en beneficio de unas élites políticas y económicas como ha ocurrido a lo largo de más de 200 años de la república.
Que ideas de personajes como María Fernanda Cabal que no ve en la salud un derecho sino un negocio, en tanto afirma que quienes tengan la posibilidad de pagar son quienes deberían acceder al servicio, la misma que afirma que en caso de llegar a la presidencia una protesta no le duraría más de tres días ¿qué hará? ¿llegará a acuerdos pronto? o ¿exterminará a todos los manifestantes? ¿hace parte ello de la reforma a la policía aparte del uniforme? La misma que tuvo el descaro de decirle a las víctimas la bochornosa frase de “estudien vagos” colocándose un aura de sabiduría, cuando la educación y un sinnúmero de derechos han sido negadas a diversas comunidades en el país entre ellos el derecho a la tierra vía desplazamiento forzado, donde ella y su esposo el José Félix Lafaurie, el presidente de Fedegan tiene mucho que explicar.
Lo que sí se sabe es que en la próxima legislatura, la que inicia el 20 de julio del año 2022, se tendrá la participación de las 16 curules para la paz que habían sido negadas por una jugadita del que fuera en ese entonces el presidente del Congreso, miembro del Centro Democrático, curules que según Duque van a ser dadas a simpatizantes de los victimarios, curules que fueron revividas a partir del análisis en la Corte Constitucional, que esperan promulgación por parte de presidencia y que hacen parte de la implementación del Acuerdo de Paz, acuerdo que por cierto sigue intentando ser hecho trizas a pesar de que la canciller en el exterior siga diciendo que se están haciendo todos los esfuerzos para la implementación… ¡definitivamente, qué hipocresía!
