En el final del año pasado y el principio de este, se ha registrado al menos el asesinato de un líder social por día. Son mensajes viejos y nuevos. Viejos en el sentido de que quienes han venido liderando procesos de derechos humanos y restitución de tierras, después del acuerdo de paz, les quitan la vida para amedrentar a la comunidad y hacerlos desistir de sus propósitos. Y nuevos, pues se hace en medio del mayor evento de movilización social de los colombianos. Con ello se quiere ir notificando el futuro que les puede esperar a quienes persisten en la movilización y el paro.
Asiste así el país, a un cuadro desolador en la garantía del derecho a la vida, pues quien debiera garantizarla poca consideración tiene frente a ello y por el contrario intenta o de minimizar el asunto, señalando que es una circunstancia en la cual el Estado y el gobierno no tienen como cuidar a cerca de 6 millones de líderes sociales, o de explicar que es culpa del narcotráfico, o más cínicamente señalar que son líos de faldas o que por algo será; que en ningún momento se pueden considerar como sistemáticos, es decir, como que el gobierno no tiene nada que ver.
Y todo ello viene sucediendo, sí desde el anterior gobierno, pero hoy exacerbado, ante la nula disposición de este gobierno a garantizar la vida de los líderes sociales y como dejando como que progrese una especie de " patente de corso" en esos territorios dejados por la extinta guerrila de las Farc o en los corredores del narcotráfico, limitándose en general a rechazar los hechos y anunciar "exhaustivas" investigaciones para dar con los responsables y aplicar ejemplares sanciones.
Una situación de todo ello ha quedado reflejado en el tema de Leyner Palacios el sobreviviente y líder de Bojayá, que a pesar de sus denuncias reiteradas de desamparo del estado para esta comunidad, termina recibiendo un derecho de petición del comandante de la fuerza de Tarea Conjunta Titán del ejército para que le informe y le entregue las pruebas de sus reiterados llamados por la ausencia del estado ante la presencia de grupos paramilitares en la región. Los pájaros tirándole a las escopetas, pero lo que realmente hay allí es una intimidación para quienes denuncian y por tal callen.
De otra parte se han conocido las graves denuncias de la revista Semana donde se señalan abiertos hechos criminales cometidos por sectores del Ejército colombiano al chuzar sin orden judicial a dirigentes políticos, magistrados y periodistas.
Ya los senadores Roy Barreras, Iván Cepeda y Antonio Sanguino habían denunciado que estaban siendo chuzados y sin embargo la Fiscalía no encontró méritos y los archivó, dejando muy mal parados a este ente dizque "investigador".
Estas denuncias adquieren mayor gravedad, cuando se reconoce que en la sala del magistrado Reyes de la Corte Suprema de Justicia, que tiene a su haber la investigación contra Álvaro Uribe Vélez, se encuentran micrófonos, que el Centro Democrático sale a decir, sin que se haya definido ningún investigador, que esos eran micrófonos que tenía el arrendatario anterior para videoconferencias. Y por si fuera poco las denuncias de Semana refieren que de los resultados de las chuzadas se informaba a un dirigente del Centro Democrático. Y que esos equipos de alta tecnología usados en las chuzadas, los había entregado el gobierno gringo (y los gringos ahí diría Jaime Garzón) para "la lucha contra el narcotráfico".
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El presidente Duque dice que es un tema de manzana podridas y el ministro de Defensa que ellos no saben nada
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El presidente Duque ha salido a decir que ese es un tema de manzana podridas que serán sacadas (siempre dicen lo mismo). Pero el ministro de Defensa el lunes 13 de enero señala que ellos no saben nada de lo denunciado por Semana y que por tal harán las investigaciones exhaustivas y procederán a develar los responsables, si llegase a ser cierto, y por tal ser castigados ejemplarmente. Lo mismo que con los asesinatos de los dirigentes sociales.
Se configura así un panorama ensombrecedor del país, que arropados en la autoridad y ejercicio del poder desconocen la gravedad de la situación y van preparando condiciones de un regreso a todo el terror, que hoy ya viene siendo develado, de las ejecuciones extrajudiciales de la seguridad democrática del señor de la guerra Álvaro Uribe Vélez.
Con la fuerte movilización social que ha representado el paro nacional iniciado el pasado 21 de noviembre y que es parte de los avances de la vida democrática del país resultados de la firma de los acuerdos de paz, no podemos permitir que nos devuelvan al pasado.
Se requiere, que con la ampliación de la protesta social y la participación de amplios sectores sociales y políticos, incluso de sectores de las mismas élites que han respaldado la paz, se aisle al uribismo y se desarticule todo este proyecto de la extrema derecha y de los señores de la guerra, que amparados en las tropelías guerreristas y fascistas de Trump, entrometido y violando la soberanía del país, procedan, con golpes de estado, incluso con la participación del ejército, como sucedió en Bolivia, a imponer regímenes de esa concepción.
Se necesita de la unidad y convergencia de los más amplios sectores de la vida democrática para aislar al uribismo y desarticular el proyecto de la extrema derecha en el país, que nos permita cumplir plenamente los acuerdos de paz, consolidar garantías para la vida democrática que luche y logre otra Colombia posible.
Posdata: En medio de la movilización que la ciudadanía ha convocado para el 21E, expresemos con un nuevo cacerolazo nacional el reclamo del derecho a la vida y el rechazo a las chuzadas del ejército.
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