Hago la claridad de que no trabajo en Uber ni conozco a nadie que labore en eso —bueno o trabajara, porque dentro de 17 días ya se acaba—. Ahora bien, creo que el país sí abrió un buen debate real sobre la economía naranja, el uso de nuevas tecnologías o la economía colaborativa, esto lo digo a propósito de la absurda posición del gobierno nacional de haber perseguido y asfixiado la compañía hasta que esa plataforma de servicio de transporte decidió irse de Colombia.
Lo anterior en detrimento de los usuarios, principalmente, dejándolos en manos de un servicio que a lo largo de toda su historia ha sido pésimo, arbitrario, peligroso y usurero: el de taxis en el país. No estoy hablando del derecho al trabajo de los taxistas, que es válido y debe ser para todos igual, ni de que no puedan llevar el sustento a sus familias, sino de lo poco que ha hecho el Estado colombiano y los gobiernos, incluido el actual de Duque, al no ponerle orden ni coto a tal desorden diario. Claro, también hay uno que otra taxista que presta un buen servicio.
Ahora ya sabemos que el no hacer nada actualmente y más bien dilatar bajo el sofisma de acatamiento de la ley y cumplir los procedimientos, tiene que ver más bien con que los caciques de ese gremio decidieron hacer un pacto político con Uribe para no apoyar la protesta social colombiana que sigue en aumento, debido a la enorme inequidad económica del país, del cual paradójicamente miles de taxistas también son víctimas.
No sé si ustedes tuvieron la posibilidad de conocer el lacónico y absurdo comunicado del ministerio o mejor de la ministra de Transporte sobre el retiro de Uber. Primero, de forma descarada expresa que en Colombia se promueve la innovación y la inversión extranjera —¿parece un mal chiste en este tema no?— bajo el cumplimiento de la ley y la normativa vigente, pero lo que no dice es que poco o nada se hizo para promover un cambio de esa normativa y la ley, como tampoco afrontar que el problema es que no se puede seguir manteniendo un modelo de negocio anacrónico, cerrado, absurdo y abusivo como el que estableció el ministerio con los taxis en el país desde hace 50 años.
Un negocio hecho para mantener el control de unas pocas empresas o cooperativas, cobrar por “cupos” millonarios de servicio y una hegemonía de mal servicio. Luego dice que está prohibido prestar un servicio público en un vehículo privado, pues obvio, ministrica, pero para arreglar ello, democratizar el servicio, hacerlo mejor, más amable y sobre todo más barato para el usuario es que se debe regular con base en la modernidad, el avance tecnológico y las nuevas necesidades del usuario.
A tan solo un click, ministra, están los ejemplos del mundo donde no se puede detener el avance tecnológico en detrimento de los ciudadanos para mantener un paquidérmico sistema, ineficiente, inequitativo, caro y malo como el de servicio de taxi. A saber, en Australia se legalizaron los viajes compartidos, así como mayor control a antecedentes penales, de manejo y de salud a conductores. Además, no puede recoger pasajeros si no en sitios designados para ello y no en calles. Pero, además, se bajaron los llamados arrendamientos —cupos en Colombia— para poder prestar el servicio, así como ciertos impuestos para los taxis. En California, EE. UU., se obligó a las empresas a que sus conductores un seguro de hasta 10 mil dólares por muerte o lesiones de ellos o pasajeros. También en EE. UU., en Nevada, se cobra un impuesto de 3 por ciento por cada viaje desde la misma plataforma que va al erario. Igual para taxis y otras aplicaciones, quitándoles tantos impuestos y pólizas altas que asfixian —¿o será que aquí lo que también se cuida es el bolsillo de las aseguradoras?—.
En Asia se estableció una tarifa máxima y una mínima para Uber, taxis y otras aplicaciones, regulando los cobros y tarifas. Entonces, ¿de qué me habla, ministra? El problema sí es con la tecnología y con querer modernizar un servicio. No nos crean cotudos.
