Quien no conoce el orden jurídico colombiano pensará que la extensa corrupción que saquea las finanzas públicas se da porque el país adolece de leyes robustas y punitivas que enfrenten con castigos severos este delito, que no solo apropia los recursos de la contratación estatal y la inversión social pasándolos a manos privadas, sino que acaba la confianza de sus ciudadanos en el Estado y sus gobernantes.
Quien así piensa corre el riesgo de equivocarse, porque si algo caracteriza a Colombia es su amplio y renovado régimen jurídico; ya desde la Independencia se distinguió por ser un país de leguleyos, llamando así a aquellos que se ocupan de los asuntos legales sin tener conocimiento.
Sin embargo, la práctica de la corrupción en el país es tal que abarca, con algunas excepciones, todas las esferas del poder público y privado, lo cual ha llevado a que el malestar general de la ciudadanía se expresara contundente y masivamente a través de la consulta anticorrupción que sirvió de campanazo de alerta contra aquellos que se enriquecen de cuenta del Estado; pero sobre todo lanzó una dura advertencia al legislativo y a los cargos de elección popular, de que el malestar general ciudadano transita hacia un movimiento por el cambio y la restauración moral de la administración pública.
Pero si Colombia es un país de leyes que castigan la corrupción, ¿por qué no ha sido capaz de contrarrestarla?
La ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción es un buen ejemplo para señalar que no son más leyes lo que necesita el país; éste Estatuto contiene un completo y detallado conjunto de “normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” y “Medidas penales en la lucha contra la corrupción pública y privada”; que regula las funciones administrativas, contractuales, al régimen de inhabilidades, con penas de cárcel y multas tanto para personas naturales como jurídicas; así como una propuesta de pedagogía de la moral, con énfasis en el castigo de la conducta ilícita para funcionarios y administradores de recursos y empresas del Estado.
Endurece las penas y sanciones con “exclusión de beneficios en los delitos contra la Administración Pública relacionados con corrupción”, “enriquecimiento ilícito” y la “evasión fiscal”, en los casos de quienes administran monopolios rentísticos que generen ganancias en salud o educación, como Saludcoop, con condenas de prisión entre 5 y 10 años y multas.
Incrementa las condiciones de la detención domiciliaria y regula el “lobby y cabildeo”, una de las prácticas de presión de grupos de interés preferidas y que comúnmente se lleva a cabo ante cargos públicos (congresistas, concejales, representantes, alcaldes, gobernadores y demás funcionarios) donde se toman las decisiones concernientes a las normas, leyes, planes de gobierno, contratación, presupuestos y obras públicas.
Crea la “Comisión Nacional para la Moralización” de la cual hacen parte desde el presidente, ministro del Interior, Procurador, Contralor, Fiscal, Auditor General, hasta los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, el Consejero Presidencial para el Buen Gobierno y la Transparencia, y el Defensor del Pueblo; y las “Alianzas Estratégicas” entre las “Contralorías territoriales y la academia” y organizaciones de estudios e investigación para conformar “equipos especializados de veedores ciudadanos, con el propósito de ejercer con fines preventivos el control fiscal social a la formulación y presupuestación de las políticas públicas y los recursos del erario comprometidos en su ejecución”.
Dentro de los casos más graves de corrupción en Colombia está Reficar. Este fue un proyecto que consistió en la modernización de la refinería de Cartagena que empezó en el 2007 y terminó con retrasos y sobrecostos enormes en el 2015. Del costo inicial calculado de US$3.993 millones, se terminó por un valor de US $8.016 millones, es decir, US $4.023 millones más, generando un grave detrimento patrimonial a la nación. Según la Contraloría, la obra dejó sobrecostos que superan los 17 billones de pesos.
El otro es Odebrecht, que ha llevado la crisis de corrupción a un nivel político superior e involucra a altos funcionarios del Estado como al Fiscal General Néstor Humberto Martínez (en adelante NHM), pero también a expresidentes como Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, a ex ministros de Minas, de Hacienda y ex presidentes de Ecopetrol, así como al Grupo AVAL y Luis Carlos Sarmiento Angulo (en adelante LCSA), uno de los grandes empresarios y hombres detrás del poder real en Colombia.
Jorge Enrique Pizano (en adelante Pizano), uno de los principales testigos en este caso de corrupción, dejó grabaciones que comprometen al Fiscal por silenciar y ocultar los sobornos que pagó la multinacional brasileña por la construcción de la Ruta del Sol II, a la filial del grupo AVAL, Corficolombiana.
Este escándalo que trasciende al plano internacional, tiene al país dividido entre quienes piden la renuncia de NHM por encubrir y tener información privilegiada de contratos e irregularidades que comprometían a su empleador, Grupo AVAL y Corficolombiana, cuando fue su asesor jurídico; o declararse impedido y que se nombre un fiscal ad hoc para resolver el conflicto de intereses, que es lo que quieren quienes lo protegen, entre ellos el mismo presidente Iván Duque.
En entrevista concedida a Noticias Uno, Pizano afirmó que encontró irregularidades en forma de giros al exterior por 2.700 millones de dólares a Consultores Unidos, una empresa de consultoría. En la entrevista pidió que hicieran pública sus pruebas y audios, cuando recibiera protección en el exterior (EE. UU.) o falleciera.
El testigo contó que desde el desde el 2015 le informó a NHM, cuando éste no era todavía Fiscal, sobre las violaciones a las normas y leyes sobre contratación pública e irregularidades que venían cometiendo las empresas colombianas Corficolombiana y CONSOL, socias de Odebrecht en el contrato de construcción de la Ruta del Sol II. Habló de contratos raros por $25.000 millones, aparte de los $37.000 millones que dijo hay en la otra firma CONSOL. No obstante, la misma Fiscalía estima hoy que el monto de las coimas asciende a 65.000 millones de pesos.
A pesar de la muerte trágica de Pizano, sin que haya certeza porqué causa y motivos, además de la de su hijo por envenenamiento con cianuro que según la investigación que lleva a cabo la Fiscalía fue encontrado escondido en un lugar de su casa, este caso sigue sin resolverse y es probable que quede impune debido a los grandes intereses que toca.
Si bien es cierto en Colombia ha habido muchos casos de corrupción, como el Carrusel de la Contratación, Agro Ingreso Seguro, Programa de Alimentación Escolar (PAE), Saludcoop, Conalvias, Electricaribe, no hay evidencias que el Estatuto anticorrupción haya servido para evitar el grave daño patrimonial y moral que le vienen causando al Estado, la cosa pública (res publica) por excelencia; lo que ha llevado a una mayor pérdida de confianza de la gente en el gobierno y las instituciones.
Desde el punto de vista jurídico, el estatuto es una prueba de que no era necesaria la consulta anticorrupción, teniendo en cuenta que éste va más allá en su alcance y medidas que aquella, que busca atacar el nido de la corrupción centrando su objetivo en los altos cargos del Estado encargados de administrar la cosa pública, principalmente los legisladores responsables de hacer las leyes y el Congreso donde se lleva a cabo el Lobby a favor de los grandes grupos económicos, los verdaderos factores reales de poder.
Por otra parte, podría decirse que el estatuto no ha cumplido con su propósito de “fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” como demuestran las denuncias de corrupción citadas arriba, donde queda claro que no es la falta de normas lo que necesita el país.
Se concluye que una de las falencias de la lucha contra la corrupción es la falta de una política pública nacional, de un programa pedagógico que vaya desde el jardín infantil hasta las facultades de enseñanza superior que ponga la enseñanza de la ética, en su acepción más amplia y profunda, al centro de los planes de educación, incluyéndola como materia fundamental en la formación de profesionales y funcionarios.
Que haga de la administración de la cosa pública su objeto de estudio y práctica fundamental, que ataque la idea del Estado como un botín para el enriquecimiento personal y difunda la de lo público para el buen vivir de todos, principalmente los más vulnerados, los millones socialmente excluidos.
No parece que tomáramos consciencia aún como sociedad de que cuando la riqueza pública es apropiada por particulares, se está vulnerando el derecho al bienestar y buen vivir de todos.
De ahí que, no son más leyes sino ética, conciencia y lucha ciudadana lo que necesita el país para avanzar hacia un Estado democrático eficiente y transparente; pero mientras sigan gobernando los mismos viejos poderes, no será fácil ni viable a corto plazo un cambio en esta dirección.
