Al parecer, son fuertes las tensiones visibles entre organismos internacionales frente al concepto de calidad educativa. Mientras que para Naciones Unidas 2016, se considera alcanzado el propósito, cuando un Estado permite que desde etapas tempranas los ciudadanos, puedan disfrutar de estructuras que generen acceso, permanencia y culminación de formación personal tanto gratuita como equitativa, contando con servicios que propicien igualdad de condiciones en pro de escapar del ciclo de la pobreza; para el Banco Mundial 1999, la calidad es alcanzada, si se crea una condición de causa efecto en pro de un crecimiento económico que permita la reducción de la pobreza. Proceso que ha de demandar por parte del Estado, priorización de la economía, asignación de inversión y focalización de servicios para los más pobres.
La primera mirada sobre calidad educativa, instala su discurso en los objetivos de desarrollo sostenible, la segunda en eficiencia economicista, ¿Cuál es pertinente con la realidad socio cultural del hombre colombiano? ¿Cómo han de impactar esas visiones en la diversidad de contextos ambientales, raciales, religiosos y productivos de las sub-regiones colombianas? ¿Estarían generando impactos positivos ambas visiones en una sociedad pluricultural?
Tomando como base estas miradas, es una necesidad inaplazable que se reflexione sobre la instalación de cualquier discurso de calidad a nivel del país, ya que no se debe homogenizar un pensamiento dentro de una sociedad diversa, cuando las realidades que afectan la movilidad social son como arco iris de colores.
Asumir ciegamente alguna de las dos posiciones por parte del Estado, sin analizar la realidad pluriétnica, necesidades del contexto y cosmovisión del ser que habita el espacio geopolítico, además de afectar su adecuado desarrollo, genera una transformación en la política educativa que se distancian de los problemas que afectan al ser.
Este ha sido, quizás, uno de los motivos que han llevado a los gobiernos de Colombia en los últimos 20 años, a pensar que, estableciendo indicadores que visibilicen la gestión en: inclusión a excluidos, aumento de la calidad pedagógica, fortalecimiento de transición de la escuela al mundo adulto, optimización y descentralización de recursos, apoyo a educación terciaria, adjunto con procesos tanto de estimulación como evaluación de innovaciones educacionales, se ha de mejorar la calidad educativa, al mismo tiempo que se reduce la pobreza.
La calidad educativa no debe ser implementada solo desde una posición mercantilista, en la que, además de establecer lineamientos que versen alrededor de reformas de gestión como se ha venido haciendo en los últimos 20 años tras la emisión de la Ley 715 de 2001, con la cual se ha modificado parcialmente la constitución política colombiana en los artículos 151, 288, 356 y 357 entre otros, para generar una cultura de racionalización de recursos en pro de indicadores de gestión.
Ella también requiere de apuestas, que promuevan alternativas académicas con carácter pedagógico en donde se le concedan luces al sistema, escuela, maestro y estudiante para aprender mejor e incidir en objetivos del desarrollo humano sostenible que tanto demanda la humanidad desde los contextos.
El propósito educativo, además de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, debe generar consciencia de pensamiento que movilice el concepto de que a pesar que los hombres tienen igualdad de derechos ante la sociedad, la concesión de servicios debe tener una connotación equitativa ante la misma. Aunque la política de calidad educativa en Colombia promueve la “equidad”, son muchos los niños, jóvenes y adultos que no cuentan en sus contextos con servicios como agua potable, electricidad e internet entre otros, entendiéndose que aun cuando exista la probabilidad para algunos de disfrutar en el contexto de ellos, la familia no goza de soporte económico o dispositivos que le permitan acceder a los mismos, lo que deja esta segunda mirada en un fracaso de la política de calidad propuesta por el Banco Mundial como estrategia para minimizar la pobreza en los países latino americanos y especialmente Colombia, donde se empezó a aplicar la misma, dos años más tarde de emitidos los indicadores con la propuesta de revolución educativa.
La revolución educativa, se instala como política nacional que dirige los destinos de “calidad” en Colombia dos años más tarde de emitidas las directrices economicistas del Banco Mundial (2002), en este concepto se adopta la educación como “factor esencial del desarrollo humano y socio-económico, además de ser un instrumento fundamental para la construcción de equidad social” (DNP, 2007, p.122).
Los ámbitos que orientan toda la estructura de la nueva política instalada a partir del año 2002 en Colombia, son cobertura, calidad, eficiencia y pertinencia, dejando por fuera de la misma, tópicos relevantes como investigación científica, tecnología y formación docente.
Para el ámbito de cobertura, se promueve la ampliación de cupos en los diferentes niveles y ciclos de la educación formal a través de la reorganización e integración de instituciones, en ella, se aplica de manera incongruente con infraestructuras escolares existentes en instituciones, la racionalización de personal a través de la relación maestro-estudiante a nivel de aulas, de igual forma se apuesta hacia la tercerización. En educación superior, el indicador se centra sobre la eficiencia en el uso de recursos físicos, humanos y financieros de las instituciones.
La calidad en estos niveles, se soporta sobre estándares, evaluaciones homogéneas sancionatorias, universalización, acompañamiento a instituciones con bajos resultados a través de capacitación en cascada, programas como PTA, entrega de material didáctico poco pertinente con las necesidades puntuales de los contextos entre otros aspectos. Para el caso de educación superior, emergen el observatorio laboral, acreditación de programas, estándares y pruebas ECAES.
Analizando lo anterior, emerge un interrogante: ¿Cómo hacinando estudiantes en infraestructuras no adecuadas, racionalizando recursos, aplicando pruebas homogeneizadoras, acompañamiento en cascada, que son elementos de la eficiencia económica, se ha de pensar en el mejoramiento de carácter pedagógico que requieren aquellas escuelas y maestros que se instalan en contextos culturales diversos?
Esto debido a que, según estadísticas internacionales, para el ámbito de eficiencia en cobertura, la OCDE/MEN (2016) muestran que altos porcentajes de estudiantes a nivel del país, aparecen matriculados en grados que no corresponden con la edad “aunque el índice bruto de niños matriculados para transición se encuentra en el 89% al cumplir 5 años, solo el 57 % de ellos, están en el grado apropiado, lo cual ubica a Colombia, 20 puntos porcentuales por debajo del promedio de la OCDE” (Ministerio de Educación Nacional/OCDE, 2016, p. 31).
El panorama es similar para estudiantes que cursan grados en niveles y ciclos superiores… “El 84 % de ellos, aparecen en grados correspondientes a su edad”
Mercantilizar la educación, además de distanciarla de la función pedagógica que promueve el maestro y la escuela en la sociedad, no genera sinergia social que evite al ciudadano de un país a ser pobre por herencia como comentó en algún momento un ex presidente (2002), al contrario de ello, se puede convertir en un instrumento que con apoyo de algunas estructuras del sistema movilice el ingreso económico de la familia, sobre todo si se aumenta la productividad en algunos campos, pero emerge un interrogante, ¿Qué tipo de ciudadano se piensa preparar en el proceso educativo: obreros, profesionales creativos o investigadores que promuevan patentes en ciencia y tecnología? Sobre todo, cuando las estadísticas internacionales han arrojado datos como estos que se comparten a continuación:
“La pobreza disminuyó en América Latina un 10% en los últimos años, contra poco más de 7% en Colombia, en tanto la desigualdad creció. Para la Cepal, la pobreza en Colombia ronda el 50%, solo por encima de Bolivia, Paraguay, Honduras y Nicaragua. El 70 % de la población colombiana percibe solo el 27% del PIB, en tanto el 30% restante recibe el 73 %” (Jordán et.al, 2009)
Si el proceso educativo genera obreros, “formación para triunfar” habría que promover ciertas competencias laborales a nivel de la escuela, ello, exige analizar ¿Qué tipo de estrategia ha de usar el operario para tener éxito y riqueza en un país donde la mano de obra es sub valorada por empresarios en muchas regiones? Si se planifica la profesionalización creativa, habría la necesidad de repensar: normatividad existente, flexibilización de planes curriculares, métodos de trabajo, conceptos de capacitación por formación y desestimar la cultura del fracaso en los diferentes niveles de educación.
¿Cómo se puede pensar en ser creativo, cuando la norma está orientada para cumplir requisitos? Si, al contrario, lo que se sueña es formar una cultura de patentes investigativas, se debería pensar en la participación activa de los componentes sociales, económicos, empresariales y de inversión, ya no como causa efecto, sino como sociedad académica generadora de procesos innovadores, que pretendan encontrar soluciones a problemas locales en pro de mitigar otros de orden mundial.
Frente a tantas incertidumbres y la planificación de políticas de calidad en una sola mirada (Economicista), se promueve la instrumentalización de la educación, escuela y maestro en primera instancia, mientras que, al interior de la sociedad, se genera una cultura de miserables obreros con poca capacidad adquisitiva en un mercado laboral que se ha ido transformando en otras tareas con los avances que viene entregando la ciencia, tecnología y comunicación.
Ante ello, asalta un nuevo interrogante: ¿Cómo se genera en medio de una cultura disciplinar, seres humanos con pensamiento creativo, crítico y habilidades para saber tanto comunicar como trabajar de manera colaborativa en pro de la búsqueda creativa de nuevas soluciones a los problemas que se viene generando en la modernidad?
A pesar de que los gobiernos colombianos de los últimos 20 años han generado una serie de políticas frente al tema de la calidad, existe un distanciamiento entre estas y la realidad socio-cultural, económica, religiosa que habita en cada contexto.
Lo anterior, debido a que las mismas van encaminadas a fortalecer la economía esperanzados, que, con ellas, se ha de alcanzar tanto reducción de pobreza como desigualdades sociales.
La política educativa centrada en el desarrollo económico, ha tenido éxitos parciales, con cifras de crecimiento hasta de 5% en su PIB, pero la función pedagógica se ha ido a pique, ya que, a nivel social, han aumentado las cifras de indigencia, delincuencia, corrupción, maltrato, abuso familiar y discriminación entre otros.
Los contextos educativos que habitan tanto al sur de ciudades capitales, como los de zonas periféricas y rurales, han dejado de disfrutar de recursos de inversión, procesos de formación, accesibilidad a redes de comunicación, embotellamientos en vías de acceso y otros elementos que al parecer solo generan gasto para los inversionistas y poca producción económica al país.
