En medio del ambiente político enrarecido del posplebiscito, el Congreso de la República iniciará esta semana el debate de una reforma tributaria “estructural” más. La sociedad civil, los partidos de izquierda y los sindicatos enfrentaremos de manera simultánea dos problemas: esa reforma y la defensa de los elementos más progresivos de los acuerdos de paz. Evitar la reforma y mantener la vigencia de los acuerdos son esenciales para las mayorías pobres del país.
Por el momento, frente al tema de paz, los del Centro Democrático siguen en la otra orilla de la Unidad Nacional, pero en cuanto a la reforma tributaria, las divergencias son de tono y no de fondo. Ejemplo de ello es que será un congresista de ese partido y otro del Partido Liberal los que coordinarán la ponencia de la controvertida reforma. Y el expresidente Uribe lo dijo claro desde el 2 de octubre: “La confianza inversionista es prioridad”.
El Estado colombiano padece un déficit económico importante. Y su causa es la caída de los precios de las materias primas que exportamos, pero también la dependencia de la economía de Estados Unidos y Europa o el precario crecimiento industrial y agrario (con excepción del café). Durante casi una década el petróleo fue la principal fuente de recursos públicos, pero en los últimos dos años pasó de precios de 100 dólares promedio a algo más de 20 dólares.
A pesar de esa verdad de a puño, el país se debe debatir es quién debe tributar y quién debe contribuir más a llenar ese hueco fiscal. Uribistas y santistas unos y otros unidos en el modelo económico, No van a proponer subir impuestos o reducir la evasión de los grandes capitales, por el contrario, proponen impuestos para trabajadores, pensionados y pequeños comerciantes, aun, cuando se sabe que el problema es la enorme evasión de impuestos y las excepciones tributarias que benefician a latifundistas, ganaderos y especuladores.
Por ejemplo, el ministro de Minas, sin sonrojarse, acaba de anunciar que pedirá que a las multinacionales se les alivie la “carga” tributaria y se les devuelva parte de los dineros que paguen en impuestos: “Lo que le estamos pidiendo al Ministerio es que haga una evaluación del tamaño del incentivo que se puede crear y la manera en que lo vamos a asignar entre los distintos grupos, porque los volúmenes de inversión son distintos. Es un instrumento que lo tenemos calibrado para petróleo para minería”, indicó Germán Arce. En otras palabras, las multinacionales, seguirán siendo bien tratados en esta (como en toda) reforma tributaria y en eso uribistas y santistas estarán muy unidos.
Hoy se presentará el proyecto de reforma tributaria al Congreso, pero ya se conocen algunos de sus aspectos más relevantes:
La columna vertebral del proyecto será un aumento de la tarifa básica del IVA que pasará del 16 % al 19%. El segundo pilar es la simplificación del impuesto a la renta. La propuesta de la comisión de expertos para las personas naturales es que comiencen a declarar a partir de ingresos superiores a $1.500.000. La tarifa comenzaría en el 2,5 % hasta llegar a un máximo del 35 %.
Ha generado gran controversia la inclusión del llamado “monotributo”
que busca simplificar las obligaciones
de los pequeños comerciantes en el pago del IVA, renta y retefuente
Uno de los anuncios que ha generado gran controversia en el país, es la inclusión en la reforma tributaria el llamado “monotributo” que busca simplificar las obligaciones de los pequeños comerciantes en el pago del IVA, renta y retefuente. El Gobierno explicó que para el caso de los pequeños propietarios de negocios cuyos ingresos oscilen entre 41 a 62 millones de pesos la tarifa sería de 40 000 pesos mensuales. Para el rango de más de $62 millones hasta $83 millones una tarifa de $60 000 pesos y entre más de 83 millones y 104 millones una tarifa de $80 000 pesos mensuales.
En pocas palabras, el gobierno pretende llenar el hueco fiscal con una reforma tributaria dirigida a la clase baja y media.
Como lo advirtiera la economista Consuelo Ahumada en un análisis hecho para la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (Fescol, en Colombia): “El recaudo adicional de impuestos a las personas naturales llegaría a 5,5 billones de pesos. De ese monto, se espera que los trabajadores asalariados paguen 1,9 billones de pesos y 1,6 billones irían por cuenta de las personas que desarrollan actividades económicas en su conjunto. Los pensionados deberán aportar 1,04 billones, mientras que los rentistas del capital 972 000 millones de pesos. El impuesto a los dividendos proporcionaría 63 000 millones de pesos. En síntesis, el mayor recaudo debe provenir del aporte de los asalariados y los pensionados (2,8 billones de pesos entre los dos).”
En este punto, es necesario recordar una columna de Paola Ochoa escrita en enero de este año en el diario El Tiempo que se denomina: “No nos crean tan pendejos”. La columnista le advierte al Ministro de Hacienda que la “enfermedad no está en las sábanas” por considerar que este país no requiere una reforma tributaria sino perseguir las maniobras de los ricos para no pagar impuestos. Dijo la columnista con mucha razón que: “La gran evasión en Colombia no es de los que ganan 1’300.000 pesos. La evasión en Colombia está en los que más ganan, y por eso tenemos el título del país más desigual de las Américas y uno de los más desiguales de todo el mundo. No es justo que los que más evadan sean los que más ganan, mientras la clase media se revienta los bolsillos pagando un IVA más alto a cambio de nada. Busque a los más adinerados, busque sus paraísos fiscales, busque sus cuentas en el exterior, sus fundaciones, empresas en liquidación y cooperativas. Y termine, por favor, con las exenciones de impuestos a los más poderosos”.
Ya a estas alturas la discusión no se debe centrar en si se requiere o no una reforma tributaria sino en quiénes deben pagar más impuestos. Está en nosotros salir a movilizarnos para que los que paguen más impuestos sean los que más tienen y no los que siempre hemos cargado las reformas tributarias: los trabajadores y la clase media.
