Un nuevo informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, encabezada por Michelle Bachelet fue presentado en Colombia. Y el balance no es nada favorable para el país. Aunque la ACNUDH reconoce los esfuerzos del gobierno para adelantar la implementación y responder ante las recomendaciones entregadas en anteriores ocasiones, son varios los puntos en que la oficina prende las alarmas frente a la violación de derechos humanos.
Violencia contra los líderes sociales, contra la población LGBTI, abuso de autoridad por parte de la Fuerza Pública, irregularidades en los procesos judiciales o trabas para acceder a la justicia, además de la preocupación por los avance reales en la implementación del acuerdo de La Habana.
Una de las cifras más preocupantes está relacionada con las masacres perpetradas en el país. Según el informe, el 2019 fue el año con más asesinatos múltiples desde 2014. El año pasado se llevaron a cabo 36 masacres y 133 asesinatos. Y la situación empeora si se mira el número de homicidios de líderes sociales, en total 108, según la ACNUDH. Los departamentos de Cauca, Antioquia, Caquetá y Nariño siguen siendo los más peligrosos, y en ellos se registraron el 55% de los casos.
También resulta preocupante el manejo judicial de algunos casos en los que el Ejército y la Policía fueron protagonistas. El informe alerta sobre los casos que siguen siendo solicitados por la Justicia Penal Militar, un tribunal que carga con un alto manto de impunidad, a pesar de ser casos en los que se presentaron presuntas violaciones a los derechos humanos y debían ser atendidos por la justicia ordinara, como sucedió con la masacre de El Tandil, Nariño, en 2017, cuando murieron 9 campesinos a manos de la Fuerza Pública. El caso, de hace dos años, quedó en manos de la Justicia Penal Militar en 2019. La oficina "exhorta a la Fiscalía General de la Nación a mantener la competencia de los casos de violaciones de derechos humanos, y al Consejo Superior de la Judicatura a adherirse estrictamente a las normas y estándares internacionales al momento de definir la jurisdicción competente".
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El pasado 30 de diciembre el gobierno hizo público un proyecto para retomar la fumigación aérea de los cultivos ilícitos con glifosato. A pesar de que existen medidas que las prohiben mientras se aclara su verdadera afectación a la salud, el gobierno está empeñado en volver a utilizar la fórmula. La ACNUDH señala que "en un informe conjunto del Gobierno y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se indicó que el 95% de las familias que participan en el PNIS cumplieron el requisito de erradicación voluntaria y solo el 0.4% retorno a los cultivos de uso ilícito", por lo que resultaría contradictorio implementar la medida, pues el esfuerzo debería enfocarse en cumplir los programas como el PNIS y abarcar más inversión más allá de los PDET.
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La protesta social también estuvo bajo la lupa de la Oficina de la ONU. Según el informe, es necesario comenzar con las "investigaciones exhaustivas, efectivas e independientes en relación con casos de presunto uso excesivo de la fuerza por parte del Esmad durante las recientes protestas sociales”. Y es que durante las protestas del Paro Nacional se han documentado abusos de la fuerza pública, además del asesinato del joven Dilan Cruz. Las detenciones irregulares y la violación de protocolos por parte del Esmad fueron advertidos en el informe.
El documento retoma las mismas recomendaciones que presentó la comisionada Bachelt en su último informe, y dejó en claro que Colombia todavía tiene mucho trecho por recorrer para garantizar de manera efectiva la protección de los derechos humanos.
