En 2003 se iniciaron las negociaciones entre el gobierno de Álvaro Uribe, cuyo representante era Luis Carlos Restrepo, y las AUC para lograr que estas últimas entregaran las armas. Para dichas negociaciones las AUC anunciaron un cese al fuego unilateral; sin embargo, en el transcurso de las mismas acontecieron hechos corruptos, violentos y crueles perpetrados por el grupo paramilitar; el Gobierno nunca se inmutó a tomar acciones o siquiera se pronunció al respecto. Las conversaciones culminaron con la desmovilización de los miembros de las AUC y algunos de sus jefes extraditados a Estados Unidos. No obstante, a mediano plazo esta desmovilización fue un fracaso, porque las AUC se fragmentaron en numerosas organizaciones que atomizaron aún más el narcotráfico y su accionar criminal por todo el territorio nacional.
Alrededor de estas negociaciones siempre hubo un tufo de corrupción, encubierta por el poder político del Gobierno. Sin embargo, las denuncias contra el proceso eran aplacadas o pasaban desapercibidas, ya que el discurso imperante en ese entonces en Colombia era el de Álvaro Uribe. De hecho, cualquier opositor a las políticas oficiales era ignorado, vilipendiado, perseguido, amenazado, espiado y, en los casos más extremos, asesinado. Todo esto se encontraba en un tercer plano gracias a los buenos resultados militares contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que el Gobierno y los medios de comunicación se encargaban de difundir y ensalzar. El conflicto armado se desequilibró a favor del Estado, debido a una de las políticas más exitosas del gobierno Uribe: la seguridad democrática. Esta fue una de sus columnas vertebrales de su discurso, por medio de la cual Uribe logró forjarse una buena imagen frente a la opinión pública, catapultándolo al final de su mandato a un índice de aprobación del 80 %, el más alto del último medio siglo en Colombia, según la Revista Semana.
Juan Manuel Santos, ministro de Defensa durante el gobierno Uribe, se convirtió en el siguiente presidente, ayudado por la popularidad de su aliado y antiguo jefe. No obstante, una vez comenzó su mandato, Santos asumió ciertas posturas que no eran de la simpatía de Uribe, por lo que ambos se apartaron políticamente. Santos heredó el antiguo partido político de Uribe, el Partido de la U, mientras que este último lo abandonó y creó uno propio con él a la cabeza, Centro Democrático, que al día de hoy es en un férreo opositor al oficialismo. Desde este momento, la hegemonía política en el país se reconfiguró y entraron en un duro choque estos dos discursos que quieren posicionarse en el lugar de dominancia.
El Centro Democrático no ha perdido oportunidad de ser el “palo” en la “rueda” del oficialismo, a través de graves denuncias y cuestionamientos, y un discurso que en ocasiones raya en con el radicalismo. Por su parte, el gobierno Santos se muestra más diplomático y conciliador, pero siempre contraargumenta de forma tajante las críticas de sus contrarios.
Pero una de las razones clave por la cuales se modificó la hegemonía política en Colombia fue que desde su partida de la presidencia, el buen nombre de Álvaro Uribe está cada vez más opacado por la sombra de la corrupción y la parapolítica. Altos funcionarios de su antiguo equipo de gobierno y/o integrantes del Centro Democrático han sido condenados o están siendo investigados, e incluso algunos son prófugos de la justicia. Una de las consecuencias de tan procelosos asuntos jurídico ha sido que el índice de aprobación de Uribe ha decaído desde que es expresidente hasta un 55 %, según la Revista Semana. Sin embargo, la resiliencia del discurso uribista ha estado encaminada a tildar dichos acontecimientos como una persecución política maquinada por el oficialismo para silenciar a una oposición legitima.
A pesar de las investigaciones y condenas a sus socios y allegados, y una considerable disminución de su popularidad, el expresidente ejerce un enorme contrapeso discursivo. Luego de cinco años de “rejo uribista” y una opinión publica desanimada por las negociaciones de paz que se llevan a cabo en La Habana con las FARC, Santos sólo tiene un índice de favorabilidad de alrededor del 29%, cuando al inicio de su mandato era superior al 80%. Además, Uribe tiene muchos adeptos que lo ven como a un verdadero líder, que pondrá en orden el país de una vez por todas. En esta pugna retórica, oficialismo y uribismo se han visto perjudicados, lo cual ha permitido que discursos de izquierda consigan una mayor relevancia y menor estigmatización, reconfigurando aún más el panorama político en Colombia.
En lo referente a las negociaciones de paz, desde luego este asunto no ha estado exento de polarización; se han manifestado serios cuestionamientos e interrogantes sobre el desarrollo y las consecuencias de las mismas desde todos los sectores políticos. Por supuesto, Uribe y sus aliados desaprueban de manera contundente estas negociaciones; aseguran que el Gobierno es deshonesto con los colombianos, ya que en La Habana se encubren irregularidades que favorecen la impunidad y la incursión política de los miembros de las Farc. No obstante, el discurso de Uribe al contar con un menor apoyo y al estar algo solapado por los demás que están en juego, tiene una menor resonancia o es duramente refutado, y por lo tanto posibilita que denuncias de delitos comprobados pero ignorados y/o ocultados durante su gobierno, ganen visibilidad ante la opinión pública en la actualidad, como las que realizó Marta Ruiz en el texto publicado el 2 de febrero de 2013 por la Revista Semana llamado “Píldoras para la memoria de Uribe”. En dicho escrito, en últimas se demuestra el evidente carácter cínico de la retórica de Uribe contra el proceso de paz que se da en La Habana.
Para Uribe, los días cuando tenía a la mayoría de la sociedad colombiana de su parte y a los medios de comunicación como voceros de su gobierno quedaron atrás. Si en un futuro hipotético fuera condenado por un hecho irrefutable de corrupción/parapolítica, su discurso caería en el descredito y es factible que se reduciría considerablemente sin llegar a desaparecer del todo, ya que, con seguridad, mutaría en uno nuevo. La hegemonía política en Colombia sufriría una reestructuración de importancia, en donde el vacío discursivo seria ocupado por el resto de fuerzas ideológicas en colisión. Es posible que santismo desde el Partido de la U, junto con el resto de sus coaliciones partidistas, asumiera el lugar de dominancia, o tal vez entraría en un tensionante pulso de poder con la nueva izquierda progresista. Algo que vale la pena recalcar, es que los medios de comunicación del país, en general, siempre han sido de tendencia oficialista; una prueba de ello es el cambio de las agendas noticiosas en las eras presidencial y postpresidencial de Uribe, por lo que el discurso que ocupa el lugar del gobierno contará siempre con el respaldo disimulado de los medios.
