La política en Colombia se mueve a través de la búsqueda de poderes políticos que protejan los intereses de un grupo económico, que reivindique a través de la Gestión Pública su “compromiso” con la sociedad para mantener en sus manos lo ilegitimo.
Tal es el escándalo que abren las investigaciones de la Controlaría Delegada para el Sector Agropecuario y Gestión Pública, en donde señala que Ministros del actual Gobierno buscan micos inhallables en la Ley 160 de 1994 para apropiarse de terrenos baldíos del Estado.
Según denuncia del Senador electo Ivan Cepeda, los actuales Ministros de Agricultura y Educación (Lizarralde y Ocampo) utilizaron en asocio con familiares, una estrategia planificada para concentrar terrenos baldíos del Estado. Los argumentos que esgrime Cepeda, entre otros son: las SAS creadas por estos, y la compra de predios siempre fue menor a un mes, los contratos de compraventa se protocolizaron en la Notaria 44 y el objetivo social de varias de las SAS es el mismo. El mecanismo fue claro, a miembros de la familia Dávila le adjudicaron terrenos del Estado, y estos vendieron a Lizarralde, Ocampo y familiares de está, los terrenos baldíos.
Lo anterior buscando potencializar el Proyecto del Caucho promovido por Indupalma en el municipio de Puerto Carreño, en donde más de 25.000 hectáreas tienen origen en terrenos baldíos que han sido acumulados para desarrollar el proyecto de monocultivo. Bien señala la Controlaría “tierras reservadas para campesinos terminan siendo usufructuadas por un gran proyecto agroindustrial”.
¿Por qué razón es Rubén Darío Lizarralde el Ministro de Agricultura?, ¿Que busca en realidad la Ministra Maria Fernanda Ocampo a través de su cartera?, ¿Con que argumento Santos los mantiene en el cargo?... alguien quien se apropia de los terrenos del Estado y ejerce una cartera para velar por sus intereses particulares no merece por un segundo llamarse Colombiano.
Como lo señaló el Ex Ministro de Agricultura y tecnócrata conservador Juan Camilo Restrepo, la cartera de Agro quedó en manos de un ala del Partido Conservador que busca “conservar” peticiones burocráticas de los parlamentarios que se adueñaron del Incoder, el Banco Agrario y el ICA. El ministro quedó corto en sus señalamientos, debido a que es lógico que buscara la cartera ministerial para proteger sus terrenos adquiridos mediante procedimientos non-sanctos. Frente a la Ministra caben también muchas preguntas que tendrá que responder ante la justicia.
Es hora que las carteras ministeriales regresen a manos de funcionarios tecnócratas que hagan valer la Ley, independiente del sector ideológico al que pertenezcan, para hacer llegar la equidad, la justicia y la reparación a los más vulnerables, protegiendo los principios de nuestra desgastada Constitución.
Frente a estos señalamientos solo vale un recurso, hacer valer la verdad a toda costa. Según C-255-12 de la Corte Constitucional, frente a jurisprudencia del artículo 72 de la Ley 160/94 señala “restituir las cosas a su estado originario (cuando) quienes por sus privilegios económicos, sociales, políticos, o de cualquier otra índole, tengan la capacidad de interferir negativamente en el cumplimiento de la función social de la propiedad y el acceso progresivo a la tierra rural”. Por lo anterior, las únicas exigencias que puedo hacer como ciudadano al Presidente de la República es que exija, inmediatamente:
1. La renuncia de sus Ministros de Agricultura y Educación por apropiación ilegal de terrenos.
2. La revocatoria de las resoluciones de adjudicación de tierras baldías proferidas con violación a lo establecido en las normas legales.
Si esto no sucede, los colombianos tendremos más que claro que la prioridad del Presidente no es la Paz, sino el entregar beneficio a particulares a través del Estado.
Twitter: @alfredoedeleon
