Los usos y costumbres de los pueblos indígenas son diametralmente opuestos a los de comunismo totalitario, que tiene como estrategia infiltrar la protesta ciudadana, no buscando reivindicaciones económicas a favor de las comunidades, sino objetivos políticos para su proyecto dictatorial. Esto lo decimos a propósito de la minga indígena en el Cauca, en donde hay peticiones exóticas que más parecen un programa de gobierno marxista.
Entre las exigencias de la minga se encuentran: ser autoridades ambientales (no se sabe si es para sembrar coca libremente, destruyendo el ecosistema), desmantelar el Esmad y el servicio militar obligatorio, reducir el presupuesto de guerra, eliminar el fracking, desmantelar la implementación de zonas de interés social de desarrollo rural y económico. Así mismo, se ha dicho que la protesta indígena le ha exigido al gobierno nacional reconocer en Venezuela a la camarilla de Nicolás Maduro como gobierno legítimo y quitarle el apoyo a Juan Guaidó... eso sí es el colmo del descaro.
Ante la protesta indígena no se puede pasar por alto que en Colombia se multiplicaron los cultivos de coca en los últimos 7 años, pasando de 48 mil hectáreas a más de 200 mil. Todo esto al amparo de las negociaciones de La Habana con Farc, creyendo el gobierno de Santos en su momento, de pronto cándidamente en una erradicación voluntaria, que necesariamente debía contar con la dispensa de las disidencias farianas y las otras bandas armadas. Sin embargo, los mafiosos promotores de semejante incremento exponencial que hacen presencia en las tierras indígenas ignoraron la ley de la oferta y la demanda, ya que el mercado se encuentra sobresaturado, por lo que el incremento del consumo interno se salió de madre, convirtiéndose en un bumerán, volviéndose el país un gran consumidor de cocaína.
Entendiendo la doctrina marxista-leninista que está adobada en Latinoamérica por el socialismo del siglo XXI y el Foro de Sao Paulo, se sabe que la coca es un factor de perturbación social y político, como sucedió en Bolivia en 2003, donde los cocaleros dirigidos por Evo Morales, actual presidente de ese país, durante casi todo el año realizaron bloqueos, huelgas y marchas que terminaron con la renuncia y la huida del presidente constitucional Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre. Claro que los cocaleros estuvieron acompañados por otros sectores sociales y sindicales como los mineros, pero no se puede olvidar que los cocaleros fueron la chispa que prendió la pradera, parafraseando a Mao Tse Tung.
A la minga indígena del Cauca la acompañan cultivadores de coca que organizados para la protesta buscan construir un sujeto hegemónico con la identidad cocalera que pretende la articulación con otros sectores populares, para hacer más relevante el levantamiento con lo que el título de narco-estado no nos quedaría grande si se cumplen las pretensiones de los indígenas, por eso hay que salir de una situación tan comprometedora para el país, pues el gobierno de Trump ya le hizo duros reclamos a Colombia.
Se sabe que las ganancias del narcotráfico a nivel mundial puede estar por encima de los 350 mil millones de dólares anuales y que la mayoría de ese dinero va a parar al sistema financiero internacional, pero eso no es óbice para que Colombia baje la guardia en la lucha en contra de ese flagelo. El país debe respetar los compromisos con la comunidad internacional en materia de drogas ilícitas.
Frente a los cultivos de coca no se puede ser tan inocente, porque detrás de eso no solo está un negocio con ganancias monumentales, sino que también hay un componente político de gran magnitud que busca desestabilizar el país mediante protestas indígenas y cocaleras que puedan conducir a mediano plazo a un fuerte levantamiento. Ahí se encuentra como referente a Evo Morales en Bolivia, quien producto de una campaña bien orquestada con los cocaleros llegó a la presidencia, impulsando un régimen de corte marxista-leninista con las caretas del indigenismo y la protesta social. De la misma forma, la izquierda hirsuta del país sabiendo de esa experiencia exitosa busca reeditar en Colombia un modelo que necesariamente lleva al adocenamiento y a la esclavitud de la población.
