Desafortunadamente, hablar o escribir sobre la doble moral de ciertos sectores de la sociedad colombiana se ha vuelto un lugar común, un cliché, un hecho que no llama la atención, porque tristemente esta situación se ha impuesto como norma. El finado Jaime Garzón ya lo señalaba de manera contundente en una de sus memorables salidas: “Este país se escandaliza porque uno dice hijueputa en televisión, pero no se escandaliza cuando hay niños limpiando vidrios y pidiendo limosnas. Eso sí no, eso es folklore”.
Esta naturalización del conveniente doble rasero para describir y entender la realidad que tienen ciertos sectores sociales no es cosa diferente que la evidencia de la existencia del casi sempiterno clasismo con el que justifican las tropelías que han cometido y cometen algunos miembros del selecto club de la mal llamada “gente bien”; si lo hacemos “nosotros” (la gente bien) se justifica porque es una excepcional genialidad o porque es necesario, en tanto que si lo hacen los “otros” es de mal gusto o simplemente es criminal.
Este rampante clasismo, legado de la mal llamada conquista europea, ha evolucionado de la pretensión de algunos sectores poblacionales de tener ascendencia noble por la vía de sacarle provecho al proceso de mestizaje entre europeos, indígenas y/o afrodescendientes, al reclamo de una ascendencia heroica por los lados del generalato o el coronelato del ejercito libertador; para finalmente reclamar una supuesta superioridad de clase por la vía del simple escalamiento social producto del emprendimiento legal, así sea con uno que otro coqueteo con los prósperos comerciantes de lo ilícito.
En todo caso, la doble moral con la que se sanciona socialmente a quienes hacen pública su inconformidad con el establecimiento gubernamental e incluso con la misma sociedad, señalando a los protestantes como sediciosos, desadaptados, vándalos o terroristas, continuamente se contrasta con la benevolencia con la que se toleran los excesos sociales de miembros pudientes de la sociedad, como por ejemplo cuando un miembro de un importante clan de Santa Marta asesinó con su vehículo a unos no tan prósperos paisanos suyos y fue tratado con excesiva e indignante benevolencia por el ente acusador y el ente carcelario.
De igual manera, se puede traer a colación una comparación que por lo extrema parece producto de ese espíritu macondiano del colombiano promedio, relativa a la severidad con la que la mal llamada gran prensa colombiana exige que se castiguen las reclamaciones de tierra que hacen campesinos, afros e indígenas en el norte del Cauca, que contrasta y mucho con el despliegue casi que anecdótico y hasta tragicómico con el que le hacen el cubrimiento a las pilatunas de personajes como Emilio Tapia, Andrés Felipe Arias y Álvaro Uribe Vélez.
Esta doble moral, promovida hasta la saciedad por algunos miembros de la élites colombianas, se reitera a través de la manipulación de la información. También se puede evidenciar en la paulatina pero irreversible influencia que ha tenido y tiene la contracultura traqueta en el imaginario colombiano y que normaliza actitudes que rayan en lo delincuencial, como aquellas que justifican la tropelía, el abuso y la violencia para defender el sagrado derecho a la propiedad privada, tal como se observó entre algunos distinguidos miembros de la gente bien durante las jornadas de protesta, cuando con armas en mano salieron a disolver a punta de balazos a los manifestantes, prejuzgados y condenados por vandalismo.
No se trata entonces de justificar el atropello o el abuso con el argumento de la pertenencia a cierta clase social, grupo étnico, religioso u artístico, preferencia sexual, etc. Esto es replicar la doble moral, cayendo en el conveniente maniqueísmo de que si los “míos” lo hacen es bueno, pero si lo hacen los “otros” es malo. De lo que se trata es de reconstruir referentes sociales comunes, es decir, una moral consensuada, en la que tanto la sanción como el perdón social sean otorgados con la misma rigurosidad para los mismos hechos, sin distingo de la pertenencia a una clase o grupo social que tenga quien es sometido al análisis público.
Lastimosamente, esta pretensión de un retorno al sentido común para el juzgamiento social o judicial de los actos de cada miembro de la sociedad está lejos de alcanzarse, puesto que en tanto no se empiece una profunda transformación de la sociedad colombiana (a partir de la educación, pero, sobre todo, de la forma en que se comunica la realidad) el actual esquema socioeconómico seguirá replicando esta doble moral que impide el camino al cambio y a la reconciliación. Para la muestra algunos botones:
- En tanto se judicializó y se condenó mediáticamente con impresionante diligencia a varios jóvenes que participaron en las jornadas de protesta social, nada se ha dicho y mucho menos hecho respecto a los responsables materiales y políticos de atentados, asesinatos y desapariciones en las mismas jornadas (muchos de ellos atribuidos a las FF. MM. de Colombia).
- Mientras se solicita casi que la pena de muerte para quienes resultaron acusados de cometer delitos en las jornadas de protesta, se brinda trato indulgente a funcionarios involucrados en el desfalco al erario (programas de alimentación escolar, programas de internet, etc.).
Finalmente, en tanto la doble moral de las élites siga imponiendo a través de sus medios el recuerdo nostálgico del día en que los paramilitares fueron aplaudidos como héroes en el Congreso de la República (con la excusa de darles una probadita de democracia) y mientras que aquellos que aplaudieron a rabiar a los narcotraficantes nos sigan imponiendo un relato en el que se pide cadena perpetua o la pena de muerte para algunos jóvenes todavía en proceso de investigación por su participación en la protesta social en contra de la miseria y la injusticia, estamos lejos, muy lejos, del anhelado cambio y de la paz total.
