Los deberes son esa serie de tareas algunas veces incómodas que a todos nos corresponde realizar de vez en cuando.
Hay algunos más aburridores que otros; pero en verdad, tras la palabra deber se esconde una realidad inevitable: los deberes son la consecuencia de un compromiso que se adquiere ya sea de manera voluntaria, o como consecuencia de un contrato. Y por más que nos incomode, si queremos la contraprestación derivada de cumplir con nuestra parte de los contratos, se espera que cumplamos con ellos de manera rigurosa, profesional y oportuna. De hecho, muchos pleitos se entablan cada día por diferencias nacidas de la falta de diligencia de una de las partes.
Resulta que nuestros honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen, entre otras, la obligación de elegir al fiscal general de la Nación. Para eso les pagan. No se trata de un acto de generosidad con el país. No se trata de algo voluntario o un regalo de sus majestades al pueblo. Es una obligación nacida de su contrato con sus empleadores, que aunque parezca estrambótico somos todos los colombianos, de cuyos bolsillos salen los abundantes millones de pesos, más carga prestacional y gastos de representación y viáticos y tiquetes que cumplidamente reclaman.
¿Será cierto que un acto académico
es más importante que la elección de un fiscal?
Todos sabemos lo importante que debería ser para el país el nombramiento del mejor fiscal posible; o aunque sea de un fiscal. Todos esperaríamos que, no pudiendo delegar esta tarea, se apliquen a la misma sin dilaciones y sin componendas. Pero no. Estamos equivocados. Los señores magistrados no se pudieron reunir esta semana para seguir con el proceso de escogencia de fiscal, porque tenían un compromiso académico en una ciudad del oriente del país. Si bien sorprende gratamente constatar esa vocación de continuo aprendizaje de estos curtidos juristas, más grato sería que lo hicieran en su tiempo libre; y no en el que les pagamos entre todos. No parece que estuvieran con un contrato de trabajo, sino más bien con una beca para estudios
Pero no han sido los únicos. Si se leen las excusas que presentan los funcionarios para justificar sus ausencias de las sesiones para las cuales se les paga, encontraremos que las de los magistrados resultan hasta aceptables. Desde la senadora Berta Hernández de Ospina Pérez, que no asistía al Congreso en el día de su cumpleaños, pasando por el senador Merlano que se negó a realizarse la prueba de alcoholemia cuando fue sorprendido en Barranquilla manejando en estado de alegre estupor alcohólico, aduciendo que ello no estaba escrito en sus obligaciones contractuales como padre de la patria. Así abundan los ejemplos que sirven para comprobar que, en materia de cumplimiento de sus tareas, nuestra clase dirigente se raja en toda la línea.
Quienes trabajamos en el sector privado conocemos las consecuencias de incumplir nuestras obligaciones. Nuestra legislación laboral y los reglamentos internos de trabajo abundan en referencias a los castigos por llegar 15 minutos tarde al puesto de trabajo, por desafiar a los superiores o por pelearse con los compañeros. Es más, si usted requiere de parte de su tiempo laboral para estudiar, queda en la obligación de reponer dicho tiempo recargando o extendiendo su jornada de 8 horas diarias.
Nada de esto aplica para los funcionarios. ¿Alguna vez se han producido suspensiones sin salario por no asistir a una sala plena, por incumplir promesas electorales (lo más parecido a un contrato entre el presidente y sus electores); o al menos una amonestación por destruir, quebrar y dejar en la ruina a las entidades territoriales que se entregan en administración a personas sin ninguna preparación para ello?
¿Qué es lo peor que puede temer un mal alcalde, un pésimo gobernador o un pérfido administrador de recursos públicos? Su peor escenario es el de tener que responder preguntas ridículas de presentadores ídem de programas de opinión ibídem; para luego alejarse del escenario público el tiempo prudente como para regresar auto reencauchado y con nuevos bríos. A propósito, durante la cantidad de entrevistas que concedió el por fortuna hoy exsenador Merlano, con ocasión de su negativa a dejarse hacer la prueba de alcoholemia, el citado personaje manifestó que al momento de su retención se encontraba camino a un hospital de la ciudad, ya que se hallaba aquejado de fuertes dolores en la columna vertebral. Y a ninguno de nuestros avispados comunicadores se le ocurrió hacer una pregunta de bulto, lógica y fría: ¿si estaba tan enfermito de la columna, cómo es que era él mismo el conductor del vehículo inmovilizado momentáneamente por la policía, y no uno de sus alegres, desafiantes y clasistas compañeros de juerga?
Si bien en algunos casos resulta relativamente fácil entender las causas del pobre desempeño de los encargados de tan delicadas tareas, existen ocasiones en las cuales las respuestas lógicas no son suficientes. ¿Será cierto que un acto académico es más importante que la elección de un fiscal? No parece creíble. ¿Qué tipo de cálculos torticeros, de oscuras componendas, de subasta de votos se esconden detrás de los aplazamientos en las votaciones? ¿Qué tanta libertad tienen los magistrados para elegir al mejor de los ternados? ¿Qué tanto están actuando en cumplimiento de su compromiso con los mejores intereses de la Nación y no de su agenda política y patrimonial propia?
