En las últimas semanas ha circulado en sectores políticos y de organizaciones no gubernamentales (ONG) colombianas la idea de que el principal resultado de la reciente visita a Colombia de una delegación de alto nivel de EE. UU., encabezada por el consejero de seguridad de Trump (Robert O'Brien), junto al director para el hemisferio occidental del CSN (Mauricio Claver-Carone) y el jefe del Comando Sur (almirante Craig Faller), fue la preparación de condiciones para el establecimiento en el corto plazo de una nueva base militar norteamericana en áreas cercanas a la frontera con Venezuela.
El lugar escogido para dicho emplazamiento sería aparentemente el cerro de Tasajero, ubicado en la ciudad de Cúcuta. De acuerdo a las versiones, el gobierno colombiano ya aprobó el desembarco de un contingente gringo con 300 tropas, que se instalarían a partir de la segunda quincena de septiembre. Acorde a lo trascendido, "informaciones de inteligencia indican que ya se encuentra en el terreno un grupo de avanzada de militares gringos inspeccionando la zona y el lugar". Expertos refieren que el Cerro de Tasajero es una posición estratégica. Desde ahí se divisa el lago de Maracaibo y buena parte de la frontera colombo-venezolana.
En ese contexto, se ha apreciado en las últimas semanas una escalada en la retórica belicista y antivenezolana, incluyendo declaraciones del presidente Iván Duque, sobre el supuesto interés del gobierno de Nicolás Maduro en adquirir y emplazar en la frontera con Colombia misiles iraníes y rusos de mediano y largo alcance.
Ahora se produce la gira del secretario de Estado Mike Pompeo por la región, donde el tema central anunciado es Venezuela y la supuesta lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, con colofón en los encuentros que sostendrá con las máximas autoridades de gobierno en Colombia y Brasil. Llama la atención que "coincidentemente", en grupos y plataformas de redes sociales, se ha venido rumorando que "varios países de la derecha en la región, encabezados por Colombia y Brasil — y por orden de Estados Unidos— estarían preparando una invasión inminente a Venezuela".
Con la llegada de Pompeo a Bogotá se anuncia el inicio de ejercicios militares conjuntos entre EE. UU. y Colombia, caldeando aún más el enrarecido ambiente de la región. No sería descabellado pensar que la visita de Pompeo, termine convirtiéndose en una suerte de inspección general, que autorice una aventurera intervención militar contra Venezuela.
Estos hechos marcan un giro muy peligroso no solo a las ya tensas relaciones entre Colombia y Venezuela, sino también por extensión y asociación al conflicto Washington-Caracas y a la muy compleja situación de estabilidad y seguridad en la región, que amenaza cada vez más la paz en nuestra América.
Sin duda, la estrategia antivenezolana ha cobrado un reimpulso, ahora con visos de "respuesta coordinada a amenazas extra regionales", desde el nombramiento de Eliot Abrams al frente de nuevas y simultáneas tareas relacionadas con Irán y Venezuela, temas con los que a todas luces estuvieron asociada también las referidas delegaciones de alto nivel encabezadas por O'Brien y ahora Pompeo.
Las aseveraciones del presidente Duque y la fragmentada oposición venezolana, que pretenden reforzar la idea de que Maduro representa una "amenaza narcoterrorista" para la paz y estabilidad regional, es una maniobra calculada para provocar reacciones internacionales —sobre todo comenzando por aliados estadounidenses— y así seguir incrementando la presión política y diplomática, para justificar una escalada belicista y forzar un cambio de régimen en Venezuela.
Esta estrategia se imbrica con las expectativas de Washington de conseguir respaldo en el Consejo de Seguridad de la ONU para retomar paquetes de sanciones "multilaterales" contra Irán, apostando a que las denuncias sobre la supuesta venta de armas a Venezuela activarían las alarmas y facilitarían el apoyo que necesitan para continuar cerrando el cerco sobre ambos gobiernos.
Con independencia de este enfoque multilateral, la administración Trump seguirá adoptando acciones unilaterales contra Venezuela, traducidas en nuevas y ampliadas sanciones económicas a tono con la estrategia de "máxima presión" sobre Maduro, pero también haciendo el guiño a un importante segmento de la comunidad venezolana en Estados Unidos y especialmente en Florida, con miras a las elecciones generales de noviembre.
Fuentes bien informadas aseguran que se producirá en las próximas semanas un especial reforzamiento de las sanciones económicas contra el sector petrolero y minero venezolano, con las que buscarían cortar por completo la cadena de exportación de crudo, oro y otros minerales que aún se comercializan con empresas europeas y asiáticas fundamentalmente.
Paralelamente continuarán avanzando en la línea de otras acciones encubiertas y de la "guerra de cuarta generación", dirigidas por una parte a construir una justificación plausible para la agresión a Venezuela, y por otra a profundizar la escasez de alimentos y medicinas en el país bolivariano, con la finalidad de exacerbar las necesidades y penurias de la población, que estimulen el rechazo popular al gobierno de Maduro y la movilización social en apoyo a la oposición y al cambio de régimen, o al menos debilitar sus bases víspera de las anunciadas elecciones legislativas previstas para diciembre próximo.
Resulta preocupante que en la misma medida en que se acercan las elecciones generales en Estados Unidos, y Trump vea más amenazada su victoria en Florida y su reelección, el mandatario-magnate pueda sentirse aún más tentado y/o presionado por sectores de la línea más extremista que lo apoya, a incursionar en una aventura táctica violenta contra Maduro.
Ese curso de acción belicista encaja perfectamente con el discurso de estos sectores de línea dura antivenezolanos y anticubanos en Washington y La Florida, secundados por sus aliados en la región, en cabeza de los gobiernos de Colombia y Brasil, con lo que se ha intentado y se seguirá buscando presentar al gobierno bolivariano de Maduro como una amenaza para la seguridad regional, y como una fuente de inestabilidad asociada a la "crisis humanitaria" y migratoria, a tono con argumentos similares ya antes usados, para tratar de justificar la invocación del TIAR, y con ello una intervención militar "multinacional" y "humanitaria" en Venezuela.
En este escenario no deja de ser igualmente grave otra reciente acusación del presidente colombiano, sobre un supuesto abastecimiento de armas rusas por militares venezolanos a grupos irregulares que operan en la frontera colombo-venezolana.
Más recientemente se realiza un despliegue mediático, muy carente de transparencia y pruebas, para montar una nueva matriz por la cual se pretende hacer creer al mundo que Venezuela cuenta con capacidades de inteligencia y subversión en Colombia para la desestabilización del país.
El presidente Duque parece decidido a arrastrar al país a una aventura militar contra Venezuela, movido además por la necesidad de quitar aire a la presión social, que va en aumento, cuando apenas se han relajado las medidas de confinamiento a causa de la pandemia. El debate en el legislativo sobre la constitucionalidad de las tropas disfrazadas de “asesores”, ayudará a develar los reales intereses del sometimiento militar colombiano a los intereses norteamericanos.
La obsecuencia de Duque al mandato norteamericano ha permitido que la política exterior colombiana y la política de paz estén secuestradas por la administración Trump, jugando el papel de peón e “idiota útil”, ratificando el bien ganado mote de Caín de América que los gobiernos colombianos han cultivado con su permanente amenaza a sus hermanos en la región.
El costo de esta aventura militar sería inmenso para el país, echaría combustible a corto y mediano plazo para el conflicto armado interno, que aún continúa. Las elecciones en EE. UU. se contarán en votos, mientras en Colombia y Venezuela se contarán en muertos.
