Un gran número de colombianos y colombianas nos encontramos expectantes frente a lo que suceda en la Décima Conferencia Guerrillera de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), no tanto por los resultados del primer objetivo, que es la socialización, discusión y aprobación de los acuerdos alcanzados en La Habana (Cuba) con el Gobierno nacional, sino por los resultados del segundo objetivo: el tránsito de fuerza guerrillera a partido o movimiento político.
Sabemos que la decisión que allí se tome, de una u otra forma afectará la realidad política y social del país. Lo que no sabemos es cómo el impacto de tal decisión puede contribuir a realizar ese cambio democrático que algunos esperamos. Cuando hablamos de cambio democrático nos referimos a un cambio en todas las esferas de la vida pública; queremos ver al nuevo partido o movimiento de las FARC-EP realizando y participando en propuestas para combatir la corrupción y el cáncer de la democracia colombiana.
Queremos ver a los medios de comunicación ejercer un periodismo democrático sin sesgos ideológicos, donde no se satanice la protesta social, donde la opinión de los presentadores y periodistas no distorsione los hechos informando sin fanatismo, respondiendo a la función social con que nace la profesión periodística y, sobre todo, queremos ver a los partidos políticos tradicionales con una nueva actitud de respeto por la diferencia, en el sistema de las reglas democráticas liberales que ellos crearon y al cual las FARC-EP se ha sumado con el acuerdo de paz.
En ese nuevo cambio democrático, además del cambio de las FARC-EP, el cambio de los medios informativos y de los partidos políticos, es necesario un cambio de la sociedad colombiana, que en últimas es la que se debe impactar por lo que suceda.
Es el pueblo colombiano el principal beneficiado de los nuevos vientos democráticos, así como ha sido afectado por el viejo y caduco ejercicio democrático colombiano, de forma directa o indirecta; porque no podemos desligar la muerte de los niños de La Guajira, la pobreza del Pacífico colombiano, la miseria de los habitantes de la calles como los del mercado de Bazurto de Cartagena, o los del Bronx en Bogotá, así como el problema de los servicios públicos en el Caribe colombiano como necesidades que deben ser resueltas para construir una paz verdadera.
Todos ellos son afectación de la forma como se ejercen la democracia y la política en el país, que afecta negativamente a las clases pobres colombianas. No solo las víctimas del conflicto, militares o población civil, son las afectadas por el sistema.
Así que los resultados de la Décima Conferencia, con la aprobación de los acuerdos de La Habana y el paso de esta fuerza guerrillera a partido o movimiento político, son una esperanza para la refundación del ejercicio político y democrático de Colombia, que ojalá y pueda madurar, convertirse en esa oportunidad que un país con tantas potencialidades y riquezas cuenta.
Y no se trata de quitarle a los que ya tienen o de instalar una dictadura del proletariado o un castrochavismo, se trata de unas nuevas reglas de juego que amplíen el ejercicio democrático y político, que en últimas contribuyan a crear una sociedad donde convivamos todas y todos con dignidad, dejando atrás la miseria, el abandono, la delincuencia, la corrupción, los salarios de miseria, la violencia política; necesitamos una sociedad digna de hombres y mujeres comprometidos por un nuevo país, que brinde bienes y servicios, y coloque a los seres humanos y a la naturaleza por encima de la codicia del dinero.
Desde el palenque un cimarrón todavía.
