En Bocas de Satinga en el municipio de Olaya Herrera (Nariño) se desarrolló sin contratiempos la segunda gran cumbre cocalera. El evento fue organizado por la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI) y contó con la presencia de 3.000 integrantes de comunidades afro, indígenas y campesinas que llegaron desde los 19 municipios del Pacífico.
El presidente Petro asistió al cierre de la cumbre con la intención de afianzar el compromiso de su gobierno con la nueva política de sustitución; eso sí, anclada a la reforma agraria, la industrialización del campo, la desestigmatización en el foro internacional de la hoja de coca, y especialmente, con la formalización de tierras.
La conclusión más importante de la cumbre fue que el gobierno sigue considerando al campesinado cocalero como el principal activo social en el diseño de la nueva política de sustitución, orientada hacia la transformación productiva de los circuitos de cultivo y procesamiento de pasta base de coca. Aunque ese diagnóstico está más que claro y cada vez resulta más evidente que el gobierno no piensa pilotear sobre los vestigios del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), todavía no se tiene certeza sobre cómo será el aterrizaje de la política de sustitución de economías.
Inicialmente, el gobierno busca darle un cierre definitivo al esquema de individualización familiar que caracterizó a la implementación temprana de ese programa. Para ello, desde el Plan Nacional de Desarrollo se incluyeron varias disposiciones que, por un lado, permiten modificar los acuerdos voluntarios garantizando las estrategias colectivas de reconversión económica, y por el otro, centraliza los compromisos de sustitución adquiridos con los pueblos y comunidades étnicas, echando mano para su cumplimento de mecanismos de contratación entre las entidades estatales y las estructuras del gobierno propio.
Ahora bien, en esta etapa de pos-PNIS (por llamarlo de alguna forma), se torna necesario conocer en detalle la nueva política de sustitución de economías, no solo para la atención de las familias que fracasaron en la ejecución de su proyecto productivo (si llegaron a ese nivel), sino para acercar a las cientos de miles de familias que nunca se acogieron -por desconfianza o escepticismo- al PNIS y que habitan de forma irregular en áreas de manejo especial tales como Zonas de Reserva Forestal, o territorios ancestrales de comunidades étnicas y afros.
Porque si el gobierno se concentra en darle “cristiana sepultura” al PNIS (con la necesaria inyección de recursos para garantizar su cierre), solo estaría atendiendo un síntoma y dejando de lado la oportunidad de revalidar la intención de sustitución en comunidades que nunca le caminaron a ese programa. Tampoco me cabe la menor duda de que tanto Petro como Felipe Tascón no quieren cargar con el peso muerto de una sigla desgastada, costosa y que ha demostrado serias limitaciones en su capacidad de reconversión económica.
Lo que sigue (y sé que es más fácil decirlo que hacerlo) se deberá enmarcar en definir los contornos de la propuesta de gradualidad; la estrategia de industrialización y tecnificación del campo; el rol de la Agencia de Desarrollo Rural como el principal promotor de los esquemas asociativos para la sustitución de economías; la implementación de los Planes Nacionales Sectoriales de la Reforma Rural Integral y los Planes Integrales Alternativos de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA); así como el acceso a crédito barato y titulación de tierras.
Sin duda, se requieren de compromisos concretos que saquen la discusión de la mera retórica para el foro internacional (para el cual Petro ya tiene un discurso prefabricado) y aterricen a la cotidianidad de las comunidades una política de sustitución de economías que todavía pinta difusa. ¿Para cuándo?
