El sector agropecuario de cualquier país ha tenido una importancia estratégica, ya que provee de alimentos a la población, de materias primas al sector industrial y de productos de exportación al país y hace a la vez parte del mercado interno para sus propios productos y los de la industria. Hace tiempo se acuñó el término de seguridad alimentaria, que significa la capacidad de cada nación de contar en todo momento y de manera real con la variada dieta alimenticia, lo que solo es posible si es el propio territorio el que la produce. La autosuficiencia alimentaria se convierte así en un asunto de seguridad nacional, tal como lo aprecian los países desarrollados.
En el gobierno del revolcón, César Gaviria se inventó una concepción enrevesada según la cual no importaba quién produjera los alimentos ni dónde, ya que teniendo los recursos monetarios provenientes del modelo minero extractivista y demás comodities, sobraría la plata para comprarlos en cualquier parte del mundo a precios más favorables para los consumidores. De esta falacia se aprovechó una capa de importadores, intermediarios del capital extranjero, para inundar el país de productos de la dieta básica provenientes principalmente de Estados Unidos, una imposición ratificado más tarde en el TLC. En esa forma Colombia pasó de ser autosuficiente en la oferta alimentaria a importar hoy más de catorce millones de toneladas anuales de productos agropecuarios, equivalentes al 35% de la dieta básica de los colombianos. Baste mencionar trigo, maíz, cebada, fríjoles, garbanzos, leche, carne, soya, arroz, etc., antes producidos por nuestros campesinos, indígenas y empresarios, con el empleo e ingresos que generaban.
El Censo Nacional Agropecuario culminado por el DANE en 2014 es una muestra fehaciente de las plagas que cayeron sobre el agro colombiano. De cinco millones de productores en el campo para atender 43 millones de hectáreas de uso agropecuario, el 91% de ellos no tiene acceso al crédito, el 83% no recibe asistencia técnica, el 83% no tiene maquinaria agrícola, el 66% no usa sistema de riego, el 54% carece de título de propiedad y el 42% no ha recibido educación básica primaria. En cuanto a la tenencia de la tierra, el 73,2% de las Unidades Productivas posee menos de cinco hectáreas y ocupa el 2,3% del área censada, mientras que el 0,4% de las Unidades Productivas abarca más de 500 hectáreas y ocupa el 75,7% del área censada. Esta distribución de la tierra empeoró desde 1970, año del censo anterior, cuando las Unidades Productivas de más de mil hectáreas era el 30,4%.
Las áreas de siembra de los productos principales también se han visto disminuidas. Partimos de un área agropecuaria total de 43,1 millones de hectáreas, de la cual se destinan para pastos 34,4 millones de hectáreas en ganadería extensiva (79,7%) y para el sector agrícola 8,6 millones de hectáreas (20,1%). En el año 2018 el sector agropecuario de la Región Caribe, con caza, silvicultura y pesca, representó el 13,7% del PIB nacional y participa con solo el 5,7% de la economía de la región
Después de 24 años de apertura económica y libre comercio (1990-2014), según datos del censo, las principales áreas de producción fueron las siguientes: cereales (arroz, maíz amarillo y blanco y otros) 1.372.480 hectáreas, a nivel nacional, y 371.539 hectáreas, en la Costa (27,1%). Plátano: 915.987 hectáreas, nacional y 116.330, Caribe (12.7%). Yuca: 443.930 hectáreas, y 142.501 hectáreas, Caribe (32.1%). Banano de exportación: 49.943 hectáreas, nacional, y 15.931 hectáreas, Caribe (31.9%). Producción agroindustrial (café, palma, caña, etc.): 3.006.466 hectáreas, nacional, y 300.646 hectáreas, Caribe (10.1%). Frutas: 1.260.641 hectáreas, nacional, y 175.229 hectáreas, Costa (13,9%). Algodón: 29.035 hectáreas, nacional, y 22.211, Caribe (76.5%). Bovinos: 21.502.811 cabezas, nacional, y 6.773.385 cabezas, Caribe (31.5%). Y Aves: 720.368.173, nacional, y 6.773.385, Caribe (31.5%).
Para completar llega la pandemia del coronavirus, que complica la situación a más no poder en todos los órdenes del país y destapa las falencias y afugias en aspectos como la salud pública, desprotegida completamente por la infame Ley 100 de 1993, en el aparato productivo y los trabajadores. En el agro los daños a la seguridad alimentaria han sido severos y lo serán aún más los que están acechando al socaire de los TLC. Se comprueba además que un país que no tenga su dieta asegurada con producción propia y en el terreno corre el grave peligro de ser objeto de chantaje de los poderosos del planeta, a quienes solo les interesan las máximas utilidades de sus negocios. Las fuerzas laboriosas y avanzadas que batallan por el progreso social tienen una oportunidad de oro en esta crisis pandémica para enderezar el rumbo de la nación basadas en la soberanía, la defensa de la producción nacional y el bienestar de la gran mayoría de la población.
