Con las presentes notas estamos tratando de contribuir al debate sobre las iniciativas que se están presentando por parte de diferentes sectores sociales y políticos sobre las posibilidades reales para salir de la profunda crisis nacional, política y social que profundiza las contradicciones de clase en la vida nacional.
Se cumplen hoy, 20 de mayo, 22 días desde que comenzó el paro nacional convocado el 28 de abril por las centrales obreras, los pensionados, Fecode y demás integrantes del Comité Nacional de Paro, con movilizaciones y manifestaciones de masas como nunca antes se había registrado en la historia reciente del país.
La situación compleja se ha tornado más difícil con el tono y la propuesta de Duque en su alocución del 17 de mayo, donde advirtió como recurso de salvación la utilización de la violencia para resolver los graves problemas sociales que explotaron con indignación el 21 de noviembre de 2019. Hasta el día de hoy, el presidente no ha tenido más que oídos sordos para el clamor popular, argumentando el uso de la fuerza bajo el amparo de la constitución y de la ley para asegurar el principio de autoridad y la seguridad ciudadana.
El ministro de Defensa, el comisionado de Paz, el ministro de Gobierno, además de la procuradora, del defensor del Pueblo y el fiscal, todos a una como en fuente ovejuna, fungiendo como voceros incondicionales de la política de guerra del “comandante mayor”, en contra de la independencia de los poderes públicos consagrada en la constitución del Estado democrático social de derecho que supuestamente rige el destino de Colombia, asumen irresponsablemente el tratamiento excluyente con el estigma de vándalos y terroristas para los líderes del paro, a quienes les ponen la lápida de la muerte como si fueran los responsables de “una campaña contra la seguridad del Estado”.
A estas alturas del paseo todo está indicando que el gobierno nacional no va a cambiar su política de represión y demagogia contra el movimiento del paro nacional, ante lo cual el Movimiento Popular y Democrático, a través del Comité Nacional de Paro y del Movimiento de las Juventudes Populares, debe adoptar las alternativas tácticas y estratégicas que les permitan continuar con la iniciativa política de un movimiento de masas vivo y en ascenso hasta las elecciones del 2022, con un imprevisible desarrollo de los acontecimientos que en gran medida va a depender de la Unidad de Acción Política de los sectores democráticos que se agrupan en el Comité de Paro y en las Juventudes Populares.
Es en este sentido que quiero proponer las siguientes reflexiones: el Comité Nacional de Paro debe abrir sus puertas a las Juventudes Populares que han demostrado su extraordinaria capacidad de lucha y participación masiva en las jornadas de protesta, tanto en la dirección del movimiento como en la programación de las acciones prácticas contra la violencia del gobierno, mediante la denuncia política del régimen a través de la acción de masas.
Para ello es fundamental que la representatividad y la interlocución de las Juventudes Populares en unidad de acción con el Comité Nacional de Paro, tengan una posición unificada frente al gobierno, no solamente en los aspectos programáticos de emergencia, sino también en su nivel de representatividad y legitimidad popular, para poder desmontar el discurso del gobierno que argumenta que no tiene interlocutores legítimos con quien negociar y concertar unos posibles acuerdos.
Para estos efectos son necesarias las asambleas generales municipales de las Juventudes Populares con el fin de que nombren sus delegados a la asamblea departamental, quienes a su vez nombrarán sus delegados al Comité Nacional, evitando así la dispersión, fragmentación y división del movimiento, que es precisamente lo que quiere hacer el gobierno para ir agotando y acabando el movimiento durante el tiempo que le queda de mandato hasta las elecciones del 2022.
Es indispensable, además, tener una estrategia de respuesta a la violencia del gobierno que quiere acabar con las manifestaciones de protesta a través de las acciones criminales del Esmad, haciendo caso omiso de los derechos humanos y de la proporcionalidad de las acciones de las partes en la confrontación.
Pasar de las barricadas, bloqueos y taponamientos de las principales vías de comunicación por parte de pequeños grupos de manifestantes, a las grandes manifestaciones multitudinarias, que cubran los grandes centros de concentración económicos y político de la clase dominante, donde se elaboran los planes y proyectos de las políticas públicas causantes de la crisis contra el movimiento popular, parece ser la opción política más oportuna en estos momentos.
Hay que asumir la unidad de acción entre el Comité Nacional de Paro y los representantes nacionales de las Juventudes Populares como un solo instrumento de dirección política del movimiento, con el respeto, solidaridad y dignidad que merecen todos los participantes en las protestas, como hermanos de clase, evitando a toda costa la exclusión, la estigmatización, el vanguardismo, y los tratos peyorativos y degradantes entre los distintos componentes sociales y políticos integrantes del movimiento, entendiendo que la riqueza, diversidad y pluralidad de las manifestaciones sociales y políticas del mismo, constituyen precisamente la riqueza donde reside su fortaleza social y política para la sostenibilidad del movimiento en el tiempo y para el desarrollo de la perspectiva del triunfo popular.
Los triunfos obtenidos hasta el momento por el paro, como son el retiro del proyecto de reforma tributaria del gobierno, la renuncia del ministro de Hacienda, la renuncia de la ministra de Relaciones Exteriores, el retiro de la compra de los aviones de guerra, y el hundimiento del proyecto de Ley 010 sobre la reforma de la salud, hay que acompañarlos con la exigencia de la renuncia del ministro del Interior y el de Defensa, por su responsabilidad en el tratamiento violento en el manejo del conflicto, que ha producido la tragedia de cerca de 50 muertos, más de 800 heridos, y muchos desaparecidos, además de los vejámenes y humillaciones que tuvieron que pagar muchas mujeres con su dignidad e integridad personal mancillada por el hecho de ejercer el derecho constitucional a la oposición democrática.
Los triunfos obtenidos hasta el momento no pueden hacernos olvidar el alto costo en vidas humanas que hemos tenido que pagar por los puntos fundamentales del Pliego Petitorio de Emergencia, desconocido olímpicamente por el gobierno nacional desde que se presentó, como la matrícula cero para los estudiantes, la renta básica para 10 millones de familias en pobreza extrema, el retiro del Decreto 1174 sobre reforma laboral y pensional contra los trabajadores jóvenes, y el tratamiento fraudulento y desordenado del Plan Nacional de Vacunación para adquirir la inmunidad de rebaño que había prometido el gobierno para fines de este año.
De inmediato hay que ponerse de acuerdo en lo prioritario y fundamental del momento: la exigencia terminante de las garantías democráticas para el ejercicio del derecho de oposición, con el respeto a la vida, a los derechos humanos, y el retiro del tratamiento de guerra contra el movimiento popular mediante la utilización criminal del Esmad para la disuasión de las manifestaciones populares, como si se tratara de un enemigo interno, calificando a los luchadores populares de vándalos y terroristas.
Hace falta, además, elaborar un plan de reformas estructurales fundamentales para el mediano plazo, que nos permita la sostenibilidad en el tiempo de las reformas democráticas que le hacen falta a la sociedad colombiana, teniendo en cuenta principalmente el desarrollo e implementación del acuerdo final de La Habana en la perspectiva programática para las elecciones de 2022.
No hay que servirle en bandeja de plata al gobierno nacional la oportunidad de justificar su mandato violento con el manido argumento de la autoridad, la seguridad y la conservación del orden público, sustentando la intimidación y el crimen en la constitución y la ley, con vistas a las elecciones del 2022.
Y como todo puede suceder con un gobierno ilegítimo, desprestigiado y débil ante la opinión pública, que se sostiene con la violencia y con la corrupción, y teniendo en cuenta el desarrollo y profundización de las contradicciones de clase de la sociedad colombiana, se puede estar cocinando entre bastidores una especie de golpe cívico militar con el aplazamiento de las elecciones del 2022, con argumentos constitucionales y legales como es de su naturaleza y proceder.
Ante este evento que puede llegar a suceder teniendo en cuenta la naturaleza de este gobierno, el movimiento popular y democrático tiene que estar preparado políticamente para responder en forma masiva y unitaria con la restauración moral y democrática de la republica, sin dejarse asustar por las amenazas de la dictadura pero estando preparados para enfrentarla con la lucha de masas.
En conclusión, podríamos resumir: unidad de acción política por la democracia; movilización de masas cada vez más amplia; dirección política unitaria; un programa de emergencia a corto plazo; y un programa de reformas estructurales democráticas a mediano plazo que lleve a la conquista de un gobierno progresista para el paso de la resistencia popular a la alternativa democrática.
