El fin próximo del Gobierno de Duque ha estimulado la lucha entre los candidatos que aspiran al primer cargo del ejecutivo, mismos que han reducido el debate a ataques personales y al lanzamiento de improperios, confundiendo el espacio argumentativo con una arena de justas, similares a las del medioevo, sobre todo por lo arcaico y violento de su accionar, secundados por un séquito de simpatizantes que pareciera no comprender que la política debe permanecer siempre abierta y dispuesta a trabajar por ganar campo frente al voto duro de la contraparte y conquistar el voto blando e indeciso que bien podría significar un aporte porcentualmente importante.
Bien se dice dentro del campo de la comunicación política que no es posible ser político si no se posee un ego lo suficientemente grande como para convencerse de poder opacar al contrincante, hasta aquí nada más alejado de la realidad.
Pero resulta injusto, para la estructura democrática que poseemos, que aquellos personajes que pretenden representar nuestros intereses no tengan en su cabeza, ni expongan en el debate las necesidades y exigencias del pueblo colombiano, sino que lo reduzcan a un enfrentamiento de egos que se extiende por dos horas y media en cada jornada. ¿Sería mucho pedir que soporten su inmensa autovalía con argumentos y propuestas incluyentes que estén aterrizadas a la realidad?
Colombia ha estado dividida por el odio y el rencor durante casi 212 años. Es momento de entender la contienda política desde la sana rivalidad, dejando de lado esa concepción del enemigo político, que resulta permeando los estadios sociales y arrastrando a la población a una constante actitud de intolerancia.
Aquí no aplican los proverbios que sugieren que “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”, o “quien no está conmigo, está contra mí”, es hora de parar esa visión errada y extremista de que en la arena política todo se reduce a los extremos sin posibilidad alguna de matizar la posición.
La disfuncionalidad en materia política que ha estado presente en Colombia a lo largo de su historia, aunado a la convocatoria personalista de los partidos políticos enmarcada en la concepción del otro como enemigo, ha llevado a los ciudadanos a tener una visión desesperanzadora frente a un modelo inclusivo de la política: La política colaborativa.
Pero ¿qué es la política colaborativa? Franco Llobera lo expuso, hace algunos años, en su artículo “Política colaborativa: las nuevas covalencias sociales” de una forma fácil de entender, además de ser moldeable al caso colombiano.
Llobera hace referencia a una levadura social -base social- que contribuirá a un nuevo tipo de pan, a una nueva política, pero para llegar a ella es necesario entendernos como una base ciudadana con necesidades y propuestas que surjan de un trabajo conjunto, dejando de lado el odio por las diferencias y construyendo un entramado que garantice el bienestar de la diversidad que nos edifica como sociedad.
La política colaborativa no pretende apartar al individuo de su identidad política, mucho menos homogeneizar la opinión y la crítica, por el contrario, recoge en sí misma el discurso que ha movido a la ciudadanía desde que se abrieron las puertas de la democracia: La representación de intereses como garantía de buen vivir.
Es momento de apelar a una política colaborativa que incentive al ciudadano de a pie a reconocerse como sujeto político y como parte de una base social diversa que lucha por el reconocimiento de una pluralidad.
La conciliación -sobria y coherente- de intereses, la dejación de actitudes guerreristas permeadas por el odio infundido por los intereses individuales de una clase política decadente, respaldaría el pilar constitucional que dicta que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo.
